Los grandes medios de comunicación de Colombia llevan en sus portadas y titulares un nombre, el de Mauricio Santoyo, general de la policía. El que fue principal asesor del expresidente Uribe, ha confesado ahora que ayudaba a un grupo paramilitar, acusado de masacres y asesinatos.
FRAN SEVILLA (Corresponsal de RNE en América Latina). La autoinculpación del general colombiano Mauricio Santoyo supone la confirmación de lo que muchos ya habían denunciado: la colaboración de militares y policías con los narcotraficantes y los paramilitares en Colombia. El general Santoyo, jefe de seguridad en el primer mandato del expresidente Álvaro Uribe, entre 2002 y 2005, ha reconocido en el proceso que se sigue contra él en Virginia (EE.UU.) que colaboró con recursos y material con los paramilitares de las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y con narcotraficantes a cambio de importantes cantidades de dinero. Las AUC son responsqables de miles de asesinatos de sindicalistas y líderes sociales.
Santos pide perdón por los crímenes que ha cometido el Estado contra las comunidades indígenas, cuyo territorio es campo de batalla entre el Ejército colombiano y los guerrilleros de las FARC. El presidente de Colombia intenta así rebajar la tensión tras los enfrentamientos entre soldados y nativos en el último mes.
En lo que va de año, 20 mujeres han sufrido ataques con ácido en Colombia. Muchas veces los agresores son sus parejas o exparejas. Las víctimas, que no reciben ayuda del Estado, tienen muchas dificultades para rehacer su vida. Para evitar este tipo de ataques decenas de mujeres se han concentrado frente al Congreso de Colombia. Piden a los diputados una ley mucho más dura porque hoy un agresor puede salir de la cárcel a los cuatro años. Se quiere subir la pena hasta los 20.
Brasil y Colombia están aumentando el uso y la investigación de bio-combustibles. Y eso que los dos son países ricos en recursos petrolíferos. Buscan energías limpias y no depender tanto del petróleo.
El Ejército y la Policía colombianos han reocupado la base de la que fueron expulsados por los indígenas en el departamento del Cauca. A cambio, el Gobierno ha accedido a iniciar un diálogo "al más alto nivel" el próximo lunes para buscar una solución a la crisis de violencia en esa región del suroeste del país, que ha dejado esta semana dos civiles muertos y unos 30 heridos.
