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  • El presidente del órgano fiscalizador explica en el Congreso su último informe
  • Cs está entre los partidos que no recibieron el visto bueno a sus cuentas en 2015
  • Confirma que unas donaciones en especie por 14.000 euros a Cs son sancionables
  • Ve contratos "incomprensibles" en los partidos, pero no sabe si son cajas B
  • También se ordena embargar los inmuebles de tres exconsejeros y un alto cargo
  • En total, suman 2,33 millones que permiten completar la fianza de 5,27 millones 
  • Otros 2,9 millones aportados por la ANC habían sido ya abonados en efectivo
  • La medida es preventiva y no se hará efectiva hasta que no haya sentencia firme
  • Mas denuncia una persecución para incluirles "en el proceso penal del 1-O"

El Ministerio de Hacienda ha dirigido un escrito de 23 páginas a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, en el que denuncia la utilización de dinero público en el referéndum ilegal de independencia que tuvo lugar el pasado 1 de octubre en Cataluña, y le pide que determine cuánto dinero del erario público emplearon tanto a través del Ejecutivo catalán como de las asociaciones ANC y Òmnium.

El expresident Artur Mas ha señalado que ni él ni los exconsellers y resto de responsables políticos no podrán pagar de su bolsillo los 5,2 millones de euros de fianza que les impone el Tribunal de Cuentas por la organización y celebración de la consulta soberanista ilegal del 9N de 2014, por lo que han pedido aportaciones a la caja de solidaridad.

Ha subrayado que "mucha gente ha tomado conciencia" de que estos acusados dieron "la cara" para poder celebrar una consulta en la que participaron 2,3 millones de catalanes, por lo que "no tiene sentido que nueve lo perdamos todo" y que "el resto no haga un muy pequeño esfuerzo" para poder hacer frente a la fianza.

El Tribunal de Cuentas ha citado el próximo 25 de septiembre a una decena de altos cargos del Govern, entre ellos el expresidente Artur Mas, para que abonen una fianza de en torno a 5 millones por el gasto de dinero público destinado a la consulta del 9N.Entre los once ex altos cargos citados, según fuentes próximas a los implicados, están también los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, que fueron condenados por la celebración de la consulta en 2014. En el caso de que no abonen las cantidades que el tribunal les reclame, podrá procederse al embargo de los bienes de los investigados en esta causa.