Perú ha denunciado ante la Organización de Estados Americanos el daño ambiental y económico causado por el vertido de petróleo de una refinería de REPSOL en las costas de Lima. Ya se calcula que unos 10 mil barriles de crudo cayeron al mar.
Esta semana, en su visita a una de las zonas más afectadas, el presidente de Perú, Pedro Castillo, ha responsabilizado a Repsol de este "desastre ecológico más preocupante de los últimos tiempos" en las costas del país, y ha anunciado la paralización de las actividades de carga y descarga de Repsol en aguas del país, mientras que la empresa española ha asegurado que lo ocurrido es consecuencia del volcán de Tonga.
Hoy se encuentra en ese país el secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe. Juan Fernández Trigo ha viajado a Perú para mantener encuentros con las autoridades y con representantes de la petrolera Repsol.
En Las Mañanas de RNE hablamos con Ashley Mamani, representante legal de DAR (Derecho, Ambiente y Recursos Naturales), una organización no gubernamental que trata e impulsa temas de gobernanza ambiental y derechos humanos, para analizar este suceso. Mamani asegura que de momento la mancha negra sigue expandiéndose y por consecuencia, contaminando más costas peruanas y explica que "no se está priorizando el enfoque de la remediación del daño ambiental originado."
Desde el 15 de enero se están limpiando las costas de Lima. Ashley Mamani ha denunciado que la demora se debe a los métodos que se están utilizando, y asegura que "son rudimentarios y no se observa la capacidad tecnológica necesaria que puede tener esta empresa multinacional para intentar reparar el daño causado." Además, Mamani recalca que está emergencia ambiental (que ha afectado ya a dos reservas naturales), también ha producido un daño económico y social, hay pescadores que no van a poder trabajar en meses y deben "recibir una indemnización justa frente a este daño." Y considera que a estas alturas necesitan ayuda internacional.
