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La expropiación a Repsol de YPF se planteó en Argentina como una cuestión de orgullo nacional. Y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo avisó dos meses antes de expropiarla: "el subsuelo es de los argentinos, y está concesionado, y por tanto no podemos volver a la época del virreinato, que se llevaba todo el oro y la plata y no dejaba nada". En abril de 2012, Argentina expropió el 51% de las acciones que Repsol tenía en YPF, la gran empresa nacional. Las autoridades reclamaban a Repsol que produjera más, que reinvirtiera más, porque pese a sus grandes reservas de crudo y gas, Argentina había dejado de ser autosuficiente. Y eso que se acababa de encontrar un megayacimiento de petróleo no convencional en Vaca Muerta. La prensa local caldeó y anticipó la expropiación y España reaccionó de urgencia. El ministro de Industria, José Manuel Soria, lo consideró un acto hostil, "el gobierno lo interpreta como hostilidad a España y al Gobierno de España" dijo. Pero la expropiación se consumó y empezó un largo tira y afloja para negociar las compensaciones a Repsol. El presidente de la petrolera cifró la indemnización en 18.000 millones, "vamos a pedir 18.000 millones de dólares, vamos a pedir 18.000 y más, si puede ser". Se presionó desde todas los instancias posibles. España decretó la reducción de compras de biodiésel argentino y la Eurocámara propuso suspender los beneficios arancelarios para ese país. Repsol también anunció demandas contra las petroleras que intentaron ocupar su hueco, por el camino, el propio Repsol tuvo problemas con su nuevo accionista, la mexicana Pemex, que ha criticado, y mucho, a la dirección de compañia española por su gestión en YPF. Empresas americanas y francesas, pero sobre todo chinas, se han interesado por el petróleo argentino. Un petróleo que al volver a manos nacionales, fue festejado con entusiasmo futbolístico.

Justo el día en que se cumplen 11 años de la mayor catástrofe ecológica ocurrida en España, los tres acusados conocerán el fallo. La Audiencia Provincial de A Coruña decidirá si condena al capitán, el jefe de máquinas del petrolero y el entonces director general de la marina mercante, para quienes el fiscal pide entre 5 y 12 años de cárcel. Además el tribunal dictará quien debe pagar los daños ocasionados por la marea negra y que la fiscalía ha cuantificado en 4.300 millones de euros.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha visitado en la Amazonia la zona contaminada por más de 30 años de extracción de crudo de Texaco. Toneladas de residuos siguen almacenados en un millar de balsas. La petrolera Chevron, que compró Texaco, se niega a pegar los 19.000 millones de dólares de indemnización a que fue condenada por los tribunales tras una denuncia de los indígenas.