Servicios sanitarios

   
• Califican la decisión de "apartheid sanitario" y de "xenófoba"
   
• Afecta a más de 150.000 inmigrantes irregulares

   
• Insiste en que todas cumplirán el real decreto de la reforma sanitaria
   
• Rivero subraya que ningún enfermo se quedará sin atención médica

   
• Entra en vigor la medida que retira la tarjeta sanitaria a inmigrantes irregulares
   
• Algunas CC.AA. han anunciado que mantendrán la atención médica

   
• Las previsiones cifran el ahorro en 950 millones de euros con ambas medidas
   
• Alrededor de 153.000 'sin papeles' se quedarán sin cobertura sanitaria
   
• Ocho CC.AA., dos de ellas del PP, han anunciado que mantendrán la asistencia
   
• Sanidad también deja de financiar 417 medicamentos para dolencias menores

   
• Seguirán recibiendo asistencia sanitaria, pero pagando
   
• Según el Ejecutivo, España actúa como otros países de la UE

Según estos colectivos, entre 600.000 y 700.000 personas se quedarían sin tarjeta sanitaria a partir de mañana. El ministerio dice que serán 400.000. La asociaciones de inmigrantes califican la ley de injusta e immoral y dicen que vulnera derechos fundamentales. Aseguran, además, que, lejos de reducir gastos, los aumentará, porque la mayoría acudirá a urgencias y terminarán saturándose. También prevén que muchos terminarán marchándose.

Algunas comunidades han dado más detalles de cómo van a prestar asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles que, a partir del sábado, ya no tengan tarjeta sanitaria y deban pagar por la atención. Cataluña, Andalucía y Galicia, por ejemplo, les darán tarjetas válidas sólo en sus territorios.

   
• Cataluña y Galicia explican cómo atenderán a los inmigrantes 'sin papeles'
   
• Cataluña exigirá tres meses de empadronamiento en la comunidad
   
• Galicia, estar empadronado antes del 1 de septiembre y no tener recursos

   
• El 1 de septiembre los inmigrantes sin papeles se quedarán sin tarjeta
   
• Los médicos de familia piden al Gobierno que retiren esta medida
   
• Proponen al menos un paquete básico de servicios sanitarios

La ministra Ana Mato ha insistido en que nadie quedará desatendido y que los extranjeros sin papeles deberán pagar la asistencia. Mato también ha recordado que la asistencia sanitaria está garantizada para todos los menores de edad, las embarazadas y cualquier persona que necesite atención urgente.

   
• Los inmigrantes sin residencia se quedarán sin tarjeta sanitaria en septiembre
   
• Se escuda en una ley de 1986 para justificar no dar asistencia a los inmigrantes

Valladolid acoge hoy el primero de un nuevo tipo de encuentros entre el Ministerio de Sanidad y las CCAA, para abordar aspectos concretos de la reforma sanitaria puesta en marcha por el Gobierno. Hoy se habla de la situación de los profesionales del sector, pero también se valora el impacto de medidas que ya se están aplicando, como el copago sanitario en función de la renta, o la atención médica a los inmigrantes en situación irregular, que cambiará a partir del próximo sábado, una medida con la que algunas Autonomías no están de acuerdo.

Salvador Tranche, médico y secretario de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, la SEMFYC.

Dice que se va a producir una exclusión en determinadas Comunidades donde este colectivo va a quedar sin asistencia sanitaria. Además, explica, en este momento hay cuatro Autonomías que han declarado que sí van a prestar asistencia ordinaria a este colectivo pero en el resto también hay una situación muy dispar. Madrid lleva un poquito más allá el decreto al dejar también fuera las patologías crónicas. Sin embargo Castilla y León incorpora algunas de estas patologías.

"Nos han colocado en una disyuntiva que no queríamos por una parte tenemos las órdenes de la Administración o de la empresa que nos contrata y por otra el compromiso ético con los pacientes, esto ocurre hoy con los inmigrantes irregulares pero mañana nos puede ocurrir con otro colectivo asentado perfectamente en España".

Afirma que hay otras vías por explorar algunas razonables y relacionadas con la gestión no con los recortes en retribuciones o prestaciones, entre ellas, tener unidades de compra centralizada, que ahorraría mucho dinero así como facturar adecuadamente a aquellos países, principalmente europeos, con los que tenemos convenios. " Nos quedan muchas cosas por hacer sin olvidar que el español es el sistema sanitario más eficiente y barato de Europa" (29/08/12).

IÑAKI DÍEZ (Corresponsal de RNE en Roma).- Una nueva tasa sobre los refrescos con azúcares añadidos y edulcorantes. Saldrá del próximo Consejo de Ministros en el que se va a aprobar el decreto sobre Sanidad. Italia se suma a Dinamarca, Finlandia y Hungría, que ya tienen un tributo similar. Los ingresos se van a destinar a mejorar los niveles de asistencia sanitaria, según dice el Ministerio. También habrá multas de 1.000 euros a quien dé tabaco a un menor y se prohibirá instalar máquinas tragaperras en un radio de 500 metros alrededor de las escuelas.

La reforma de la sanidad afecta también a su estructura. Se prevé la creación de centros ambulatorios para atender a los pacientes 24 horas al día.

   
• La ONG se opone a que inmigrantes se queden sin sanidad
   
• Cree que la reforma sanitaria "choca con la ética profesional"

   
• El alza se confirma pese a que los precios bajaron dos décimas respecto a junio
   
• Los medicamentos se han encarecido un 6,6% desde julio de 2011
   

Crónica que recoge las declaraciones realizadas a Radio Nacional del director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero, confirmando quje los inmigrantes 'sin papeles' crónicos serán atendidos y se pasará la factura a sus países de origen (10/08/12).

País Vasco, Cataluña, Andalucía y Asturias se han desmarcado de la decisión del Gobierno que obliga a los inmigrantes en situación irregular a pagar por la asistencia sanitaria. Asociaciones de inmigrantes definen la medida de injusta y desproporcionada mientras médicos de atención primaria han dicho que ejercerán su derecho a la objeción de conciencia.

   
• Se trata de Cataluña, Asturias, Andalucía y País Vasco
   
• Aseguran que la norma va contra la Constitución