Otro punto polémico de la Ley Celáa prioriza la adaptación de los centros ordinarios para favorecer la integración de esta parte del alumnado. Dentro de la comunidad educativa hay opiniones a favor y en contra. Desde la Plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También afirman que hay que mirar por el bienestar y la educación del alumnado, y por tanto estos son la mejor opción. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad apoya la decisión pero señala que la propia ley se queda corta. Se necesita aumentar la inversión educativa para que los colegios tengan recursos para poder conseguir la inclusión real. En España el 0,4% del alumnado tiene necesidades especiales y 8 de cada 10 de ellos estudia en centros ordinarios. Informa Ainhoa Caballero.
El color naranja se ha convertido en símbolo de protesta de la educación concertada contra la nueva ley de Educación, conocida como 'ley Celaá'. Los colegios y sus familias la rechazan frontalmente porque consideran que les quita el derecho a decidir el centro que llevar a sus hijos. Hemos visitado dos colegios concertados muy distintos para escuchar sus puntos de vista.
La ley Celaá de Educación ha salido adelante es jueves, muy alejada del consenso. El Gobierno ha logrado la mayoría absoluta por la mínima, tras un debate en el que ha quedado claro lo alejadas que estaban las posturas entre izquierda y derecha.
La división ideológica se podría resumir en estos dos símbolos: la ovación de socialistas y Unidas Podemos, frente a los gritos de "libertad" por parte de diputados de PP, Vox y Ciudadanos. Estos tres han votado en contra al entender que se ataca a la escuela concertada y se limita la libertad de elección de centro educativo.
Además, coinciden en que haber suprimido el castellano como lengua vehicular es una concesión a los independentistas. Por su parte, la ministra de Educación, Isabel Celáa, ha lamentado la falta de consenso y considera que su proyecto es más equitativo y garantiza el uso del castellano en las escuelas.
La Cámara Baja ha aprobado este jueves la reforma de la ley de Educación promovida por la titular de Educación Isabel Celaá por una mayoría de 177 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones; los votos de los socios de la investidura han sido claves: Esquerra, PNV, Más País y Compromís han votado a favor. La ley pasa ahora al Senado y el Ejecutivo espera su aprobación para el primer trimestre del año 2021.
La supresión del castellano como lengua vehicular, las limitaciones a los centros concertados, la religión que no contará para nota son algunas de las claves de la LOMLOE o 'ley Celaá'.
Así han mostrado, en el Congreso, su división durante más de dos minutos partidarios y detractores de la nueva ley de educación, la Lomloe o más conocida como 'ley Celaá'. Frente a los aplausos de quienes respaldan la propuesta del Gobierno, los gritos de "libertad" de la oposición.
El debate sobre el dictamen a la Lomloe o 'ley Celaá' ha acabado este jueves en medio de gritos de "libertad" por parte de diputados del PP y de Vox, entre otros, a la vez que la bancada socialista y la de Unidas Podemos aplaudían a la portavoz educativa de PSOE, Luz Martínez Seijo, que ha defendido la norma. Los gritos y aplausos se han unido al finalizar el turno de palabra de todos los portavoces de Educación de la Cámara baja, que han expresado su defensa o su crítica sobre la que será la octava ley educativa en democracia.
Día de protestas en los centros de educación privada y concertada contra la ley Celaá, de la que hoy se hablado también en el Congreso, donde mañana se votará. Las asociaciones de padres mantienen opiniones encontradas.
Hoy se debate en el Congreso la ley de Educación. Se vota la ponencia de esta reforma con las novedades que se han ido incorporando en el trámite parlamentario y que tendrá que pasar luego por el pleno del Congreso antes de comience su trámite parlamentario en el Senado.
Se prevé una sesión dura con la ausencia de la ministra Isabel Celaá, en la que el foco estará en las enmiendas acordadas que cuentan con los apoyos necesarios y que se van a incluir directamente en ese Proyecto de Ley inicial. Entre ellas, las pactadas con sus socios de investidura como ERC que elimina el castellano como lengua vehicular, o las que afectan a la educación concertada: la prohibición expresa de abonar cuotas a través de fundaciones o impartir extraescolares en horario lectivo; se dejará de financiar a colegios que segreguen por sexo y no se cederá más suelo público para constuir más colegios concertados. PP, Ciudadanos y Vox la llevarán al Constitucional sobre todo por la enmienda sobre la lengua vehicular de ERC. Según fuentes del ministerio, esperan que la LOMLOE esté aprobada a principios del año que viene.
En Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso debatimos la cuestión con dos exministros de Educación: Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona, exministro de Educación con Adolfo Suárez y Mercedes Cabrera, Catedrática de Historia del Pensamiento y Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad Complutense de Madrid y exministra de Educación entre 2006 y 2009.
Casi nueve de cada diez colegios concertados cobran de forma obligatoria una cuota a las familias, a pesar de que deberían ser opcionales al ser centros financiados por fondos públicos, según un estudio realizado por Garlic a 336 colegios. Amparo Núñez, portavoz de la empresa que ha hecho el estudio, asegura que el impago de esas cuotas implica la exclusión del alumno de algunas actividades. Cataluña y Madrid son las comunidades donde se cobran las cuotas más altas. Hay centros pueden llegar a cobrar 950 euros al mes, como el colegio St. Paul's de Barcelona.
Informa Ainhoa Caballero
Radio Nacional ha tenido acceso al dictamen que la Comisión de Educación del Congreso sobre la ley Celaá. Se incluyen nuevas enmiendas que afectan a la concertada. Por ejemplo, se prohíbe expresamente el pago de cuotas a la concertada a través de sus fundaciones o de las extraescolares que estén dentro del horario escolar, una fórmula que utilizan hasta ahora muchos centros para sortear la normativa. Se dejará de financiar, también, a los colegios que segreguen por sexos y no se cederá suelo público para construir nuevos centros concertados. Además, la proximidad al domicilio gana peso a la hora de elegir un centro.
La reforma educativa no va a incluir el castellano como lengua vehicular tras la enmienda aprobada entre PSOE, Unidas Podemos y ERC. En Las Mañanas de RNE, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, lo califica de "tropelía inadmisible" porque "elimina el derecho a poder elegir libremente la lengua vehicular". Critica que ha pasado por las concesiones que se le hace al nacionalismo desde el Gobierno desde hace tiempo y afirma que lo denunciarán al Constitucional, para lo que están buscando también el apoyo del PP. Su grupo pedirá esta mañana la dimisión de la ministra.
Sobre su negociación de los presupuestos con el Gobierno, no presentarán ninguna enmienda para facilitar su aprobación. Su formación se reunió ayer con el Ejecutivo y afirma Bal que no entrarán en ninguna "guerra infantil sobre cuál va primero" porque lo importante es el "contenido" de esa reunión. Afirma que han ido con propuestas que espera que el Gobierno escuche y confía en que este se decante por unos presupuestos moderados y pragmáticos, más valorados por Europa. En relación con esto, dice que ellos nunca han vetado a nadie de las negociaciones puesto que tanto PSOE como Unidas Podemos forman parte del Gobierno y es él el que realiza este proyecto de ley: "¿Cómo vamos a pensar que en unos Presupuestos que son un proyecto de ley del Gobierno no estuviera una parte del Gobierno?" Aunque esto, deja claro Bal, que no se trata de un apoyo al Ejecutivo, pero es lo que el país necesita en este momento. Entre sus peticiones se encuentra la subida del diésel que incluía estos PGE. Afirma que se eliminará mediante una enmienda en la negociación parlamentaria.
En referencia al mecanismo contra la desinformación propuesto por Moncloa, dice Bal que es "inadmisible" en una democracia donde se reconoce la libertad de prensa, de información o de expresión y pone en duda lo que hará la comisión para reaccionar en el caso de que descubra que una noticia es falsa.
