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La juez Mercedes Alaya que instruye el caso de los presuntos ERE fraudulentos ha impuesto una fianza de 251.000 euros al dirigente de UGT Salvador Mera y de 471.000 euros al de CCOO Roberto Carmona. Además, declara responsables civiles subsidiarios a los dos sindicatos en caso de que los imputados no puedan pagar las fianzas.