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El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, denuncia que "miles de ciudadanos" no han podido acceder a la justicia en España tras la última subida de las tasas judiciales, de la que se cumple un año. "Ha triunfado la disuasión, pero nos hemos pasado de frenada", afirma el abogado, quien recuerda que Francia va a suprimir las tasas por perjudicar a los más débiles y suponer un peligro para el derecho de acceso a los tribunales. "Hemos encargado un estudio que demuestra que la litigiosidad en España no es tan alta como dicen las cifras del CGPJ", explica Carlos Carnicer, que añade: "Si a Gallardón le preocupa el abuso de la justicia, que se imponga una sanción importantístima al que lo hace". Sobre la futura ley de seguridad ciudadana, pide que se escuche a la organización que preside: "No queremos decidir nada, pero pedimos que se nos oiga. Tenemos experiencia" (25/11/13).

Desde este lunes, 1 de abril, los Juzgados cuentan con los formularios de Hacienda necesarios para pagar las tasas judiciales resultantes de la última reforma, en la que se reduce en un 80 por ciento el tramo variable de las tarifas, y cuya aplicación se encontraba en suspenso desde la publicación del Real Decreto del pasado 22 de febrero. Los usuarios de la justicia disponen de 15 días para realizar la autoliquidación correspondiente desde la citada fecha.

Fuentes del Ministerio de Justicia han explicado a Europa Press que también a partir de este lunes puede solicitarse la exención de las tasas por parte de los colectivos beneficiados en aplicación del Anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita, que libra del pago de tasas judiciales a colectivos como mujeres maltratadas, víctimas del terrorismo, menores desprotegidos o discapacitados.

El ministerio de Justicia ha modificado la ley de tasas judiciales, dos meses después de su entrada en vigor, atendiendo así a la petición que la Defensora del Pueblo le había transmitido en este sentido. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado la modificación de la ley que supone una rebaja general de las cuantías solo para los ciudadanos, e incluso la retirada de la tasa en ciertos casos como los divorcios de mutuo acuerdo o desahucios.

Soledad Becerril , Defensora del Pueblo.

En cuanto se publique en el BOE, no se pagarán tasas judiciales en casos de desahucio, separaciones o divorcios de mutuo acuerdo. El Gobierno adelanta además algunos cambios previstos en la ley de justicia gratuíta. Sus beneficiarios tampoco pagarán tasas y eso incluye desde ahora, a víctimas de violencia de género, terrorismo o accidentes graves de tráfico. Se les devolverá el dinero si han pagado en estos dos meses que ha estado en vigor la ley. En pleitos laborales, los funcionarios serán igual que el resto de trabajadores. Y para el conjunto de ciudadanos, también hay cambios. Se rebajan las tasas variables.

Jueces, fiscales y funcionarios de justicia secundan hoy una huelga en contra de las reformas del poder judicial que plantea el gobierno y las nuevas tasas. A mediodía ha habido concentraciones en todos los juzgados. Desde primera hora de la mañana, juzgados vacíos en muchas ciudades españolas. Desde las asociaciones convocantes hablan de una huelga histórica porque es la primera en la que participan los fiscales.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado que el Ejecutivo asume las recomendaciones del informe de la Defensora del Pueblo y, por tanto, reducirá, como sugiere esta institución, la cuantía de algunas tasas judiciales que ya están en vigor.

En concreto, se introducirán "modulaciones a la baja" en las cuantías fijas y variables en primera instancia, civil y contencioso administrativo; se rebajarán las tasas en función de la capacidad económica para personas jurídicas y en ejecuciones arbitrales de consumo, y se suprimirán en procesos de ejecución hipotecaria cuando afecten a la vivienda habitual.

Gallardón, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, ha considerado "muy enriquecedora" la labor de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que ha recabado la opinión de expertos, y "ha visto más y mejor" que el Ministerio de Justicia.

El ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, ha anunciado que el Ejecutivo asume las recomendaciones de la Defensora del Pueblo y, por tanto, reducirá, como sugiere esta institución, la cuantía de algunas tasas judiciales que ya están en vigor.

En concreto, se introducirán "modulaciones a la baja" en las cuantías fijas y variables en primera instancia, civil y contencioso administrativo; se rebajarán las tasas en función de la capacidad económica para personas jurídicas y en ejecuciones arbitrales de consumo, y se suprimirán en procesos de ejecución hipotecaria cuando afecten a la vivienda habitual.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, cree que los ricos no tendrán problemas para pagar las tasas judiciales impuestas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y tampoco los muy pobres, porque, apunta, seguirán teniendo derecho a una justicia gratuita. A su juicio, el problema es la clase media. "Los que están en medio, que no son ni ricos ricos ni pobres pobres, hasta ahora no pagaban tasas y ahora van a tener que pagarlas. El problema no es tanto en que haya tasas sino en el quantum de esa tasa. El problema puede ser que en algún caso concreto, en algún pleito concreto y en alguna situación concreta la tasa prevista pueda ser disuasoria hasta el punto de que haya alguien que no pueda litigar, y ese sería el problema", explica (19/12/12).

Hoy comienzan a aplicarse las nuevas tasas judiciales. Se incrementan entre 50 y 750 euros y habrá que pagar por primera vez en el orden Social y hasta 1.200 euros si se recurre ante el Tribunal Supremo en la vía Civil y Contencioso-Administrativa. No pagarán aquellos que demuestren que no tienen recursos. El PSOE ha anunciado que recurrirá ante el Constitucional una norma que considera injusta. El Gobierno asegura que permitirá mejorar la justicia gratuita.

En Bruselas ha terminado el consejo europeo que ha aprobado la figura del supervisor unico para los bancos. Mariano Rajoy acaba de hacer balance de ese consejo, dice que España ha conseguido parte de sus objetivos yque de momento España no necesita el rescate. El presidente del gobierno también se ha referido a otros temas como las tasas judiciales y la reforma educativa

Una semana después de la entrada en vigor de la ley de tasas y tras la polémica que ha generado, el ministro de Justicia ha anunciado que colectivos como las mujeres maltratadas o víctimas del terrorismo, no tendrán que asumir ningún coste judicial. Lo ha anunciado por sorpresa, en la réplica al partido socialista que criticaba esa ley.

El Secretariado de Jueces para la Democracia considera que la propuesta, tramitación, aprobación y publicación de la ley de tasas ha supuesto uno de los episodios más sombríos en la moderna historia de la justicia en España. En un comunicado denuncia que en plena crisis económica, cuando la necesidad de tutela judicial es mayor, el ministro de Justicia impulse con carácter de urgencia una ley destinada a encarecer el acceso de los ciudadanos a la práctica totalidad de procedimientos judiciales tanto en primera instancia como en instancias superiores. En Cuarto Mundo hablamos con Victoria Rosell, portavoz adjunta de Jueces para la Democracia.

La Organización de Consumidores, OCU, ha realizado un estudio sobre listas de espera con el objetivo de conocer los plazos de acceso a la atención especializada y pruebas diagnósticas. La Organización ha obtenido datos de 16.000 citas médicas en centros de especialidades de 56 ciudades de las 17 comunidades autónomas. Entre las conclusiones más importantes destaca que la situación ha mejorado respecto a los dos últimos estudios pero que la tónica dominante sigue siendo la falta de información de los criterios de asignación de pacientes y la gran diferencia entre comunidades.

Aunque las nuevas tasas judiciales deberían haber entrado hoy en vigor, los juzgados de momento no las están cobrando. Tardarán unas semanas porque aún no están listos los impresos correspondientes. Esas tasas han centrado hoy el debate político. Socialistas e Izquierda Unida apoyan recurrirlas ante el Constitucional. El gobierno asegura que servirán para hacer más eficaz la justicia.