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El fiscal Alberto Nisman, que fue hallado muerto el pasado domingo en su domicilio, acusaba directamente a la presidenta argentina, Cristina Fernández, de decidir la "articulación de un plan criminarl de impunidad" para los supuestos autores del atentado contra el centro judío en Buenos Aires en 1994. Así se desprende de la denuncia que Nisman había redactado y que se ha hecho pública íntegramente este martes.

Las autoridades continúan investigando la muerte de Nisman y apuntan a un posible suicidio, aunque en su mano no se han encontrado huellas de pólvora. 

El atentado con coche bomba contra la sede de la Asociación Mutual Israelíta-Argentina (AMIA), un centro judío de Buenos Aires, causó 85 muertos y 300 heridos. Se trata del mayor atentado terrorista cometido en Argentina. En 2007, Interpol dictó orden de arresto contra cinco ciudadanos iraníes como principales sospechosos. Irán siempre ha negado cualquier implicación.

La demanda alcanza también a un diputado oficialista, varios militantes del Partido Justicialista y al exfiscal del caso, así como a un supuesto espía al que Nisman llama "Ramón Allan Héctor Bogado", entre otros. Además, el fiscal había pedido "determinar el rol exacto" de otras personas, como el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

En Barcelona, los condenados por lesiones a un agente de la Guardia Urbana durante un desalojo hace ya 9 años, piden que se reabra la investigación. 

El caso está de actualidad tras la emisión en la televisión autonómica catalana de un documental que pone en duda la actuación policial y judicial. La Fiscalía ya dijo el lunes que no se revisará el caso.

El incidente de tráfico de la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha sido archivado. Según el juez, no ha quedado acreditada la versión de los agentes de movilidad sobre qué sucedió en la Gran Vía de Madrid en abril de 2014 cuando Aguirre aparcó su vehículo en el carril bus.

El exdirigente etarra Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros, pasará este martes a disposición del juez Fernando Andreu para declarar en relación a los dos atentados de ETA por los que se le detuvo este lunes después de su excarcelación el 4 de diciembre por orden de la Audiencia Nacional.

Santi Potros ya ha llegado a la Audiencia Nacional para comparecer ante Andreu y el fiscal, quien le informará sobre las dos causas pendientes y le preguntará si quiere declarar por esos hechos, tras lo cual presumiblemente pedirá su ingreso en prisión preventiva, al haber sido la Fiscalía la que pidió al juez su detención.

El histórico dirigente etarra fue detenido este lunes en Lasarte (Guipúzcoa) por su presunta implicación en el atentado contra el que fue fiscal general del Estado Luis Antonio Burón Barba en 1986 y la muerte por un coche bomba de Juan Fructuoso Gómez, un año después.

La Audiencia Nacional dejó en libertad el pasado 4 de diciembre al etarra en virtud a una normativa europea de acumulación de condenas, por la cual se le rebajaba su estancia en prisión teniendo en cuenta el tiempo de pena cumplido en Francia, una excarcelación que ha sido recurrido por la Fiscalía ante el Tribunal Supremo. 

Miles de personas se han concentrado este lunes en la Plaza de Mayo de Buenos Aires para exigir una investigación exhaustiva sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, convocada por redes sociales con la etiqueta "#YoSoyNisman" en la que los argentinos han expresado su conmoción por este caso. 

La fiscal del caso, Viviana Fein, ha asegurado que investigará si la muerte del fiscal, se debió a un "suicidio inducido". Nisman investigaba la causa AMIA, el mayor atentado perpetrado contra los intereses judíos en Argentina, y la pasada semana denunció a la presidenta Cristina Fernández por presuntamente encubrir a Irán.

También han tenido lugar movilizaciones en las principales ciudades del país para reclamar la verdad y pedir justicia y han vuelto a hacer sonar su cacerolas contra el Gobierno de Fernández.

Un tribunal penal ha condenado este lunes al exjefe de la extinta Policia Nacional de Colombia, Pedro García Arredondo, a 90 años de prisión por el asesinato de 37 personas quemadas el 31 de enero de 1980 en el incendio de la embajada de España en Guatemala.

El acusado "utilizó los medios para asegurarse de la muerte de quienes se encontraban dentro de la embajada", ha expresado el Tribunal B de Mayor Riesgo durante la lectura de la sentencia, en la tarde de este lunes.

Con esta decisión, el tribunal penal valida las conclusiones del Ministerio Público (MP) en el debate oral y público, en las que describieron la tragedia como "una operación policial clandestina", ejecutada por la PN, que "evitó el ingresó de la Cruz Roja, los cuerpos de socorro y periodistas" a la representación consular.