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El consejero madrileño de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo, Enrique López, ha defendido las medidas puestas en marcha por la consejería de Salud de la Comunidad de Madrid y ha criticado que el Ministerio de Sanidad haya "cuestionado los datos" aportados por esta comunidad autónoma: "Cuestionar los datos de la Comunidad de Madrid no es cuestionar al Gobierno de Madrid, es cuestionar al personal sanitario".

Enrique López ha defendido que gracias a las medidas que la consejería de Sanidad puso en marcha el pasado 18 de septiembre en 37 zonas básicas de salud, ampliadas luego a 45, se está produciendo "una bajada" en el número de contagios y en la incidencia acumulada.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid aplicará desde este lunes restricciones de movilidad en tres áreas urbanas para tratar de contener la covid-19. Además de las diez grandes ciudades confinadas, tres zonas básicas de salud contarán con limitaciones. El barrio de Reyes Católicos de San Sebastián de los Reyesasí como los municipios de Humanes y Villa del Prado pasarán a formar parte de esta lista de territorios en los que se prohíbe la entrada y salida de vecinos, salvo por una causa justificada. El Gobierno de la Comunidad de Madrid continúa de esta manera el plan que inició con el confinamiento selectivo de 45 zonas urbanas de la región, pero que quedó obsoleto cuando la mauyor parte de los barrios se vieron afectados por las nuevas restricciones anunciadas por el Ministerio de Sanidad. Informa Juan Carlos Soriano

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, insiste en que las medidas impuestas por el Ministerio de Sanidad en la región lastrarán gravemente la economía. Defiende que su plan ya estaba funcionando y que la intención de Sánchez es atribuirse el éxito. Esto tras el pulso político que han mantenido Moncloa y la Puerta del Sol durante la semana. Una situación, la de Madrid, que también ha sacado a la luz las diferencias entre los socios del gobierno madrileño | Coronavirus: última hora en directo

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo de la Comunidad de Madrid contra la orden del Ministerio de Sanidad que recoge las nuevas restricciones de movilidad, que entraron en vigor este viernes por la noche, según fuentes del Gobierno regional. Concede un plazo de diez días hábiles a la Abogacía del Estado para que se pronuncie sobre las medidas cautelares, lo que implica que si esta agota el plazo, podría contestas el 20 de octubre y la Sala resolvería la situación. 

Puede que la justicia se pronuncia antes sobre si avala la orden de Sanidad o no, porque la formación ultraderechista Vox también ha recurrido a la justicia para pedir no medidas cautelares, sino medidas cautelarísimas. Es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid quien se tiene que pronunciar y lo tiene que hacer en el plazo de 48 horas, por lo que el lunes se puede conocer ese fallo. Informa Ángeles Bazán

Las restricciones en la Comunidad de Madrid afectan a casi 5 millones de habitantes en Madrid capital, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz.

Se limita la movilidad a la ciudad afectada y solamente se podrá entrar y salir de manera justificada, por trabajo, motivos sanitarios o educativos, o por fuerza mayor. En el comercio, se reduce a la mitar su aforo y deberán cerrar a las 22h. En bares y restaurantes, se reduce al 60% en terrazas y al 50% en el interior, y máximo 6 personas por mesa. La hora de cierre serán las 11 de la noche pero deberá dejar de atender clientes a las 22h.

Según el consejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, afirma que estas medidas "no van a ser efectivas". Por el momento, no habrá sanciones ya que la orden debe ser ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Informa Pepi Martín.

El consejero de Políticas Sociales, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero (Cs), que mantuvo un enfrentamiento con el de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), por la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia, ha presentado este viernes su dimisión por carta a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En la misiva, a la que ha tenido acceso, Reyero señala que su decisión ha sido "meditada" porque ve necesario "cerrar una etapa, dar un paso al lado", y se despide pidiendo "unidad entre las instituciones" para vencer al virus.

Las medidas están en el centro del choque político entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. El gobierno regional va a acatar estas medidas, pero no las comparte. Ya han presentado un recurso en los tribunales para revertir las restricciones que afectarán a los habitantes de Madrid y otras nueve ciudades de la comunidad. Acusan al Gobierno de invadir sus competencias y creen que las nuevas restricciones serán ineficaces y tendrán un "impacto económico negativo totalmente injustificado". 

Según el juez Ignacio González Vega, el "caballo de batalla para Madrid es que el acuerdo del viernes del Consejo Interterritorial no fue por consenso". "Yo entiendo que puede ser por mayoría, y se tiene que poner en evidencia los daños y perjuicios que la no suspensión tendría para la Comunidad de Madrid. Mientras los tribunales deciden, la norma seguirá en vigor", ha señalado en una entrevista en el Telediario.

Es decir, en espera del aval del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a las medidas, no se podrá sancionar el incumplimiento de estas. "Serán meras recomendaciones sin ningún tipo de sanción", ha dicho González Vega, que estima "un plazo máximo de cinco días" para que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dé su respuesta".