De los casi 1.000 millones de euros cuyo cobro Hacienda retrasa hasta 2015, la mitad corresponde a las Comunidades. El IVA de caja permite a pymes y autónomos diferir ese pago hasta que haya cobrado las facturas, cuando antes era obligatorio desde el momento en que se emitían. Podrán acogerse las pymes con un volumen de negocio inferior a los dos millones de euros. La patronal pide ampliar esa cantidad pero el gobierno afirma que es el límite que marca Bruselas.