Enlaces accesibilidad

arriba Ir arriba

La Comunidad de Madrid abre una investigación sobre los cursos del Obispado de Alcalá de Henares para curar la homosexualidad tras la denuncia presentada por Podemos.

El vicepresidente regional, Pedro Rollán, ha asegurado que la consejera de Políticas Sociales y Familia, Lola Moreno, ha informado al Ejecutivo de que se han interpuesto dos denuncias a lo largo de la mañana, una de Arcópoli y otra del diputado de Podemos Eduardo Rubiño.

Informa Cristina García.

El exdirector del Instituto de Derecho Público Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Enrique Álvarez Conde ha denunciado haber recibido "presiones" por parte de la Comunidad de Madrid en el conocido como caso Máster y haber sido el "objeto de encarnizadas luchas políticas".
Así lo ha señalado en una declaración leída al inicio de su comparecencia en la comisión de investigación de universidades de la Asamblea de Madrid, en la que también comparecerán Cecilia Rosado y Alicia López de los Mozos, integrantes del tribunal que supuestamente examinó a Cristina Cifuentes, e Ignacio Escolar, director de eldiario.es.

Pedro Rollán, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, asegura en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que a día de hoy no han recibido ningún documento con propuestas del sector del taxi. Aclara que desde la Comunidad "estamos dispuestos a legislar a favor del taxi, siempre y cuando esto no conlleve legislar contra VTC ni contra los intereses de los usuarios, que tienen derecho a elegir el modo de transporte". Rollán afirma que no van a regular la precontratación "ni tampoco vamos a permitir una puerta abierta para que lo haga otra administración". El vicepresidente también ha llamado al ministro Ábalos a que medie en el conflicto. 

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, han anunciado un preacuerdo -que no está completamente cerrado- entre ambas administraciones para regular los vehículos de transporte con conductor (VTC) mediante una "distancia mínima" en la contratación. Es decir, que no se haría mediante tiempo -como Cataluña- y sí por espacio.

El Tribunal de Cuentas condena a la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, a seis de sus concejales y al exresponsable de la Empresa Municipal de la Vivienda a abonar casi 26 millones de euros por la venta de pisos protegidos a fondos buitre. El fallo, contra el que cabe recurso, considera que el procedimiento fue ilegal. Uno de los barrios más afectados por la venta es el Ensanche de Vallecas.