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El fiscal argentino Alberto Nisman, que denunció a la presidenta Cristina Fernández por presuntamente encubrir a Irán en la investigación de un atentado terrorista, ha sido hallado muerto en su vivienda de Buenos Aires en circunstancias aún por aclarar, según han informado a Efe fuentes judiciales y recoge la prensa argentina.

Nisman, de 51 años, ha sido encontrado muerto en su apartamento del barrio porteño de Puerto Madero, según las mismas fuentes.

El atentado con coche bomba contra la sede de la Asociación Mutual Israelíta-Argentina (AMIA), un centro judío de Buenos Aires, causó 85 muertos y 300 heridos. Se trata del mayor atentado terrorista cometido en Argentina. En 2007, Interpol dictó orden de arresto contra cinco ciudadanos iraníes como principales sospechosos. Irán siempre ha negado cualquier implicación.

La semana pasada, Nisman acusó a Fernández y al ministro de Exteriores, Héctor Timerman, así como a varias personas de su entorno de conspirar para enterrar la investigación criminal como paso para normalizar las relaciones con Teherán y que Argentina pudiera obtener petróleo en condiciones ventajosas.

La Fiscalía Anticorrupción ha dado a conocer las penas que solicita para los imputados en el 'caso Gürtel' en el escrito de acusación de la pieza correspondiente a la "primera época" de la trama. Pide casi 110 años de cárcel para Francisco Correa, considerado el cerebro de la trama de corrupción. Para el extesorero del PP, Luis Bárcenas, solicita 42 años de prisión. En el escrito, la Fiscalía pide que se mantengan en el proceso al PP y Ana Mato porque considera que se beneficiaron a tíuto lucartivo de la trama.

Los alumnos a partir de tercero de la ESO, que se cursa con 14 años, o en cursos superiores, podrán dejar de asistir a clase para protestar sin necesidad de una autorización de sus padres.

El Tribunal Supremo ha dado la razón en una sentencia a la confederación de padres y madres y alumnos valenciana "Gonzalo Anaya". Esta organización interpuso un recurso en 2012 contra un decreto educativo de la Generalitat Valenciana en 2008  y que exigía esa autorización paterna.