Un juzgado ha condenado al Servicio Canario de Salud a pagar 440.000 euros a unos padres que criaron a una niña creyendo que era su hija biológica y no lo era. Se la entregarobn en el hospital, por error, nada más nacer en 1973. Esa niña tenía una hermana gemela con la que se reencontró 28 años después.
Las asociaciones de pensionistas critican el copago farmacéutico porque, aseguran, reducirá su poder adquisitivo. Los pacientes, por su parte, consideran que se tratan de medidas puramente recaudatorias que dañan a los más vulnerables.
El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, califica de "nueva mentira e injusticia social" del Gobierno del PP la propuesta del Ministerio de Sanidad de que los jubilados paguen un 10% por los fármacos y los trabajadores entre un 50 y un 60%. "Aquí está el copago", advierte después de recordar que el PP lo había "negado una y otra vez". Además, considera "grave" el que hayan tenido que enterarse "otra vez" de una noticia importante "por una filtración" y dice que habrá que ver "qué y cómo" plantea el Gobierno en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, en el que el Ministerio de Sanidad va a plantear la propuesta a las comunidades autónomas (18/04/12).
Aseguran que los daños que provocan en la salud y las arcas públicas son de una magnitud similar. Es la conclusión del informe que han elaborado con propuestas para el Gobierno. El Reino Unido es el país con el índice de obesidad más alto de Europa.
Cataluña y País Vasco han recordado al Gobierno, en respuesta al anuncio de recortes por 10.000 millones de euros en Sanidad y Educación, que ambas son competencias transferidas a las autonomías, mientras que, en contraste, Madrid ha ofrecido devolverlas al Gobierno central junto a las de Justicia.
El modelo autonómico se ha sumado así al debate sobre los servicios públicos en las reacciones que las comunidades autonómas han expresado ante el anuncio que el ejecutivo popular hizo de reducir en la citada cantidad los gastos en Sanidad y Educación.
Además de por la reivindicación o no de las competencias, las autonomías han quedado divididas también entre las gobernadas por el PSOE (Andalucía y Euskadi), junto a la canaria (gobernada por CC con apoyo socialista), que han rechazado la aplicación de los ajustes a los servicios sociales, y las comunidades con mayoría popular en sus parlamentos, que no han compartido esta posición.
El recorte de los 10 mil millones en sanidad y educación que tendrán que hacer las comunidades autónomas ha centrado hoy el debate político. La oposición critica la forma en que se ha anunciado y asegura que se reducirán las prestaciones, y el PP lo defiende.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, dice ser partidario de que el nivel de renta sea el que determine cuánto se paga por un medicamento, así como "redefinir" la cartera básica de servicios sanitarios porque "hay mucho abuso" en la sanidad pública. "Hay que determinar los niveles de renta en las personas a la hora de adquirir los medicamentos", afirma Montoro, que destaca que "ahora se paga el 40% se cobre lo que se cobre" (10/04/12).
La secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, lamenta los diferentes mensajes lanzados desde el Gobierno y el PP sobre los ajustes en Sanidad porque, a su juicio, crean "desasosiego" tanto en la población como en los propios profesionales del sector. Asegura que "es una jaula de grillos lo que hay en el PP", en referencia a las declaraciones del secretario de Comunicación del Partido Popular, Carlos Floriano, que desdecía al ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. Asimismo, Jiménez critica que el Gobierno vaya a hacer un nuevo recorte de 10.000 millones en Sanidad y Educación porque "el hecho de tener que hacer ajustes es poner en cuestión el sistema público de salud" (10/04/12).
El partido socialista ha pedido que el presidente del gobierno comparezca en el Congreso para que concrete los recortes en Sanidad y Educación. Lo ha hecho tras conocerse la cifra de 10 mil millones que el ejecutivo pretende ahorrar. Antes, por la mañana, el secretario general del PSOE defendía el modelo de sanidad publica tal y como se consensuó en su día.
La nota con la que Moncloa ha anunciado esas reuniones del presidente Rajoy no especifica cómo serán esos ajustes en educación y sanidad, dos capítulos que controlan las Comunidades. El Ministro de Economía apuntaba por la mañana que quizás quienes ganen más de cien mil euros no deban tener toda la Sanidad gratis. A mediodía el PP le corregía e insistía en que defienden la sanidad gratuita.
El ministro de Economía ha planteado hoy la posibilidad de que los que cobren más de 100.000 euros no reciban gratis todas las prestaciones sanitarias. A la patronal de la sanidad privada esa medida le parece insuficiente. Las asociaciones que defienden la sanidad pública dicen que supondría un riesgo para el sistema, y también recuerdan que los que ganan ese dinero y pagan impuestos son los que contribuyen en mayor medida a financiar la sanidad.
El responsable de Sanidad y Asuntos Sociales del PP, José Ignacio Echániz, afirma que la sanidad tiene un problema económico de 15.000 millones de euros que requiere la realización de ajustes, que no recortes, para garantizar la viabilidad del sistema en los próximos 40 años. Manteniendo los mismos servicios, asegura, se pueden aprovechar mejor los recursos. "Hacer ajustes significa eliminar temporalmente algunas cuestiones menos prioritarias, algunas peonadas de trabajo por la tarde, el termalismo o la compra centralizada de los productos que utilizamos habitualmente en las comunidades autónomas para abaratar la factura", explica. También se puede mejorar, añade, la coordinación entre regiones para evitar que haya 17 calendarios de vacunación o que la receta electrónica exista en unas autonomías y en otras no (09/04/12).
La baja disponibilidad de sangre hace que se pongan mecanismos para ahorrar y reservarla para los momentos en los que realmente se necesita. Los bancos de sangre salen cada día a buscar el único medicamento que no se fabrica. Estos días, de vacaciones, mucho más complicado.
En Estados Unidos hoy el Tribunal Supremo termina de deliberar sobre la constitucionalidad o no de la reforma sanitaria del presidente Obama. Aunque hasta junio no se conocerá el informe final, parece que hay mayoría de magistrados conservadores que se oponen a la reforma.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha celebrado la primera de las tres sesiones en las que estudiará la constitucionalidad de la reforma sanitaria del presidente Barack Obama, su principal logro legislativo, en un test histórico que puede poner en peligro su lucha por la reelección en noviembre.
La sala del tribunal, en la que estaban 400 personas, ha estado llena de congresistas, prominentes abogados, altos cargos de la Admnistración Obama y aquellos que han pagado a otros o esperan ellos mismos desde este fin de semana para conseguir un asiento en la sala de audiencia pública.
En la primera sesión los nueve magistrados han examinado el aspectos más técnico pero desde luego el más esencial a corto plazo: si se puede denunciar una ley antes de que ésta entre en efecto.
Según una ley de 1867, denominada Anti-injuction Act, el contribuyente no puede impugnar una ley hasta que ésta le afecte, que en el caso de la reforma sería en 2015, cuando los que rechacen el mandato individual tendrían que empezar a pagar una tasa por ello.
