En los casos en los ya se han celebrado las elecciones, la ley actual dice que los cargos pertenecen a las personas que los obtienen, y no al partido. Por eso hasta ahora, aunque las marcas fueran ilegalizadas, los concejales o parlamentarios mantenían sus puestos, aunque pasaran al grupo mixto. Con el cambio que quiere hacer el Gobierno, cada cargo electo de un partido ilegalizado tendrá 15 días para, dice la ley textualmente, declarar expresamente su rechazo y repulsa de las causas que motivaron la ilegalización de su partido.
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