Según el PP son los Parlamentos autonómicos los que tienen que proponer un nuevo nombre para sustituir a un candidato que fue rechazado por los servicios jurídicos de la Cámara. El PSOE acusa a los populares de dilatar la el proceso porque ahora hay más magistrados propuestos por el PP de lo que le correspondería en la actualidad y que podrían oponerse a leyes recurridas como la del aborto.