La policía ha remitido un informe a la Audiencia Nacional en el que aporta información sobre la actividad de la banda terrorista ETA. Se trata de un documento con el que se responde a una petición del juez Gómez Bermúdez para investigar una querella por genocidio que interpuso el hijo de una víctima de la banda porque el delito había prescrito y decidió interponerla bajo esta figura ya que las causas por genocidio no prescriben.
La cantante Montserrat Caballé ha aceptado una condena de 6 meses de cárcel y el pago de una multa de casi 250.000 euros para evitar ir a juicio. La soprano está imputada por haber defraudado al fisco unos 500.000 euros. El acuerdo firmado entre Fiscalía, Hacienda y la cantante tendrá que ser ratificado ante el juez.
El conseller de la Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, ha asegurado este martes que no conoce antecedentes de un país democrático "en el que se interpongan querellas por poner urnas", en referencia a la decisión del TSJC de admitir a trámite la querella contra el presidente Artur Mas.
El juez que investiga a la antigua cúpula de CatalunyaCaixa ha dado por concluida la instrucción y ha dejado a un paso del juicio a los exdirectivos Narcís Serra y Adolf Todó, al entender que se aprobaron sobresueldos "en perjuicio y desprecio" de los intereses generales y de la entidad bancaria. El titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona mantiene imputados a Serra y Todó, junto a una cuarentena de miembros del consejo de administración de la entidad que aprobaron las remuneraciones extras, por un delito de administración desleal.
La defensa de la infanta Cristina en el 'caso Nóos' tiene un plazo de veinte días, tras conocerse este lunes el auto de apertura de juicio oral, para presentar sus escritos ante la Audiencia de Palma. Mientras, las reacciones políticas giran en torno a los derechos sucesorios de la hermana menor del rey. Mientras PSOE e IU consideran que debería renunciar a ellos, en el PP creen que se trata de una decisión personal y que, en todo caso, es preferible esperar a la evolución judicial del caso.
La infanta Cristina es imputada en el caso Nóos en abril de 2013, tras estudiar el juez Castro una remesa de correos electrónicos aportada por Diego Torres.
El juez Castro no le aplica la doctrina Botín y la sentará en el banquillo, junto a otras 16 personas, como cooperadora necesaria en dos delitos de fraude fiscal. El juez estima que Cristina de Borbón fue clave para que Iñaki Urdangarin defraudara 337.000 euros a través de la empresa Aizoon. Tendrá que depositar dos millones 600 mil euros de fianza.
Las tres imputadas en la causa que investiga el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, han vuelto a declarar este viernes ante el juez. La instrucción del sumario por este crimen está a punto de acabar. La defensa de la agente de Policía Local imputada en el caso ha asegurado que no había ningún plan para el crimen.
El joven Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como "el pequeño Nicolás", se ha negado a declarar este viernes ante el juez Arturo Zamarriego y ya ha salido de los juzgados sin que se le haya impuesto ninguna medida cautelar.
Su declaración apenas ha durado diez minutos y a su entrada ha sido cacheado con un detector de metales para evitar que me diera algún tipo de grabadoras. A su salida de los juzgados ha explicado que se ha acogido a su derecho a no declarar porque faltaba una documentación en la causa.
La fiscal Consuelo Madrigal ha sido propuesta este viernes por el Gobierno como fiscal general del Estado en sustitución de Eduardo Torres-Dulce y se convertirá en la primera mujer en ocupar el cargo, ha confirmado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, un anuncio que había adelantado por la mañana RNE citando fuentes jurídicas.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, renuncia. En un comunicado, dice que dimite "por razones personales" y que regresa a su plaza de fiscal en el Tribunal Constitucional. Así se lo ha transmitido esta mañana al ministro de Justicia, Rafael Catalá (18/12/14).
Atacar, amenazar o insultar a alguien solo por el hecho de tener una determinada creencia, identidad sexual, origen étnico o estatus social constituye un delito de odio, y el Ministerio de Interior está dispuesto a reforzar su persecución. Para ello ha elaborado un nuevo protocolo que deberán seguir las fuerzas de seguridad, en el que se especifica qué datos deben hacer constar en los atestados, cómo proteger a las víctimas y cómo trasladar el caso inmediatamente a los fiscales especiales. Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intoleracia, nos cuenta si en estos delitos se produce una cierta impunidad.
