Entrará en vigor el próximo 5 de julio. Los decretos fijan los requisitos que deberán cumplir las clínicas abortivas tanto públicas como privadas. Serán las Comunidades Autónomas las que controlen que cumplan la ley. Los centros tendrán 4 meses para adaptarse a la nueva norma, que, además, garantiza que todas las mujeres que lo deseen puedan abortar en las mismas condiciones independientemente del lugar en el que vivan. Las jóvenes de 16 y 17 años que decidan abortar deberán acreditar que han informado por lo menos a uno de sus progenitores, excepto cuando les suponga un grave conflicto.