Este martes han arrancado los tres días de huelga convocada por jueces y fiscales contra la reforma del Gobierno porque consideran que amenaza la independencia judicial. Ningún organismo oficial comunica el seguimiento porque el paro no tiene regulación legal, pero las asociaciones lo cifran en el 75%. El Ministerio de Justicia habla de normalidad casi absoluta.
Foto: EFE/ Javier Blasco
Este martes ha arrancado el primero de los tres días de huelga convocados por cinco asociaciones de jueces y fiscales en protesta por los proyectos legislativos del Gobierno, que buscan reformar el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal, y a pesar de que el Pleno del Consejo General del Poder judicial (CGPJ) acordó por unanimidad que este paro carecía de base legal. Según las asociaciones convocantes, de carácter conservador, han secundado la huelga 3 de cada 4 jueces y fiscales.
La huelga llega después de la concentración convocada el sábado pasado por las mismas asociaciones conservadoras frente a la sede del Tribunal Supremo, que congregó a miles de personas, entre ellas cientos de jueces y fiscales, para exigir la retirada de ambos proyectos, que, a su juicio, amenazan la independencia judicial.
Consideran que tanto el proyecto que modifica la ley del Poder Judicial, como el anteproyecto que reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal "comprometen gravemente" la separación de poderes y la autonomía del Ministerio Fiscal" y denuncian que no responden a una verdadera demanda social ni contribuyen a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, sino que incrementan los riesgos de su politización.
En el informativo 'Las Mañanas de RNE' hablamos con Luis Ortiz Vigil, miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), sobre la huelga convocada por las asociaciones de jueces y fiscales. "Haré servicios mínimos porque tengo que atender posibles incidencias, pero ejerceré mi derecho de huelga", explica.
Vigil asegura que la reforma del acceso a la carrera judicial supone "una auténtica cortapisa a la financiación de las asociaciones profesionales". "Lo que provocaría sería que la carrera judicial estaría integrada por una serie de personas que no habrían superado los baremos de excelencia a los que yo me tuve que someter en su día para ser juez. Eso debilitará la calidad de la justicia", nos cuenta el magistrado en RNE. Defiende que el sistema actual lleva funcionando bien en los últimos años y considera que la composición de la carrera judicial sea "plural y que responda a todos los sectores sociales sin dificultad alguna". Vigil asegura que los jueces "no somos ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro, sino jueces que servimos a la ciudadanía".
A pleno sol y frente al símbolo del poder judicial, el Tribunal Supremo, este sábado se han manifestado jueces y fiscales de cinco asociaciones diferentes que coinciden en su denuncia: creen que la reforma del Gobierno supone una clara injerencia en el poder judicial.
Y piden al Ejecutivo que la retire de forma inmediata. Centran sus críticas sobre todo en dos aspectos concretos, en los cambios a la hora de acceder a la carrera judicial y fiscal y la modificación del estatuto que deja en manos de los fiscales la instrucción de causas penales.
"No puede admitirse en una instrucción con garantías que un fiscal pueda recibir una orden singular de su superior, son incompatibles con un fiscal instructor independiente", señala el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Miguel Pallares.
Han anunciado que mantienen la huelga prevista para la semana que viene y el ministro de Justicia les ha respondido: "Pido que se lean el proyecto de ley para comprobar que los motivos de la concentración de hoy son infundados, no hay absolutamente nada que afecte a la independencia judicial ni al Estado de derecho", ha recriminado Félix Bolaños.
Al final de la concentración, un grupo de personas han intentado impedir que los medios de comunicación, especialmente Televisión Española, informara sobre el acto.
Foto: EFE/ JP Gandul
Conversamos con Blanca Frías, presidenta de la Asociación ANCEME, la primera asociación para víctimas de estafas con manipulación emocional en España. Blanca nos habla sobre las características de estas estafas que son en realidad violencia digital, los prejuicios sociales, las dificultades para denunciar y las limitaciones legales.
No todas las asociaciones de jueces y fiscales apoyan la huelga convocada para los días 1, 2 y 3 de julio contra las reformas del Gobierno sobre el acceso a ambas carreras y la Fiscalía, pese al CGPJ. Edmundo Rodríguez Achútegui, portavoz del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia, ha mostrado su rechazo en el informativo 24 horas de RNE. "No es justificable que se pretenda presentar como causa de una huelga que un proyecto de ley, que ni siquiera se ha aprobado, va a comprometer la independencia judicial, cuando estamos seguros de que eso no es así", ha dicho Rodríguez. Ha admitido que el proyecto de ley necesita mejoras, pero ha insistido en que "lo que pretende la ley es incorporar un procedimiento de selección que ya existía hasta el 2003: que además de una prueba teoría se haga una práctica" y que es algo que ve "razonable y que permitirá que la selección sea mejor."
En el informativo del '24 Horas de RNE', hablamos con Luis Ortiz Vigil, miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), sobre la huelga convocada por las asociaciones de jueces y fiscales, excepto las progresistas, para los días 1, 2 y 3 de julio, en protesta por las reformas del Gobierno sobre el acceso a ambas carreras y a la Fiscalía.
Respecto a la convocatoria de la huelga, desde el AJFV aseguran que se fijarán los servicios mínimos según el comité de huelga, porque, según aclara Ortiz, "somos responsables y sabemos que en un conflicto colectivo tiene que haberlos". Si hay un responsable de todo lo que ocurre en esta movilización, es el Ministerio de Justicia, que, según el entrevistado, "la pelota está en su tejado". Añade que el comité de huelga "está dispuesto a hablar el día que sea, a la hora que sea y en el lugar que sea".
El Consejo General del Poder Judicial sostiene por unanimidad que no hay marco legal que sustente la huelga del 1, 2 y 3 de julio contra las reformas judiciales del Gobierno. Entiende que, aunque este derecho está recogido en la Constitución Española, no hay regulación al respecto para el caso de estos profesionales, al igual que ya pasó en 2009, por conformar uno de los tres poderes del Estado. La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, señala que el órgano "no ha dicho nada nuevo" y que irán a la huelga "precisamente porque tenemos en cuenta lo que nos dice el CGPJ". "Como no tenemos expresamente reconocido el derecho, no hay un artículo que diga: "Los jueces no tienen derecho a la huelga", dice que no tenemos derecho a la huelga. Es tan excéntrico que causa risa", sostiene.
El sábado se van a concentrar frente al Tribunal Supremo. Recalca Del Barco que la huelga no es "contra el Gobierno" sino a favor del "Estado de Derecho y la independencia de los jueces". "Las asociaciones convocantes hemos reiterado que esto no es un acto partidista, ni es una reivindicación ni de izquierdas ni de derechas, ni contra el Ejecutivo ni contra el Legislativo", defiende. Todas las asociaciones, salvo las progresistas, están a favor de la misma, a pesar de que, dice, estas "tampoco están de acuerdo en puntos esenciales coincidentes con los mismos con los que no estamos de acuerdo el resto de las asociaciones profesionales". Aunque señala que ese 'no' solo representa a un 6% de toda la carrera judicial.
Todas y todos podemos convertirnos en víctimas de las ciberestafas emocionales o violencia digital. Esta semana en Al margen de la ley conversamos con Blanca Frías, presidenta de la Asociación ANCEME, la primera asociación para víctimas de estafas con manipulación emocional en España. Escúchalo este sábado a las 2 de la madrugada, una hora menos en Canarias, en RNE y Radio 5.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este lunes que mantiene su confianza "absoluta" en el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado haya acordado procesarle por un presunto delito de revelación de secretos cometido contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
"El Gobierno, entre los fiscales y los defraudadores confesos, está con los fiscales que persiguen el delito. Eso sin ninguna duda. Y, por tanto, nuestra confianza plena en el fiscal general del Estado y también en la Fiscalía en su conjunto", ha señalado en declaraciones a los medios.
Bolaños ha recordado que "este auto no es firme" y "cabe recurso de apelación", por lo que "van a estar al sistema de garantías y al sistema de recursos que tiene nuestro país". "Sin duda, al final la verdad prevalecerá", ha recalcado, para después rechazar una posible dimisión de García Ortiz.
Además, ha negado "rotunda y categóricamente" que hubiese "eventuales instrucciones de la presidencia del Gobierno a la Fiscalía General del Estado". "Esto no sucedió nunca y lamento mucho que el Tribunal Supremo haga una afirmación tan grave sin ninguna base probatoria porque esto no sucedió nunca", ha sentenciado.
Foto: EFE/Mariscal
La próxima semana habrá paros contra la reforma de la carrera judicial aprobada por el Gobierno. Mientras que el Ejecutivo y alguna asociación judicial defiende el texto, otras asociaciones ven más inconvenientes que ventajas y piden que no se apruebe. Las oposiciones a jueces son de las más sacrificadas. Sus protagonistas han explicado a TVE por qué. Foto: GETTY IMAGES.
¿Son realmente secretas nuestras conversaciones privadas en redes sociales y en aplicaciones de mensajería instantánea? En 'Esto Merece Una Explicación' reconstruimos la historia de Aditya Verma, un chico inglés que cuando estaba a punto de embarcar en el vuelo que le iba a llevar tanto a él como a sus amigos a Menorca, escribió en un chat privado de Snaptchat: 'De camino a volar el avión, soy un miembro de los talibanes'. Era una broma. A Verma sus amigos le decían que parecía un talibán por sus rasgos físicos y el chico intentó seguir la broma. Lo que iba a ser un viaje de sol, playa y desconexión tras un año duro de exámenes, se convirtió en un mal sueño que llevó a Verma a pasar dos noches en el calabozo de la Guardia Civil de Mahón y a ser juzgado unos meses después por un delito de desórdenes públicos en la Audiencia Nacional. Marga Quintana, abogada de Verma, Jorge Blasco, profesor Titular de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid y el capitán Sergio Gutiérrez, piloto del F18 que salió a escoltar el avión en el que viajaban Aditya y sus amigos, diseccionan la historia.
Un podcast realizado por Juanjo Cubero y el equipo de Audio Digital de RNE y RTVE Noticias.
Nos vamos al concejo de Boal (occidente de Asturias) para conocer la pelea de un grupo de vecinos que reclaman a las administraciones la clasificación y propiedad de los montes vecinales en mano común. Charlamos con Javier Pérez, abogado del despacho Calixto Escariz que asesora a la Coordinadora de Montes Vecinales en Mano Común; Miguel Ángel y María José, quienes cuentan con documentación familiar en la aldea de Fontescavadas e investigan sobre la antigüedad de estos montes en el Archivo Histórico Nacional; José Suárez, antiguo concejal de Boal que ya en la década de 1980 impulsó la recuperación de la gestión de estas tierras; y Carmen Molejón, miembro de la Plataforma Xente de Oscos-Eo, la cual defiende esta comarca reserva de la biosfera de la implantación de macroeólicos.
¿Por qué un grupo de vecinos pelearía contra las administraciones por el monte? Esta semana en Al margen de la ley viajamos hasta el concejo de Boal, en el occidente de Asturias, para conocer una reclamación histórica sobre la propiedad de los montes vecinales en mano común. Escúchalo este sábado a las 2 de la madrugada, una hora menos en Canarias, en RNE y Radio 5.
Programa 37. Xurxo Melchor, periodista de La Voz de Galicia especializado en sucesos y tribunales, nos habla sobre la polémica situación de Ana Julia Quezada, asesina del niño Gabriel Cruz, en la prisión de Brieva, donde se investiga si funcionarios facilitaron a la reclusa un teléfono móvil a cambio de favores sexuales. Conversamos con Antoni Batista, periodista, escritor e investigador, que ha recopilado las operaciones de anarquistas y falangistas para acabar con la vida de Francisco Franco en el ensayo Matar a Franco: los atentados contra el dictador (Debate). La socióloga y criminóloga Victoria Pascual analiza la práctica del canibalismo y se fija en lo acontecido en el accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya de 1972, también conocido como tragedia de los Andes. Neus Sala dedica su Archivo criminal, en colaboración con el Archivo RNE, al segundo capítulo que relata la fuga de los 45 de la Modelo (1978).
