- Asegura que no congelerán nada pese a la decisión del Tribunal Constitucional
- ERC, ICV y CUP dicen que "el proceso seguirá adelante"
- Mientras, el PSC manifiesta que "lo que mal empieza, mal acaba"
- El PPC y C's piden que la comisión sobre el derecho a decidir se suspenda
- Es un efecto automático al admitir a trámite la impugnación del Gobierno
- Es la primera vez que suspende un acuerdo de un parlamento autonómico
- Hasta ahora, el alcalde podía nombrar a miembros de su Junta de Gobierno
- Sin que fueran elegidos en las urnas, podían ser hasta un tercio de la Junta
- Los no electos de las juntas locales tendrán que ser sustituidos por concejales
- Opina que abonarla afectaría a la coherencia de la política económica estatal
- El anterior Gobierno socialista vasco decidió pagar la extra de 2012
- El tribunal atiende el recurso de Madrid sin analizar el conflicto de competencias
- Tampoco se prejuzga la constitucionalidad de eliminar esa paga adicional
El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha avanzado este martes que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula el sistema de cálculo de la pensión para empleados a tiempo parcial podría tener un coste anual del orden de 1.900 millones de euros si no se establece un nuevo modelo. En su intervención en la comisión no permanente del Pacto de Toledo del Congreso, Burgos ha destacado que la sentencia obliga a que ahora para calcular la futura pensión de un trabajador a tiempo parcial se aplique el precepto de "día trabajado día cotizado".
- Este es el coste estimado si no se establece un nuevo modelo
- Ahora se debe calcular la pensión bajo el precepto "día trabajado día cotizado"
- Solo las reclamaciones de pensiones no concedidas supondrían 1.500 millones
- Empleo ve "grave" la sentencia y dice que introduce "inseguridad jurídica"
- La ley permite retrasar el reconocimiento de la pensión hasta tres meses
- El Constitucional admite a trámite los 21 recursos de amparo de los diputados
- Consideran que la medida es un "atropello" y una vulneración de un derecho
- No admite a trámite el recurso promovido por la empresa Chapman Freeborn
- Apoya así la sentencia del Supremo que confirmó la condena a tres empresas
- Jáuregui ha participado en los Diálogos Comarcales de su partido
- Defiende que la medida se extienda a toda España
- Tras no llegar a un acuerdo en la Comisión Bilateral entre el Estado y el País Vasco
- El recurso presentado al TC engloba dos tipos de materias
- Una en materia de regulación de empleados públicos, y otra, en regulación de horarios comerciales
- Declara "inconstitucional y nulo" el método de cómputo, vigente desde 1998
- Afecta a la solicitud de cobro de una pensión contributiva
- Ya fue cuestionado por el Tribunal de Justicia de la UE en noviembre
- Si la aprobada en enero pasado o la segunda que obtuvo más apoyo
- El Gobierno central impugnó la primera de las declaraciones ante el TC
- El Tribunal cree que conculca un derecho consolidado de los pensionistas
- El Gobierno, el Congreso y el Senado tienen 15 días para alegar
El Gobierno ha anunciado que impugnará ante el Tribunal Constitucional la declaración soberanista aprobada por el Parlamento de Cataluña. Un mes y una semana. Es lo que ha tardado el Gobierno en llevar al Constitucional la declaración que reconoce a Cataluña como sujeto político y jurídico. El Gobierno consultó primero a la abogacía del Estado y después, al consejo de Estado. Y los dos coinciden: la declaración es incompatible con la Constitución y sí tiene efectos jurídicos.
- El líder catalán decía antes de conocer la noticia que está "fuera de lugar"
- El presidente de la Generalitat resalta que la declaración "no es una ley"
- Dice que la Generalitat mantiene la "voluntad" de mantener conversaciones
- Duran opina en su cuenta de Twitter que el recurso es "un error gravísimo"
El Gobierno ha anunciado este viernes que impugnará la declaración soberanista del Parlament de Cataluña después de que el Consejo de Estado emitiera un dictámen que avalaba esta posibilidad. Dicha declaración define a Cataluña como un "sujeto político y jurídico soberano".
- Lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno tras el Consejo de Ministros
- El Ejecutivo espera que la Generalitat de Cataluña "respete la decisión"
- "El Gobierno solo pretende cumplir con la Constitución", explica Santamaría
- La vicepresidenta insiste en que hay "máxima voluntad de diálogo"
- La acusación popular ha desistido de seguir con el recurso de amparo
- El juicio no se abre si el fiscal y los perjudicados solicitan el sobreseimiento
- Lo remitirá al Gobierno para que presente recurso de inconstitucionalidad
- El informe del Consejo de Estado no es vinculante para recurrir ante el TC
- En concreto, sobre varios puntos de los decretos en Sanidad y Educación
- Aducen inconstitucionalidad de algunos preceptos e invasión de competencias