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Juana Rivas, la vecina de Maracena (Granada) que permanece ilocalizable desde que hace tres semanas incumplió la orden de entregar a sus hijos al padre, Francesco Arcuri, buscará en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) la protección a los dos menores que cree que no le ha dado España.
El recurso al tribunal de Estrasburgo que han anunciado hoy su letrada, María Castillo, y su asesora y directora de Igualdad del Centro de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, se formalizará después de conocer que el Tribunal Constitucional (TC), su última opción en la jurisdicción española, no ha admitido el recurso de amparo que presentó el pasado 10 de julio.
Esta mujer, que se trasladó a España en 2016 y denunció ser víctima de maltrato, permanece ilocalizable desde que, hace hoy tres semanas, incumplió la sentencia que la obliga a devolver a sus hijos de tres y once años a su padre, Francesco Arcuri, con residencia en Italia.
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El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado este miércoles el recurso de la Generalitat de Cataluña y mantiene la suspensión de la reforma del Reglamento del Parlament que permitiría la tramitación exprés del referéndum del 1 de octubre (1-O).
Fuentes del alto tribunal han informado de que el pleno ha tomado esta decisión tras una hora reunido para analizar el recurso de súplica presentado por el Govern para que retirara la suspensión, ya que el Ejecutivo catalán entendía que se había producido un "abuso de derecho" en la impugnación que realizó el Gobierno central a esa reforma del Reglamento.
Según han indicado a Efe fuentes del alto tribunal, la decisión se ha adoptado por unanimidad de los doce magistrados.
El Constitucional mantiene la suspensión de la reforma para la tramitación exprés del referéndum
- Rechaza el recurso de la Generalitat, que alegó "abuso de derecho"
- La decisión se ha adoptado por unanimidad de los doce magistrados
- El Gobierno estudia "todas las vías" y el Govern critica a un TC "político"
El Tribunal Constitucional ha rechazado admitir el recurso de amparo presentado por Juana Rivas para que se suspendiera la sentencia que ordenaba entregar a sus hijos a su marido y ha alegado "extemporaneidad" en la presentación de la demanda de la mujer La sección de vacaciones del TC ha tomado esta decisión en una providencia en la que argumenta al "extemporaneidad" del recurso, por lo que la mujer, ilocalizable desde hace varias semanas, tendrá que entregar a sus hijos al padre, sobre el que pesa una orden de detención.
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- Rivas sigue ilocalizable desde que hace varias semanas incumpliera la entrega
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- La reforma permite la aprobación 'exprés' de leyes para el referéndum
- El Gobierno recurrió el pasado viernes y pidió su inmediata suspensión
El Partido Popular de Cataluña (PPC) y Ciudadanos (Cs) han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la reforma del reglamento del Parlament con la que consideran que los independentistas tratan de hacer "trampa", cambiar las reglas del juego y "amordazar" a la oposición.
Las diputadas del PPC Andrea Levy y de Cs Lorena Roldán han presentado este recurso conjunto que ambos partidos anunciaron cuando la Cámara autonómica aprobó la semana pasada esta reforma exprés para garantizar la aprobación de las leyes de "desconexión".
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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este viernes la decisión del Ejecutivo de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma del reglamento del Parlamento catalán que permite aprobar en un solo día, mediante el trámite de lectura única, las llamadas leyes de desconexión.
La Generalitat recurrirá al Tribunal Supremo y al Constitucional los controles exigidos por el Gobierno, ligados al Fondo de Liquidez Autonómico, para evitar cualquier gasto de dinero público destinado al referéndum independentista. El Govern además advierte de que no facilitará la lista de trabajadores reclamada por el Ejecutivo.
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La Generalitat recurrirá al Tribunal Supremo y al Constitucional los controles exigidos por el Gobierno, ligados al Fondo de Liquidez Autonómico, para evitar cualquier gasto de dinero público destinado al referéndum independentista. El Govern además advierte de que no facilitará la lista de trabajadores reclamada por el Ejecutivo.
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