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El presidente madrileño Ignacio González ha anunciado hoy que a finales de 2012 compró el ático de Marbella que va a investigar un juzgado de Estepona. El juez ha pedido a Hacienda toda la información sobre la sociedad radicada en un paraíso fiscal que, anteriormente, tenía a su nombre el inmueble. La investigación parte de una denuncia del Sindicato Unificado de Policía por posibles irregularidades. La fiscalía anticorrupción decidió archivar aquella denuncia al no encontrar indicios de delito. Los socialistas madrileños han pedido la dimisión de Ignacio González porque dicen que está inmerso en un presunto caso de corrupción. Hasta ahora el presidente madrileño había afirmado que alquilaba el ático. Hoy ha revelado que en diciembre lo compró por 770.000 euros.

En Madrid el gobierno regional no suspenderá la tasa del euro por receta, hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso anunciado por el gobierno central. El gobierno de la Comunidad dice que la regulación es distinta a la de Cataluña y que es una medida necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario. Asegura que tiene competencia para cobrar esta tasa y que en estas dos semanas que se lleva aplicando han sido muy pocas las personas que se han negado a pagarla.

El exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Juan José Güemes ha anunciado este martes que ha presentado su dimisión como consejero de la empresa Unilabs después de que se conociera que esta firma se había hecho con el contrato de los análisis clínicos para seis hospitales que él mismo adjudicó en 2009 cuando estaba aún en el Gobierno regional. Juan José Güemes, que ha hecho pública su renuncia en la presentación de la Spain Startup & Inversors Summits 2013, ha explicado que toma esta decisión porque cree que con la polémica ha "perdido algo de libertad en la defensa" de sus ideas y de sus "profundas convicciones en apoyo a la colaboración público-privada" en el sector sanitario.

       
  • Desde el 1 de enero los madrileños tienen que pagar un euro por cada receta
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  • La calle acoge la medida entre la indignación y la resignación
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  • Los usuarios objetores deben rellenar un formulario en las farmacias
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  • Los farmacéuticos se quejan del gran trabajo administrativo que conlleva
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  • Sanidad asegura que podrá reclamar ese pago con un recargo del 20%