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  • Los 3.800 trabajadores dentro de este despido colectivo tendrán garantizado un contrato indefinido o el autoempleo
  • Los sindicatos critican que se hable de recolocación cuando todavía se desconocen los detalles del ERE

La dirección de Caixabank comienza a negociar este martes con los sindicatos el ERE en el que contempla el despido de casi 8.300 trabajadores y el cierre de 1.500 oficinas. La responsable de Organización y Medios de Comisiones Obreras en Caixabank, Ruth Bolaños, ha asegurado en 'Las mañanas de RNE' que no van a aceptar despidos forzosos ni medidas traumáticas. "Es una vergüenza que el mayor banco de España, el que tiene más beneficios, se plantee despedir a 8.300 personas. Es un tema de reparto, quitar a unos para que los de arriba cobren más. Es bastante indignante, por no decir inmoral", ha afirmado Bolaños, que confíe en que el banco recapacite empujado por el daño reputacional que puede causarle.

Mientras comienza el proceso de escolarización para el próximo curso, la incógnita para la comunidad educativa sigue siendo cuántos alumnos habrá por aula a partir de septiembre. Según ha explicado Mario Gutiérrez, presidente de Educación del sindicato CSIF, en la entrevista en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso, aunque todavía está por ver cuál va a ser esa ratio en las distintas comunidades autónomas, temen que se aumenten a niveles anteriores a la pandemia. Un decisión que se tomaría sin escuchar a los expertos sanitarios, lo que sería "una evidencia más de que los que saben están demsasiado alejados de quienes toman las decisiones", ha dicho. Gutiérrez ha cifrado el ideal en 20 alumnos por clase, y también ha avisado de que vigilarán que la reducción de ratios no signifique la reducción de personal, teniendo en cuenta que podrían perderse "de 30 a 40.000 docentes en España".

La dirección de Airbus mantiene la planta gaditana de Puerto Real y sigue discutiendo con los sindicatos la forma de mejorar la competitividad en todas las fábricas. El presidente del comité de empresa, Juan Manuel Trujillo, ha valorado la noticia y asegura a TVE que están "dispuestos a asumir la carga de trabajo y los retos de nuevos proyectos industriales". En las instalaciones de Puerto Real, trabajan unas 400 personas. Los empleados han desconvocado el encierro preventivo previsto para esta tarde. 

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha indicado que el diálogo social está “vivo”: “Siempre ha estado vivo, la prueba son los más de 10 acuerdos en un año, acuerdos muy importantes”. “Europa no pide una reforma laboral, nos pide que hablemos de políticas de empleo”, ha sostenido en 24 horas de RNE, donde se ha mostrado dispuesto a hablar de “estos temas” y no de “otros que son más ideológicos”.

Sobre el salario mínimo interprofesional, ha comentado que “no toca, no que no haya que hacerlo en un futuro”. “Las empresas tienen que subirlo, pero las administraciones, en los contratos públicos, no incrementan esas cantidades para que se pueda pagar a los trabajadores”, ha denunciado. El presidente de la CEOE ha considerado que, con las alarmantes cifras de paro, “no es momento” de hablar del aumento del SMI y sí de generar empleo. También ha negado que sea “el momento de subir impuestos” y ha apuntado que con el impuesto de sucesiones “no se recauda nada”: “Son impuestos ideológicos y teóricos”.

“El objetivo real de España es doblegar la enfermedad”, ha mantenido para explicar que la patronal “volverá a plantear que los ERTE se extiendan hasta diciembre”, pero condicionado siempre a un “depende”. “El objetivo es la salud y la vacunación, porque si somos capaces de doblegar la pandemia generaremos empleo”, ha puntualizado. 

En cuanto a las pensiones, Garamendi ha puesto sobre la mesa la necesidad de llegar a un acuerdo, ha preferido no hacerlo “de forma prematura” y ha lamentado que el ministro “anuncia cosas antes de contarlas donde las debe contar”: “Si el objetivo es que la gente se jubile a los 68 años que nos los digan ya”.

  • Los empleados públicos tendrán que acudir dos días presencialmente, según el acuerdo entre el Ministerio y los sindicatos
  • En la España vaciada, los requisitos se flexibilizan con solo un 10 % de asistencia presencial al puesto de trabajo