Han acatado la orden judicial, y esta mañana esta pareja de Sueca, en Valencia, ha entregado a su hijo preadoptivo a su madre biológica. Llevaba con ellos tres años pero la madre reclamó su custodia y la justicia le ha dado la razón, por lo que el pequeño volverá con ella a Asturias. El abogado de los padres adoptivos, que ha recurrido la sentencia al Tribunal Supremo, dice que se trata de una aberración jurídica.
El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, recuerda al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que las leyes están para cumplirlas y que no puede saltarse las reglas de juego. "Sería un ejercicio democrático, un ejercicio de confianza en los ciudadanos y en la libertad, promover la aplicación de las leyes que tenemos, y si alguien quiere cambiarlas que lo diga, pero mientras no las cambiemos por sistemas democráticos, el presidente Puigdemont no está por encima de la ley", subraya Catalá (12/09/16).
El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, recuerda al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que las leyes están para cumplirlas y que no puede saltarse las reglas de juego. "Sería un ejercicio democrático, un ejercicio de confianza en los ciudadanos y en la libertad, promover la aplicación de las leyes que tenemos, y si alguien quiere cambiarlas que lo diga, pero mientras no las cambiemos por sistemas democráticos, el presidente Puigdemont no está por encima de la ley", subraya Catalá (12/09/16).
La familia de Manuel Tejeda, muerto hace dos años y medio a causa de un disparo en Badajoz, denuncia que su muerte fue fruto de una carrera de errores que podría haberse evitado. Según su abogado, el primero de estos errores fue un permiso avalado por el Juzgado de Vigilancia penitenciaria que no tuvo en cuenta la peligrosidad del preso que disparó.
El director general de los Registros y del Notariado, Javier Gómez Gálligo, ha anunciado este miércoles que tiene la intención de admitir Lobo como nombre para un recién nacido, tal y como pidieron sus padres.
Gómez Gálligo ha adelantado que ésta será su decisión cuando los padres del bebé recurran ante esta instancia del Ministerio de Justicia la negativa del Registro Civil de Fuenlabrada (Madrid) a ponerle Lobo.
El Registro Civil de esta localidad madrileña denegó la petición de los padres al considerar que Lobo se trata de "un apellido común" en España.
Según una resolución de 2005, no se puede poner como nombre un apellido, con lo que, según Gómez Gálligo, el responsable del Registro de Fuenlabrada "no ha actuado mal, sino que ha seguido el criterio establecido por la propia Dirección General, que es la que ahora va a cambiar el criterio".
Los padres a los que el Registro Civil de Fuenlabrada (Madrid) impidió que llamaran Lobo su hijo recién nacido han asegurado hoy que su lucha ha quedado resuelta, tras conocer que la Dirección General de los Registros y del Notariado admitirá ese nombre.
Ignacio Javierre y María Hernández, el padre y la madre del niño nacido hace unos días, han manifestado su satisfacción por el anuncio hecho por el director general del Registro, Javier Gómez Gálligo, aunque están preocupados por la posibilidad de que un juez le imponga antes otro nombre a su hijo.
La consellera de la Presidencia de la Generalitat, Neus Munté, ha insistido este martes en que mantendrán la hoja de ruta independentista pese a la suspensión del Tribunal Constitucional. Este mediodía, al término de la reunión semanal del Govern, representantes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) han entregado personalmente a los miembros del ejecutivo catalán la resolución del TC por la que suspende las conclusiones del proceso constituyente aprobadas el 27 de julio por la cámara catalana y que abren la puerta a una vía unilateral hacia la independencia.
Las autoridades turcas han detenido ya a 7.500 personas; entre los arrestados hay 103 generales y almirantes, casi un tercio de la cúpula de la Fuerzas Armadas.
Las partes han expuesto sus argumentos sobre la solicitud del español, que ha salido del corredor de la muerte para que se repita su juicio por asesinato, aunque el juez considera que necesita al menos una semana más para tomar una decisión.
Para que las sanciones no queden en papel mojado, la Audiencia Provincial de Alicante impulsa un curso pionero en España. Durará nueve meses y será de carácter obligatorio para reeducar a quienes estén condenados por maltrato animal. Y es que según la Audiencia de Alicante, lamentablemente, cada vez se dan más casos en las redes sociales que hacen apología del maltrato contra los animales.
Sigue la polémica por los mensajes ofensivos en redes sociales contra el torero Víctor Barrio, fallecido al ser corneado por un toro el pasado sábado. La Fundación del Toro de Lidia ha ampliado su denuncia contra 27 mensajes más. El profesor valenciano, que se alegró de la muerte de Barrio en Facebook, dice que le piratearon su cuenta.
El sospechoso de haber raptado hace nueve años al niño Yéremi Vargas en Vecindario (Gran Canaria), Antonio O.B., conocido como "El Rubio", se ha negado a declarar ante el juez que lleva el caso y se ha opuesto a que le tomen el ADN, según ha informado el abogado de la familia del menor.
"El Rubio" comparecía por primera vez ante el juez de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana, pero lo ha hecho en apenas diez minutos, si bien ha estado más de una hora en los calabozos del edificio, a cuya salida para su regreso a prisión el padrastro del niño, Jonatan Guisado, le ha gritado: "¡Cabronazo, dinos dónde está el niño!".
Los afectados por las cláusulas suelo han recibido el fallo con indignación. Los bancos consideran una buena noticia no tener que devolver a sus clientes lo ingresado por las cláusulas antes de mayo de 2013, como valoró el Tribunal Supremo. El quebranto para el sector podría haber superado los 7.000 millones de euros, según estimó en su momento el Banco de España.
El dictamen de la comisión concluye que el accidente del metro fue previsible y evitable, considera que la línea 1 no era segura, que hubo manipulación y responsabilidades del gobierno de Camps. El PP admite errores en la gestión y en el trato a las víctimas, pero descarta otras responsabilidades. Hubo 43 muertos, 47 heridos y ahora se señala a 13 responsables políticos.
