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La Generalitat de Cataluña mantiene su plan soberanista después de que el Gobierno haya pedido este viernes al Tribunal Constitucional que abra la vía penal ante el desafio catalán. El Consejo de Ministros reclama al Tribunal que documente ante la Fiscalía las actuaciones ilegales de la presidenta del Parlament por desobedecer sus sentencias y vulnerar la ley. También reclama que prohíba al presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, llevar adelante iniciativas que desarrollen la resolución separatista.

La Consejera de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña y Portavoz del Gobierno, Neus Munté, ha dicho que el ejecutivo se mantiene "firme" en su compromiso de seguir con la construcción de las denominadas estructuras de Estado y ha minimizado la "afectación real" del fallo del Tribunal Constitucional (TC), que ha anulado la Agencia Tributaria catalana y otros organismos aprobados por el Parlament.

El Tribunal Constitucional anula varios artículos y disposiciones de la ley catalana con los que la Generalitat pretendía crear las denominadas estructuras de un supuesto Estado catalán. Ha sido en un fallo, aún no publicado, que los magistrados han adoptado por unanimidad, y que acepta el recurso del Gobierno contra este organismo, suspendido desde septiembre de forma cautelar. Ese recurso argumentaba que una autonomía no puede dotarse de estructuras que corresponden al Estado.