En los juzgados de Orihuela empiezan a declarar a los implicados en la operación Brugal que investiga presuntas irregularidades en la contrata de los servicios de basuras de la Vega Baja alicantina.
Hace una semana la utilizó para impedir que esa empresa vendiera a Telefónica su paquete de acciones en la operadora brasileña VIVO. El gobierno de Lisboa acaba de mostrar su disconformidad y dice que buscará soluciones dentro del derecho comunitario.
Intentamos aclarar algunas cosas respecto a la operación contra la corrupción política desarrollada en Alicante y que supuso la detención, o arresto, de once personas. Hay muchas dudas sobre el procedimiento utilizado por la policía. E, incluso, ha habido notas contradictorias entre ésta y el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. El caso es que cinco de los detenidos, o arrestados, entre ellos el presidente de la Diputación de Alicante, Jose Joaquín Ripoll, va a psarse mañana por el juzgado número tres de Orihuela, Alicante. La policía le entregó una citación, pero el juez dice que esa citación no es suya. Así que está por saber si mañana el magistrado tomará o no declaración a estas cinco personas. Intentamos arrojar algo de luz a todo este asunto con la ayuda de Ernesto Pedra Penalva, catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Valladolid (7/07/2010).
- La condena, dos años menor a la pedida por el fiscal y las acusaciones
- La sentencia cuenta con el voto particular discrepante de un magistrado
- Dice que en la agresión era "impensable" el resultado lesivo
Han comenzado a declarar en Vilagarcia de Arousa (Pontevedra) los 14 detenidos en la 'Operación Repesca'. El juez investiga si formaban una red que blanqueaba dinero del narcotráfico. La mayor parte de los arrestados forman parte, presuntamente, del clan de los Charlines. (07/07/10)
En Francia, la fiscalía va a investigar una presunta financiación ilegal de la campaña que llevó a Nicolas Sarkozy a la Presidencia. La ex contable de L'Oreal ha acusado al actual ministro de Trabajo de recibir 150mil euros del grupo empresarial. Parte de ese dinero procedía de cuentas suizas.
El Partido Popular asegura que las detenciones se hicieron sin orden judicial, y acusa al Ministerio del Interior de haberlas ordenado. Su secretario de comunicación le pide explicaciones y asegura que se trata de una operación policial que busca hacer publicidad a favor del Gobierno en vísperas del debate sobre el estado de la nación.
Sobre la forma en la que se produjeron las detenciones de ayer hay polémica y también confusión. Sobre todo en un aspecto: si hubo o no conocimiento o autorización judicial previos a las detenciones. El juez dice que no, pero otras fuentes de la investigación aseguran que existe un auto judicial en el que se autorizaron los registros y se detalla cómo proceder en caso de las detenciones.'La investigación judicial sobre este caso que empezo hace casi 3 años sigue bajo secreto sumarial.
- La constructora propuso a Loizaga como consejero de la eléctrica
- ACS planea aumentar su participación hasta el 20%
- Estudiará caso por caso los abortos practicados en la clínica
- Se solicitará el archivo en los supuestos que ahora serían legales
Ver también: Preguntas sobre el aborto/ La nueva ley/ Antigua ley
- Los magistrados han recordado que no se puede condenar sin pruebas
- La ministra de Igualdad lo ha calificado de "hecho aislado"
- Es el ex portavoz de UM en el Parlament balear y ex conseller de Territorio
- Cumplirá la condena de 3 años de cárcel por el "caso Son Oms"
- Pagó 12.020 euros por un informe plagiado sobre el valor del suelo
El dictador argentino Jorge Videla ha asumido su responsabilidad en la represión desatada durante el último gobierno de facto (1976-1983), al declarar en la segunda audiencia del juicio oral y público que se sigue en su contra por delitos de lesa humanidad.
- El ex dictador argentino: "Los subordinados se limitaron a cumplir órdenes"
- Está acusado de ordenar el fusilamiento de 32 presos políticos
- Dicta libertad condicionada al pago de la fianza en 72 horas
- Queda libre sin pasaporte el empresario Kamal Dorai
- Ha encargado tres auditorías externas sobre la tramitación urbanística del hotel
- En una semana definirá la lista de comparecientes y el calendario
- Afirma que la presidenta de la Comunidad de Madrid actúa de "mala fe"
- Sentencias anteriores han declarado "ilegales" servicios mínimos del 50%
- El veredicto ha sido adoptado por unanimidad del jurado
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