Enlaces accesibilidad
arriba Ir arriba

La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, asegura que si la Abogacía del Estado presenta su escrito sobre la situación de Junqueras el lunes aún habría tiempo para que Pedro Sánchez pudiera ser investido antes de Reyes. No obstante, Celáa ha recordado que la última palabra sobre Junqueras la tiene el Tribuna Supremo que comenzará a deliberar el 3 de enero.

El Gobierno asegura que no dará instrucciones a la Abogacía del Estado respecto a las alegaciones que hará ante el Tribunal Supremo sobre la situación de Oriol Junqueras y pide separar lo judicial de lo político. En Moncloa ponen el foco en las palabras del líder de ERC, ven posibilidades de seguir negociando e insisten en que no renuncian a una investidura antes de que acabe el año.

La portavoz del gobierno, Isabel Celaá, ha pedido pide a ERC que no mezcle la sentencia de Junqueras con la investidura: “La política y la justicia van por caminos separados”, ha dicho Celaá en respuesta a la decisión de ERC de congelar las negociaciones tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad parlamentaria de Oriol Junqueras.

Celaá ha pedido a los independenistas que apuesten por retomar la vía de la política para tratar los temas que afectan a la cuestión catalana. Además ha dejado claro que el gobierno no va a dar instrucciones a la Abogacía del Estado para contentar a Esquerra.

Tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno ha anunciado su intención de que haya un gobierno antes de Navidad. Isabel Celaá ha asegurado que Pedro Sánchez no irá a una investidura fallida y sigue buscando los apoyos que permitan un gobierno progresista. Cree que es esperanzador que haya una reunión del PSOE con ERC el próximo martes. Reconoce que en Cataluña hay un problema político que hay que resolver.

La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, ha cargado contra Vox por impedir declaraciones institucionales contra la violencia de género y a favor de los derechos de la infancia. "Estos admiradores del pasado nos van tener enfrente a este Gobierno de progreso por el que estamos trabajando", ha subrayado la también ministra de Educación y portavoz del Gobierno en funciones. El Consejo de Ministros ha aprobado una declaración del Gobierno con motivo del 25N, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, en la que se compromete a seguir trabajando para "combatir esta violencia en todas sus manifestaciones".
 

Las declaraciones de la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, sobre que el derecho a elegir centro educativo no está incluido en la Constitución ha levantado la polémica. Desde la concertada las críticas no se han hecho esperar. Celaá ha asegurado que las familias "no tienen nada que temer" y que tienen "libertad" para elegir centro aunque insiste en que no es un derecho constitucional.

Los colegios concertados nacieron en nuestro país a mediados de la década de los 80 con el objetivo de universalizar la educación gratuita teniendo escuelas públicas y concertadas en una misma red. Tras su aparición, los centros concertados fueron extendiéndose hasta superar los dos millones de alumnos. De estos, el 60 % está en manos de la Iglesia. Los concertados son actualmente el 25 % de los centros en España.

El vaivén político ha puesto en el disparadero de la justicia a este tipo de colegios. Mientras la ley educativa del PP privilegiaba a la concertada, el proyecto socialista le pone coto.

La ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, ha asegurado durante la inauguración del XV Congreso Escuelas Católicas que el derecho a la libertad de educación no está "de ninguna manera" recogido en el artículo 27 de la Constitución Española, a pesar de que sí lo está. La Conferencia Episcopal, el PP, Vox y Cs han criticado sus declaraciones, que atribuyen al "peligro" de un acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos.

La ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, ha asegurado este jueves que el derecho a la libertad de educación no está "de ninguna manera" recogido en el artículo 27 de la Constitución Española, a pesar de que sí lo está. La Conferencia Episcopal y el PP han lamentado de inmediato las declaraciones realizadas en el XV Congreso Escuelas Católicas.

La Junta Electoral Central ha abierto un expediente al presidente del Gobierno en funciones y a la ministra portavoz. El organismo atiende parcialmente una demanda presentada por el PP. Considera que tanto Pedro Sánchez como Isabel Celaá habrían infringido el artículo 50.2 de la Ley de Régimen Electoral General y habrían vulnerado la neutralidad institucional.

La oposición sigue criticando al Gobierno por la exhumación de Franco. Desde Podemos califican de "vergüenza democrática" que el féretro del dictador saliera a hombros de la basílica del Valle de los Caídos. Según el PP y Cs, Pedro Sánchez debería ocuparse más de los problemas de los ciudadanos que de rehacer la historia. El Gobierno rechaza las críticas y defiende que la exhumación se llevó a cabo con "absoluta dignidad democrática".

El abogado de la familia Martínez-Bordiú Franco ha afirmado este viernes que el supuesto intento de grabación de un momento de la inhumación de los restos del dictador Francisco Franco en el cementerio de Mingorrubio por parte de uno de sus nietos "no es un acto ilegal", a pesar de la prohibición expresa de esa acción por parte del Consejo de Ministros. Sobre esto, la ministra de Cultura y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá ha explicado que "se configuró un espacio para la privacidad" y, por tanto, el Ejecutivo no se siente "en absoluto acreedor de ningún tipo de queja".

La Junta Electoral Central (JEC) pide a la portavoz del gobierno en funciones, Isabel Celaá, que no haga valoraciones políticas con connotaciones electoralistas en las ruedas de prensa posteriores a los Consejos de Ministros. En la última de ellas Celaá afirmó que el PSOE salía a ganar las elecciones lo que motivó la denuncia de Ciudadanos ante la JEC, que ha decidido no sancionar a la portavoz del gobierno.

El Gobierno ha anunciado su intención de impugnar varias de las resoluciones aprobadas el jueves en el Parlament de Cataluña una vez que se publiquen oficialmente, por entender que "son una clara extralimitación" de la cámara legislativa autonómica y "un ataque a la convivencia entre los catalanes", pero ha descartado recurrir a una nueva aplicación al artículo 155 de la Constitución para atajar la situación, porque cree que "no se dan" las circunstancias para ello.