Desde hoy, Estados Unidos endurece su embargo a Cuba al aplicar íntegramente la Ley Helms-Burton, aprobada hace 23 años. Eso supone que los estadounidenses de origen cubano a quienes confiscaron sus bienes durante la Revolución pueden demandar a las empresas extranjeras que se estén beneficiando de esos bienes. Una decisión que podría afectar sobre todo al sector hotelero español que opera en Cuba.
Unas 200 mil demandas, calcula la Administración Trump, podrían presentarse ante los tribunales estadounidenses. Ya hay 6.000 reclamaciones previas en un registro internacional, por terrenos o edificios, por valor de más de 8.000 millones de dólares.
En Cuba, más del 50% de los proyectos son europeos. Bruselas ya ha anunciado que recurrirá a todas las medidas para minimizar las consecuencias de la norma. España es el mayor inversor.
De hecho, empresas como Meliá, Iberostar y Blau gestionan más de la mitad de las habitaciones en Cuba. Meliá por ejemplo asegura que no es propietario de ningún bien que pudiera ser demandado, sino un mero gestor hotelero. El Gobierno español ya trabaja para defender el futuro de las empresas españolas en Cuba, que deberían afrontar las indemnizaciones. Los expertos temen un efecto disuasorio para una isla que necesita 2.000 millones de dólares anuales de inversión para sostener su economía.
