La Fiscalía del Tribunal Supremo pide el archivo de todas las querellas contra el Gobierno por la gestión del coronavirus. Son una veintena y en ellas se acusa al Ejecutivo de homicidio, prevaricación o lesiones, entre otros delitos. La Fiscalía considera que no hay fundamentos suficientes para admitirlas.
La Fiscalía solicita al Tribunal Supremo que no admita a trámite la veintena de querellas contra miembros del Gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus. En una escueta nota que ha remitido el Ministerio Público, ha explicado que, después de estudiar de forma individualizada las querellas que afectan fundamentalmente al Presidente del Gobierno y al Ministro Sanidad, ha llegado a la conclusión de que esa gestión no constituye los delitos denunciados. Se trata de delitos como prevaricación administrativa, delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo, omisión del deber de socorro, homicidios o lesiones imprudentes. Entre esas querellas está la de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos que denunció la distribución de mascarillas defectuosas entre los sanitarios, o la de la Asociación de Guardias Civiles por no incluir a este cuerpo entre los colectivos de riesgo de contagio. Otros querellantes son Vox, la Asociación de Abogados Cristianos o Hazte Oir, vinculada a la extrema derecha. Informa Teresa Coto.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha vuelto a pedir a los partidos políticos que se pongan de acuerdo para renovar “sin más dilaciones” el órgano de gobierno de los jueces. Durante la ceremonia apertura del año judicial, Lesmes ha reclamado un acuerdo inmediato para cumplir con la Constitución “y no dañar más el trabajo de los jueces”.
Cataluña arranca este nuevo curso político sin calendario electoral y con el president Quim Torra lanzando un aviso a navegantes: sugiere que desobedecerá si el Tribunal Supremo lo inhabilita y pide a los partidos independentistas que no invistan a ningún otro candidato. Además, da por amortizada la mesa de diálogo si no es para negociar la autodeterminación y la amnistía.
El abogado de Juan Carlos ha señalado que el rey emérito “permanecerá a disposición del ministerio fiscal para cualquier trámite que considere oportuno”.
La fiscalía del Tribunal Supremo está esperando la segunda parte de la información requerida a la fiscalía suiza para mover ficha. El ministerio público trata de determinar si Juan Carlos pudo cometer un presunto delito de blanqueo de capitales por intentar ocultar el supuesto origen ilícito del dinero y un presunto delito fiscal por no declarar a Hacienda dichos ingresos, siempre a partir de 2014, cuando Juan Carlos I abdicó y perdió la inviolabilidad. Si la fiscalía apreciase indicios de delito, procedería contra él ante la sala segunda del alto tribunal donde está aforado.
Según la investigación del país helvético, Juan Carlos tenía 65 millones de euros en una cuenta en suiza a nombre de una fundación panameña cuyo primer beneficiario era él. La investigación desveló que el dinero procedía de donaciones del rey de Arabia Saudí, que entre 2008 y 2012 don Juan Carlos hizo retiradas de la cuenta de más de 100 mil euros al mes y que, posteriormente, transfirió ese dinero a una cuenta en las Bahamas a nombre de Corinna Larsen. Informa Araceli Sánchez.
El Supremo anula la setencia de 2012 que condenó a Otegi y otras cuatro personas a penas de entre seis años y seis años y medio de prisión por un delito de pertenencia a organización terrorista en el caso Bateragune, referido a la reconstrucción de la dirección de la ilegalizada Batasuna. Con esta anulación la inhabilitación que seguía pesando sobre Arnaldo Otegi queda sin efecto. En redes sociales ha reaccionado a esta noticia afirmando que "recordar que no existe Justicia independiente en el Estado español" y que su encarcelamiento "fue una operación contra la paz en Euskal Herria".
Arnaldo Otegi y los otros cuatro condenados por intentar reconstruir la antigua Batasuna, van reclamar una indenmización al Estado, después de que ayer el Supremo anulara la sentencia siguiendo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condenó a España al considerar que la juez del caso no había sido imparcial.
El Tribunal Supremo ha anulado la sentencia del 'caso Bateragune', que impuso en 2012 una pena de seis años y medio de cárcel y diez de inhabilitación al actual coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y condenó también a otros dos acusados por pertenecer a ETA. El criterio del Supremo tiene en cuenta la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a España en 2018 por parcialidad de una jueza.
