El Supremo confirma la sentencia que condenó a dos miembros de 'La Manada' por hacer fotos y grabar vídeos de la violación a una joven en los San Fermines de 2016. El alto tribunal rechaza así el recurso de la defensa y confirma su condena a 3 años y 3 meses de prisión y 5.670 euros de multa. Informa Félix Torcal.
El Tribunal Supremo ha inadmitido las 20 querellas y 30 denuncias presentadas durante la pandemia contra el Gobierno por su gestión durante la crisis de la COVID-19 al considerar que "no está debidamente justificada" la autoría de los hechos que se atribuyen a los miembros del Ejecutivo. Sin embargo, ha acordado remitirlas a los juzgados para que se incoen las causas penales que correspondan o se acumulen a las que ya están siendo o han sido tramitadas.
En especial, pide a los juzgados ordinarios en investigar las muertes en residencias de la tercera edad, "en la eventual omisión de las medidas de seguridad que se brindaron a los profesionales sanitarios o a los policías", y sobre una posible malversación de fondos públicos en la contratación de materiales fallidos o fraudulentos para combatir la pandemia.
La sala de lo Penal del Tribunal Supremo cree que los juzgados ordinarios deben investigar las querellas y denuncias relacionadas con las muertes de ancianos en residencias, la falta de suministro de material de protección para colectivos sensibles y la compra de material fallido. En contra del criterio de la Fiscalía, el Supremo cree que se deben investigar posibles responsabilidades penales. En cambio, rechaza admitir a trámite 20 querellas y 30 denuncias que afectaban a varios miembros del Gobierno por su gestión de la crisis de la COVID-19 al considera que no justifican debidamente la autoría de delitos.
El Tribunal Supremo revisa este martes la sentencia que condenó a prisión permanente revisable a Ana Julia Quezada por el asesinato del niño Gabriel Cruz, cometido en febrero de 2018, en Rodálquilar (Almería).
Cinco magistrados de la Sala de lo Penal se reúnen a primera hora a puerta cerrada para estudiar los recursos contra la sentencia, que supuso la primera condena a prisión permanente a una mujer.
Los hechos sucedieron en febrero de 2018, cuando el niño pasaba unos días en casa de su abuela en Las Hortichuelas Bajas, en Níjar (Almería).
Foto: RICARDO GARCÍA / EFE.
Primeras palabras de Arnaldo Otegi tras la decisión del Supremo de repetir el juicio contra él por la reconstrucción de la ilegalizada Batasuna. El líder de EH Bildu asegura que, con la decisión del Supremo, se quiere criminalizar a una izquierda independentista vasca cada vez más influyente, y que hay una operación para desestabilizar el actual escenario político.
El Gobierno le responde que los Tribunales actúan conforme a la ley y no para criminalizar a nadie. Foto: JAVIER ETXEZARRETA/EFE
El Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad repetir en la Audiencia Nacional el juicio contra el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, por el 'caso Bateragune', después de que anulase su condena a seis años de prisión el pasado 31 de julio. Lo ha hecho coincidiendo con la petición de la Fiscalía y en cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que consideró vulnerado el derecho a un juez imparcial de Arnaldo Otegui y de los restantes condenados.
Los fiscales investigan esta regularización como parte de unas diligencias más amplias y si los fondos que han aflorado, son todos los que permanecían ocultos. Como explican fuentes fiscales a Radio Nacional, no quiere decir que el alcance penal se detenga por haber saltado su deuda con Hacienda. Informa Teresa Coto.
El Tribunal reconoce la posibilidad de eliminar de un buscador contenidos localizados a partir de los dos apellidos. El Alto Tribunal analiza el caso concreto de una persona que pidió a Microsoft eliminar del buscador Bing todas las búsquedas relacionadas con su nombre completo y las que incluían solos sus dos apellidos. La compañía, la agencia de protección de datos y la Audiencia Nacional lo rechazaron al considerar que las personas se designan con nombre y apellido. Ahora, el Tribunal Supremo recuerda que el derecho al olvido es un derecho fundamental, recogido en la norma europea de protección de datos personales y no resulta razonable, según los jueces, someterlo a la normativa de cada país. Informa Araceli Sánchez.
Los peritos de la Agencia Tributaria ha entregado ya a la Fiscalía del Tribunal Supremo el informe en el que corroboran que Juan Carlos I ha saldado su deuda con Hacienda por unas donaciones que, según fuentes cercanas al emérito, ascenderían a 800.000 euros y procederían de un empresario mexicano amigo suyo. Entretanto, hay otras dos investigaciones en la Fiscalía del Tribunal Supremo por las comisiones del AVE a La Meca y una presunta cuenta opaca en la isla de Jersey.
En Estados Unidos, Donald Trump se resiste a facilitar el camino a la Casa Blanca al presidente electo, Joe Biden. Este martes, el fiscal general de Texas recurre al Tribunal Supremo, justo cuando se acaba el plazo para impugnar los resultados.
La expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa han reingresado en prisión este viernes para cumplir sus condenas en segundo grado, una vez que el Tribunal Supremo ha revocado la semilibertad a los nueve presos del procés. Forcadell ha llegado hacia las 20.50 horas al centro penitenciario de Wad-Ras, donde un grupo de independentistas, entre ellos el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y el presidente del Parlament, Roger Torrent, se han concentrado a las puertas de la cárcel para mostrarle su apoyo. Mientras que Bassa lo ha hecho en torno las 20.30 horas en la cárcel de Puig de les Bases en Figueres (Girona) arropada por manifestantes independentistas e integrantes del actual Govern. Unicamente Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa mantenían hasta ahora su tercer grado -por el que únicamente iban a dormir a la cárcel de lunes a jueves-, ya que su juzgado de vigilancia penitenciaria no lo suspendió cautelarmente a la espera de que el Supremo se pronunciara sobre los recursos de las partes, a diferencia de lo que ocurría con los presos de Lledoners, a los que sí se dejó sin efecto su semilibertad a finales de julio pasado.
