A partir de hoy, cualquier ciudadano europeo que quiera irse a vivir en el Reino Unido necesitará un visado que certifique ciertos requisitos, como un nivel de inglés o un contrato de trabajo con una remuneración mínima. Hoy se cumplen exactamente seis meses desde que el Reino Unido perdió toda vinculación con la Unión Europea, una vez que se completó el acuerdo de transición posterior al Brexit y se ha ido implementando, de forma paulatina, la nueva relación que pactaron Londres y Bruselas. Nos cuenta más detalles nuestra corresponsal en la capital británica, Sara Alonso.
 

Hoy, 1 de julio, ha expirado ya el plazo para que los ciudadanos comunitarios puedan pedir el permiso para residir de forma permanente en Reino Unido y también se cumplen seis meses del final del periodo de transición que siguió al Brexit. En este tiempo, el comercio a uno y otro lado del Canal de la Mancha se reducía de forma considerable, cómo la frontera comercial en el mar de Irlanda, o los despliegues de buques de guerra frente a las costas de Normandía.

Greg Hands, secretario de Estado de Política Comercial del Reino Unido, ha estado toda la semana en España manteniendo contactos con Gobierno y agentes comerciales. “Hemos conseguido un excelente acuerdo comercial con la Unión, uno de los más amplios y profundos acuerdos de libre comercio de los negociados en todo el mundo”, ha mantenido en Las mañanas de RNE con Iñigo Alfonso. También ha explicado que el comercio cayó en enero como causa de las variantes del coronavirus, aunque ha admitido que no se han alcanzado “los niveles comerciales de antes” y ha indicado que trabajan para lograrlo. “Sé la importancia de mantener la paz en Irlanda del Norte, hay que preservar los acuerdos de Viernes Santo”, ha sostenido y ha denunciado que el 20% de los controles que realiza la Unión Europea en las fronteras exteriores de su mercado único, tiene lugar en el mar de Irlanda: “No es proporcional”.

Hoy se cumplen 6 meses desde la entrada en vigor del acuerdo comercial del Brexit. Esta fecha llega con dos titulares principales: la “guerra de las salchichas” queda en suspenso: la Unión Europea y el Reino Unido se han dado tres meses más para aplicar controles fronterizos en Irlanda del Norte a productos cárnicos refrigerados procedentes de Gran Bretaña; y la finalización del plazo para que los comunitarios soliciten el permiso para residir en el Reino Unido.

¿En qué consistía la guerra de las salchichas y cuál es el acuerdo al que se ha llegado? ¿Qué han dicho al otro lado del Canal de la Mancha? Con los corresponsales de Radio Nacional en Londres, Sara Alonso; en Bruselas, María Carou; en París, Paco Forjas; y en Berlín, Gabriel Herrero.

Hoy termina el plazo para que miles de europeos regularicen su situación en Reino Unido. Lo han solicitado 5,5 millones de comunitarios, pero hay estimaciones que dicen que miles de personas que podían haberlo pedido no lo han hecho.

Hay varias razones posibles: que no se hayan enterado o que no se den por afectados. Hay personas que llevan décadas y no entienden que la situación ha cambiado para ellos. Los mayores pueden tener más dificultades debido a la brecha digital. A las personas más vulnerables el Gobierno británico se lo va a solicitar y esperar su respuesta. Si no, estarán en situación irregular en el país. Los españoles y el resto de europeos ya no podrán irse libremente a trabajar a Reino Unido como hacían hasta ahora. Primero deberán informarse y comprobarán que ya no se puede ir y venir, se ha acabado la libertad de movimiento. Se debe solicitar una visa. Para concederla, se tiene en cuenta la formación, tener una oferta de empleo, un salario por encima de los 31.000 euros y cierto nivel de inglés.

La nacionalidad no importa, sino el perfil del migrante. Lo de ir a estudiar inglés y buscarse la vida ya no es viable. Hay visas especiales para perfiles necesarios como los sanitarios. Y es importante tenerlo claro y cumplir con esos trámites porque ya se han dado casos de españoles que lo desconocían y al llegar a Reino Unido les han detenido y expulsado. Todo esto es muy incipiente, ya que en el último año los viajes han estado muy limitados por la pandemia. Si bien ya han llegado algunos ciudadanos comunitarios al aeropuerto y las puertas solo estaban abiertas a residentes o personas con visa de trabajo, y se encontraban con un problema: una entrada ilegal en el país. Se han notificado casos de personas enviadas a centros de internamiento de inmigrantes a la espera de su deportación.

Sylvia Ordás, presidenta de la Coalición de españoles en Reino Unido, vive en Londres desde hace 23 años y ya ha conseguido su ‘settled status’, el estado de asentado imprescindible desde hoy para poder residir allí siendo extranjero. Silvia explica que el plazo extra de 28 días existe solo para personas vulnerables o con casos muy concretos, pero no se puede interpretar como un periodo adicional. “La libertad de movimiento ha terminado. Ya no se puede ir como antes. El Reino Unido en un tercer país y hay que informarse mucho antes de venir”. Ahora, dice, están intentando llegar a todos los españoles pero es complicado, porque hay mucha gente que no está registrada y que puede empezar a ser extranjero ilegal en territorio británico.

Hoy se cumplen cinco años del histórico momento en el que los británicos decidieron en referéndum dejar la Unión Europea. Luego vendrían las extenuantes negociaciones con Bruselas para soltar amarras el pasado 1 de enero.

Más de trescientos mil españoles han pedido la residencia para quedarse a trabajar o tener derecho a la sanidad pública. Pero una cifra similar de comunitarios no han hecho todavía el trámite. Londres les da ahora una prórroga de 28 días. Ya no hay libertad de movimiento y los ciudadanos comunitarios son inmigrantes.

Para trabajar se requiere una visa y cumplir requisitos estrictos. Para los que ya vivían allí antes del 31 de diciembre de 2020, pueden quedarse siempre que soliciten el asentamiento, el "settle status". Permite residir, trabajar y acceder a la sanidad pública. El plazo termina en una semana pero se estima que son miles los europeos que pudiendo haberlo solicitado, no lo han hecho. Una vez pasado el plazo podrían pasar a ser inmigrantes documentados de la noche a la mañana.

“Hay una gran complejidad en la zona, con singularidades sociales y del territorio y una situación complicada, con múltiples oportunidades que hay que coordinar”. Así ha definido en 24 horas de RNE Francisco González, delegado especial del estado en la Zona Franca de Cádiz, la situación en el Campo de Gibraltar. Ha sido concejal en el ayuntamiento de Cádiz, diputado provincial por el PSOE en la Diputación de Cádiz y encargado de la Delegación de Función Pública, Ordenación del territorio y Vivienda, y ha propuesto para la Zona Franca de Cádiz “medidas educativas, formativas, policiales y oportunidades”.

La Bahía está compuesta por cuatro núcleos urbanos: Algeciras, Los Barrios, San Roque y La Línea. Los dos más importantes son La Línea y Algeciras. José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras y senador de PP, ha reclamado al Gobierno que empiece a trabajar en la Zona de Especial Singularidad del Campo de Gibraltar y que se dote de más y mejores medios a las Fuerzas de Seguridad. “Nuestros jueces y fiscales no tienen mayor categoría por tener más trabajo y más peligrosidad, no es justo”, ha mantenido en 24 horas de RNE y ha añadido: “Es una de las ciudades más seguras de España y Europa, pero el narcotráfico existe, se mueven más de 100 toneladas de droga, está muy cerca de principal exportador de hachís, y hay que luchar con la dotación de más fuerzas de seguridad y vigilancia aduanera”. Helenio Lucas Fernández Parrado, primer teniente de alcalde La Línea, ha pedido un estatus especial para La Línea, similar al de Ceuta y Melilla, para sacar a la ciudad adelante y atraer la inversión. “Es una zona pacífica, vivimos tranquilamente y vamos sin escolta”, ha sostenido Fernández en 24 horas de RNE. “La Universidad está implicada en los proyectos, también deben estarlo la Junta y el Estado para formar a los jóvenes y dotarlos de lugares donde colocarse laboralmente. Necesitamos infraestructuras, inversiones y que se complemente la debilidad que producirá el Brexit”, ha explicado González.

El Parlamento y los principales partidos de Irlanda del Norte han hecho un llamamiento a la moderación para intentar frenar la escalada de disturbios que llevan repitiéndose desde hace casi una semana entre decenas de personas y la policía y que este miércoles provocaron el incendio de un autobús. Los detenidos son adolescentes o postadolescentes que no vivieron el conflicto del Ulster y que ni siquiera habían nacido cuando se firmó el Acuerdo de Paz de Viernes Santo hace 23 años. Además de las tensiones comunitarias entre unionistas y separatistas que no han acabado de disiparse, los detonantes de los disturbios han sido, por un lado, que no se haya procesado a los que asistieron, rompiendo el confinamiento, a un funeral multitudinario por un miembro del IRA, el malestar que ha generado en una parte de los norirlandeses los controles impuestos en el mar de Irlanda tras el Brexit.

Las autoridades norirlandesas han tenido que pedir al personal que abandone las aduanas de los principales puertos ante las amenazas recibidas. Todo tiene que ver con el Brexit y el establecimiento de fronteras en Irlanda del Norte. Desde hace un mes hay controles entre la UE y Reino Unido, y el caso de Irlanda del Norte es particular porque es la única frontera terrestre con el bloque comunitario y no es una frontera cualquiera, porque ha sido escenario de décadas de conflicto.

De ahí que para evitar que se reaviven las tensiones, para no poner en peligro la paz en la isla de Irlanda, se llegó a una solución que pasa por que Irlanda del Norte siga en el mercado común y que los controles se realicen a las mercancías que circulan entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña, dentro de su mercado interno.

Los problemas se dejaron sentir enseguida. La burocracia lleva a retrasos, hay estanterías vacías en los supermercados, las empresas han visto complicaciones y porque además hay tensiones comunitarias que siguen ahí. Hasta el punto de que las autoridades locales han suspendido esos controles por la seguridad de los empleados de aduanas, que han sido señalados como objetivo por parte de grupos unionistas que ven cómo esa barrera en el mar de Irlanda hace que Londres esté un poco más lejos y teman el fantasma de la reunificación.

Raúl es uno de los 8.000 transportistas españoles que hacen la ruta por carretera hasta suelo británico. Nuestro compañero Antonio Delgado se ha subido en su camión para acompañarle durante una semana en su primer viaje a Reino Unido desde que el país salió definitivamente de la Unión Europea. Casi 4.000 kilómetros de un periplo, ya de por sí duro, que se ha complicado aún más por los trámites que exige la nueva situación. ¿Permitirá la burocracia del Brexit que Raúl cumpla su trabajo? Lo comprobamos en este trabajo de Antonio Delgado y Juan Morello.