- Una movilización no es el equivalente a huelga, pero puede serlo, dice UGT
- Toxo y Alvarez rechazan "de plano" el ajuste que Bruselas pide a España
- Piden políticas dirigidas a las personas y a la recuperación de derechos
- UGT ve clave un 'plan de choque' por el empleo para jóvenes y mayores de 50
- El sindicato reclama debatir en el Congreso la iniciativa legislativa popular
- También un nuevo contrato social e invertir en protección social y seguridad económica
Entrevistado en “La Noche en 24H”, José María Álvarez, secretario general del sindicato UGT ha afirmado: “El electorado ha votado cambio. Quieren menos recortes y un cambio que revierta las libertades públicas (…) Si algo ha faltado en estos cuatro años ha sido el diálogo. Esto tiene que ver con la cultura de la mayoría absoluta”.
Álvarez ha defendido una “derogación total” de la reforma laboral. Según el dirigente sindical, “la sociedad quiere cambios”, y “UGT será un agente que los facilite”. Sobre las pensiones, “se está generando una incertidumbre innecesaria”, opina, y reclama “medidas en el corto plazo”. Entre ellas, costear las pensiones a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y no de la Seguridad Social. Álvarez ha defendido una redistribución de las cargas fiscales hacia las rentas más altas y subraya: “No somos un país que gasta mucho, sino un país que ingresa poco”. En este sentido, el líder sindical ha afirmado que “con los salarios actuales no se va a poder mantener la seguridad Social”. El secretario de UGT anuncia una legislatura en la “que habrá movilizaciones”. Según Álvarez, “esta país genera riqueza y ha llegado el momento de que se reparta”. También ha criticado la negociación colectiva “de empresa”, como causa de precariedad laboral, sobre la “sectorial”, más protectora con los empleados de subcontratas. “El convenio de empresa está reventando las condiciones” laborales, insiste.
Álvarez también ha reconocido la necesidad de que las organizaciones sindicales recuperen “prestigio” ante la sociedad.
- Denuncia que son "el mayor componente de la precarización laboral"
- El sindicato insiste en que se deroguen las dos reformas laborales
- De 2007 a 2015 la duración de los contratos de obra se ha reducido en 40 días
- CC.OO. y UGT subrayan la estacionalidad por la buena temporada turística
- La CEOE destaca el impulso del sector privado en la creación de empleo
- Propone eliminar las bonificaciones a la contratación a las que se destinan 3.700 millones
- La Seguridad Social debería dejar de financiar al Ministerio de Empleo
- Aboga por eliminar la base máxima de cotización para ingresar 7.735 millones más
- Gobierno, patronal y sindicatos van a crear una comisión de expertos para estudiar la sentencia del TJUE
- Esta comisión trabajará durante un mes desde el momento en el que se cree
- 178 diputados de PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC y PDC lo apoyan
- El Gobierno en funciones puede frenar la proposición de ley
- Plantean una revalorización mínima de las pensiones del 1,2%
- Denuncian los contratos basura, los bajos salarios y la precariedad
- Tres de cada cinco trabajadores parciales preferirían trabajar toda la jornada
- Según sus datos, la duración ha pasado de 78,6 días en 2007 a 53,4 días en 2015
- Pide fijar topes específicos al encadenamiento de contratos inferiores a 7 días
- "Los contratos temporales cada vez son más temporales", asegura el sindicato
El fallo del Tribunal europeo ha dado la razón a una trabajadora interina que según la legislación española, no tiene derecho a cobrar una compensación cuando acaba el contrato.
- Convocan concentraciones para el 15 y 20 de septiembre para que se cancelen las negociaciones del TTIP
- Alertan a los trabajadores de los "riesgos" que para los derechos laborales representa ese acuerdo
José María Álvarez ha afirmado que en estos momentos si la sociedad civil tuviera un papel posiblemente ayudara y echa de menos un debate sobre contenidos. El secretario general de UGT opina que los ciudadanos quieren un programa de Gobierno que no sea de un solo partido y se ha manifestado contrario al manifiesto firmado por exministros socialistas. Álvarez ha dicho que los problemas políticos no los tiene que solucionar la corona, que el rey tiene un papel de árbitro y no de partícipe. El lider sindical es partidario de derogar las reformas laborales y de sustituirlas por un acuerod con la CEOE. Sobre las pensiones, Álvarez ha manifestado que hay que restaurar el Pacto de Toledo y cree que en el futuro tendremos que hablar cómo los jóvenes van a llegar a tener pensión (22/07/16).
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, espera del Gobierno que se constituya que se ponga a trabajar en relación con los problemas que en este momento tienen los ciudadanos, sobre todo la lucha contra el desempleo, la pobreza y la exclusión social, además de cambiar la normativa laboral. Sobre la elección de Ana Pastor como presidenta del Congreso, dice tener una "gran opinión" de ella. "Creo que es una mujer con muchas cualidades para dirigir el Congreso de los Diputados en unos momentos en los que, con toda seguridad, la negociación, el diálogo y el entendimiento van a ser necesarios. Desde ese punto de vista, creo que tiene un buen perfil", afirma el sindicalista, que considera una "buena noticia" que se hable de derogar la reforma laboral "completa o parcialmente" (19/07/16).
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, explica en Las mañanas de RNE que "la socialdemocracia en Europa tiene que renovarse". En este sentido, considera que el movimiento que hay en estos momentos en Francia puede ayudar bastante. "Queremos que los partidos lean nuestras propuestas", dice el sindicalista, que denuncia que en estos días se hable poco de lo que pretende hacer cada partido. Asegura que España está generando riqueza, pero el problema es cómo se reparte. Reitera su apuesta por la derogación de la reforma laboral. Sobre Cataluña, entiende que sin diálogo no hay solución (08/06/16).
- Si las minas no cierran, el Gobierno debe recuperar las ayudas concedidas
- UGT acusa al Ejecutivo de pactar el "cierre total" del carbón en España
- La Iniciativa Legislativa Popular pide esa renta para ciudadanos sin recursos
- Los sindicatos esperan que la ILP se apruebe en la próxima legislatura
- Calculan que serían necesarios 11.000 euros al año, el 1% del PIB
Los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Alvarez, han presentado en el Congreso más de 700.000 firmas para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con el fin de conseguir una renta mínima de 426 euros para dos millones de familias sin recursos o que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. Toxo y Alvarez han aclarado que la prestación sería compatible con otras que ofrecern las comunidades autónomas o los ayuntamientos y denuncian las "lagunas" de protección social en España, que ha caído a "mínimos históricos", de forma que menos de una de cada dos personas en desempleo percibe algún tipo de prestación económica en la actualidad. A esto se suma "el paro de larga duración, la ausencia de perspectivas de empleos para la gente más joven, de mediana edad y mayor". Esta renta se configuraría como un derecho subjetivo, estaría financiada vía impuestos a través de los Presupuestos Generales del Estado y el presupuesto anual necesario serían unos 11.000 millones de euros, el 1% del PIB.
UGT denuncia que la mitad de los contratos indefinidos de apoyo a los emprendedores no supera el año
- Esa modalidad de contrato está vigente desde la reforma laboral de 2012
- Da incentivos a pymes para fomentar la contratación indefinida
- Pero incluye un año de prueba sin indemnización que lo convierte en temporal
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una denuncia ante el Juzgado Decano de Instrucción de Badajoz para que se investigue un "posible fraude" en la concesión de subvenciones, por importe de 2,4 millones de euros, a la patronal extremeña (CREEX) y los sindicatos UGT y CC.OO. para cursos de formación. Según ha informado la Fiscalía en una nota, se han detectado "irregularidades" diversas al existir discrepancias y distorsiones entre los gastos justificados ante la Administración documentalmente, a efectos del cobro de las ayudas, y la realidad del importe realmente pagado como costes de actividad, "siendo los primeros muy superiores a estos últimos". Estos hechos, indica, pudieran ser constitutivos de delitos de fraude de subvenciones y falsedad documental continuada dada su naturaleza y cuantía.