Conversamos con Carlos Castresana, fiscal del Tribunal de Cuentas, que nos presenta su libro Bajo las togas. Errores judiciales y otras infamias (Tusquets Editores). Con él analizamos el escenario actual de la justicia en España, la separación de poderes, la independencia de la justicia y la capacidad y voluntad de rectificación del sistema judicial.
Programa 66. Xurxo Melchor, periodista de La Voz de Galicia especializado en sucesos y tribunales, nos cuenta las novedades en el caso Helena Jubany después de que el juzgado de Sabadell haya decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del principal sospechoso Santiago Laiglesia. Conversamos con Carlos Castresana, fiscal del Tribunal de Cuentas, que nos presenta su libro Bajo las togas. Errores judiciales y otras infamias (Tusquets) y con el que exploramos el escenario actual de la justicia en España. La socióloga y criminóloga Victoria Pascual analiza la corrupción y la negligencia. Neus Sala y el Archivo Digital de RNE dedican Archivo criminal al primer capítulo sobre el asesino Tony King.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido el trabajo "impecable" del Hospital de Torrejón después de que El País publicara esta semana un audio del ya dimitido consejero delegado del Grupo Ribera Salud, Pablo Gallart, ordenando subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este viernes que el Gobierno regional erradicará "con contundencia" cualquier mala práctica que se produzca en la atención sanitaria a los pacientes, tras la polémica por las grabaciones del CEO del Hospital de Torrejón que pedía aumentar listas de espera para mayor rédito económico. Díaz Ayuso ha afirmado que actuará "con la información necesaria en la mano, sin contemplaciones, con responsabilidad y coherencia", en defensa del sistema sanitario y los madrileños.
"Ni ellos ni ningún paciente serán tratados de una u otra manera por ningún motivo, ni por negocios ni por otros intereses. Esto es algo de lo que siempre nos hemos ocupado y no dudaremos, llegado el caso, en actuar con contundencia desde la Comunidad", ha subrayado.
En una intervención en un acto institucional, la presidenta madrileña ha mencionado el escándalo tras la publicación de la grabación de Pablo Gallard, CEO grupo sanitario Ribera Salud, que gestiona el centro, pidiendo aumentar las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes o procesos no rentables, una polémica que el Ministerio de Sanidad investigará para esclarecer si se han cometido irregularidades.
FOTOGRAFÍA: DIEGO RADAMÉS / EP
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que la investigación abierta por su departamento sobre la polémica del caso del Hospital Universitario de Torrejón, en el que se dejaban pacientes en lista de espera para maximizar los beneficios, acercará pruebas de la connivencia entre el PP de Madrid y la sanidad privada: "El audio que hemos conocido pone voz a las sospechas que hemos tenido muchos años. Esas empresas privadas parasitan nuestra sanidad, y la señora Ayuso ha engordado las cuentas de Quirón y Ribera Salud en más de 5.000 millones de euros".
García habla de un "deterioro de la sanidad pública" gracias a un modelo en el que las operaciones que entrañan mayor dificultad (cardíacas, transplantes, neonatos...) se derivan a la privada para generar un mayor beneficio para esas empresas. "Se está pervirtiendo el derecho que tienen los pacientes a ser tratados de la misma manera, porque estas empresas favorecen sólo a los pacientes que quieren atraer", ha cargado la titular de Sanidad. En este sentido, ha arremetido contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a la que acusa de "diseñar un entramado con su ingeniería financiera para favorecer a estas empresas". "La Comunidad debería ser la interesada en revertir este modelo, y les instamos a que investiguen irregularidades. Pero lo que hay detrás es corrupción institucional; no es un fallo del sistema: es exactamente el sistema que defienden".
Sobre la retirada de España del Festival de Eurovisión ante la decisión de la UER de mantener a Israel, García está de acuerdo: "Israel sigue cometiendo un genocidio, y debería estar fuera de organismos internacionales culturales y deportivos".
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha avanzado que su Ministerio estudiará "todas las vías legales" para investigar lo que denomina "corrupción institucional" en la sanidad madrileña y denuncia el "flujo incesante de pacientes y dinero de la pública a la privada" como "modus operandi" para beneficiar a grupos privados como Ribera o Quirón en la región.
Así lo ha dicho en una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, donde ha insistido en que el modelo del PP en la sanidad se centra en una "desviación de pacientes con la connivencia de Ayuso y de la Comunidad de Madrid". Lo ha denominado "parasitación público- privada".
Así se ha referido al ser preguntada por la grabación del CEO del grupo Ribera, que gestiona el hospital público de Torrejón de Ardoz, en Madrid, y dado a conocer por El País. En el audio pide a sus mandos realizar menos intervenciones o rechazar pacientes o procesos menos rentables, a costa de subir las listas de espera, para aumentar el beneficio en "cuatro o cinco millones".
Hospital público con gestión privada. Es el Modelo Alzira, un modelo que nace a finales de los 90 con la apertura del Hospital La Ribera, en Alzira, en Valencia. Ese hospital se desprivatizó y solo queda un centro con este modelo en la Comunidad Valenciana, el Hospital Universitario de Vinalopó. En los años 2000, el gobierno de Esperanza Aguirre introdujo este sistema en la Comunidad de Madrid. El Hospital de Torrejón es un ejemplo, pero hay más.
FOTO: Eduardo Parra / Europa Press
La difusión en el diario 'El País' de unas grabaciones de voz del consejero delegado (CEO) del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, han desatado una tormenta política. En ellos, Gallart aboga por no agilizar la lista de espera de pacientes para reducir costes y agrandar beneficio.
La empresa ha alegado que estas declaraciones están sacadas de contexto, pero la Comunidad de Madrid la ha convocado de urgencia y no descarta tomar medidas. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que estos mensajes evidencian el modelo sanitario del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Foto: Europa Press/Eduardo Parra
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado este miércoles en el programa 'Mañaneros 360' de TVE el modelo sanitario de la Comunidad de Madrid por las supuestas prácticas de la empresa concesionaria del Hospital de Torrejón de Ardoz para "aumentar su beneficio económico", después de que el diario El País haya publicado un audio del CEO del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, en el que pide rechazar pacientes o procesos no rentables.
"El modelo del Partido Popular, el modelo de la señora Ayuso, lo hemos escuchado de manera obscena en un audio, básicamente (...) Y cuando dice la Consejería y la Comunidad de Madrid que lo va a investigar, no es que lo vaya a investigar, es que es el modelo que está promoviendo (...) Esto es lo que nos ofrece el propio Gobierno de la Comunidad de Madrid, que es priorizar los negocios por encima de la salud", ha declarado García durante una entrevista en el programa 'Mañaneros 360' de TVE.
Tras ello, ha prometido iniciar "todas las acciones legales necesarias" desde Sanidad y desde Más Madrid para llegar "hasta el final" de la investigación y "poner en orden" este modelo "depredador". FOTO: EFE / OLIVER HOSLET
Un fiscal que expone errores en la justicia. Esta semana en Al margen de la ley conversamos con el fiscal del Tribunal de Cuentas Carlos Castresana, que nos presenta su libro Bajo las togas. Errores judiciales y otras infamias (Tusquets). Escúchalo el sábado a medianoche, una hora menos en Canarias, en RNE y Radio 5.
Decenas de miles de personas han participado este domingo en la protesta convocada por el PP en el Templo de Debod en Madrid para exigir la dimisión de Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo y la convocatoria de elecciones generales. "El sanchismo está en la cárcel y debe salir del Gobierno", ha dicho el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ante todos ellos, en un acto al que han acudido numerosos dirigentes 'populares', entre ellos los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy.
En el día en que José Luis Ábalos y Koldo García han ingresado en prisión preventiva en Soto del Real, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general de PSPV-PSOE, Diana Morant, ha subrayado que es una imagen "que no gusta ver, y que afecta en lo personal", pero que su formación "ha actuado con contundencia desde hace mucho tiempo contra estos sinvergüenzas". Sobre la posibilidad de que Ábalos 'tire de la manta', Morant pone su "plena confianza" en el presidente del Gobierno: "Lo que hay es un intento desesperado de ser un chivo expiatorio que le puede valer para su defensa".
Además, coincidiendo con la proclamación de Juanfran Pérez Llorca como nuevo president de la Comunidad Valenciana de la mano de Vox, la ministra ha lamentado que la Comunidad se convierta en un "laboratorio de la ultraderecha", y ha apuntado a una línea continuista con la gestión de Mazón: "Ha sido una investidura fake. Han hecho todo lo posible para que parezca que las cosas cambian sin cambiar nada". "Los valencianos y valencianas teníamos que haber podido decidir sobre nuestro futuro", ha afirmado.
En lo referido a la manifestación en Madrid en defensa de la universidad pública, Morant ha arremetido contra la Comunidad madrileña y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso: "La infrafinanciación a la que está sometiendo a la universidad pública la pone en grave peligro. La asfixia es total".
Sobre la crisis en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), objeto de una investigación por una supuesta trama de corrupción, la responsable socialista defiende el trabajo de sus profesionales y reivindica su trabajo: "No hay cosa que me duela más que, en un momento en que estamos invirtiendo más que nunca en investigación, cualquier euro destinado a ello pueda haber sido redirigido de manera irregular".
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha tachado de "profundamente injusta" la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de datos, y ha considerado que "hay gente politizando la Justicia" y "usando la Justicia para hacer política".
En una entrevista en Mañaneros 360 de TVE, López ha asegurado que la condena lanza un "mensaje demoledor": "¿Si se empieza condenando a un inocente sin pruebas, vamos a acabar liberando a un culpable con todas las pruebas?", se ha preguntado. También ha lamentado que la sentencia muestra que "los periodistas han mentido", algo que ha tildado de muy grave.
Sobre la petición de dimisión del Gobierno que ha hecho el PP, López ha ironizado con que los 'populares' piden la dimisión "una vez cada media hora".
FOTO: El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en un acto. EFE/Mariscal
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado al Tribunal Supremo de desplegar una "guerra sucia judicial y política" para "quitarse de en medio" al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para "tapar la corrupción" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su pareja, Alberto González Amador.
En una entrevista en La Hora de La 1, Belarra ha defendido que el Supremo ha condenado a "una persona inocente" y cree que eso manda un mensaje claro a quien intente "perjudicar" los "intereses políticos" de Ayuso y trata de "amedrentar" a los que vengan "detrás".
La líder de los 'morados' ha criticado que el Alto Tribunal haya avanzado el fallo sin haber redactado la sentencia y cree que lo hicieron para hacerlo coincidir con el 20 de noviembre, día del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, lo que a su juicio, quiere decir que la Justicia en España "no hizo la transición democrática".
FOTO: Ione Belarra, en una rueda de prensa en el Congreso. EFE/ Mariscal
El fiscal general negaba hace solo una semana haber filtrado el correo con los datos de González Amador. Durante el juicio no contestó a las preguntas de la acusación, solo a las de la Fiscalía y la abogacía del Estado.
En el juicio, Álvaro García Ortiz se quitó la toga para declarar. Se le acusaba de filtrar un correo del novio de Ayuso para llegar a un acuerdo con la Fiscalía. "La verdad no se filtra, la verdad se defiende", señaló el fiscal.
"El fiscal general me ha matado", indicó en su declaración el novio de Ayuso, Alberto González Amador, que denunció una persecución. "O me voy de España o me suicido", declaró.
El jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, admitió su bulo: "No tengo ninguna fuente, es una deducción lógica". Bulo desmentido por varios periodistas, que ante el tribunal, exoneraron a García Ortiz. "Sé que es inocente porque conozco la fuente, pero no puedo decirla", afirmó uno de los periodistas citados a declarar.
Por su parte, la Guardia Civil le considera responsable de la filtración. En cambio, la defensa cuestionó la investigación: "Todo lo que se ha filtrado estaba en poder de la Fiscalía y de 600 personas más".
FOTO: EFE/J.J. Guillén
Solo una semana después del juicio a Álvaro García Ortiz, el Tribunal Supremo compuesto por siete jueces condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. También deberá pagar una multa de 7.200 euros y a una indemnización para Alberto González Amador, novio de Díaz Ayuso, en concepto de daños morales de 10.000 euros. Se trata de una pena mucho más baja de la que pedían las acusaciones que reclamaban hasta 12 años de inhabilitación y seis años de cárcel. La decisión del Supremo no es unánime, hay dos votos particulares, el de Ana Ferrer y la que iba a ser la ponente, la magistrada Susana Polo.
Repasamos la sentencia y el juicio al fiscal general del Estado con Gema Alfaro.
García Ortiz ha defendido, una vez más, su inocencia ante los siete magistrados del Tribunal Supremo que le han juzgado. Ante la pregunta de si se considera "autor responsable de los delitos que se le imputan", el fiscal general respondía con un rotundo "No". El querellante, Alberto González Amador, le había denunciado previamente ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por supuesta revelación de secretos: "yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. Estaba muerto. Me había matado públicamente". Igual que él, han pasado por allí fiscales, policías y muchos periodistas. Porque una de las claves es si Álvaro García Ortiz filtró la cadena de correos que aclaraban la situación de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Los correos ya les habían llegado mucho antes a decenas de informadores. Es el caso de José Precedo, el periodista de elDiario.es que publicó la noticia del presunto fraude fiscal de González Amador en marzo de 2024. Precedo ha afirmado, ante los jueces del Supremo, que "en 22 años de carrera, Álvaro García Ortiz no me ha pasado un papel nunca. Y nunca es nunca. Y ahí tengo un dilema moral porque yo sé quién es la fuente de esta historia". La fiscalía llegó a emitir una nota de prensa tratando de desmentir el bulo que apuntaba a un supuesto pacto que le habrían propuesto, precisamente, desde la fiscalía. Hubo distintas filtraciones, en distintos tiempos. La cuestión, vista para sentencia, es si el fiscal general del Estado también lo hizo. Es la razón por la que se ha sentado en el banquillo.
Sanidad va a llevar a la Comunidad de Madrid a los tribunales y dice que Isabel Díaz Ayuso está en rebeldía. Es el único territorio que se ha negado a respetar la ley del aborto y a presentar un registro de objetores. La Comunidad de Madrid no considera legal lo aprobado por las Cortes Generales y no va a cumplir sin sentencia de por medio. En el informativo 24 horas Fin de Semana, Angela Alemany, portavoz de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, cree que Madrid debería cumplir con la ley "o haberla impugnado en su momento si consideraban que esa parte de la ley no era legal". Critica que la administración regional no tuvo ese criterio con la ley de la eutanasia, que también requería un registro de objetores. Este sirve para "garantizar el servicio para las mujeres que quieran abortar".
A las doce de la noche de este viernes termina el plazo que el Gobierno central le dio a Madrid, Baleares y Aragón para poner en marcha el registro de médicos objetores del aborto como marca la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo. Todas las comunidades aseguran que van a cumplir la ley, que ya lo han puesto en marcha, menos Madrid.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido este viernes a sus polémicas declaraciones un día antes en las que relacionaba a los inmigrantes con las personas que limpian las casas y recogen las cosechas. Ayuso asegura que se sacaron de contexto y pide que "quien quiera ver el último escándalo de Ayuso, que vaya a ver lo que quiso decir en el contexto completo".
Foto: Marta Fernández / Europa Press
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