Continúan las reacciones por el plan contra la desinformación del Gobierno. Su publicación este jueves en el BOE hizo saltar las alarmas en la oposición, que lo ven como un intento de controlar a los medios de comunicación.
La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha explicado este viernes que el Gobierno no pretende limitar la libertad de expresión de los medios de comunicación con su plan contra la desinformación, sino "limitar" que se puedan vehicular "falsedades" a través de los mismos.
Tras esas quejas, fuentes de la Comisión Europea señalan que Bruselas lo está estudiando.
Moncloa sale al paso de la tomenta política por su plan contra la desinformación. Asegura que es un mecanismo para garantizar la seguridad y que la nueva comisión permanente no recortará derechos; ni servirá para controlar a los medios, como denuncia la oposición. Desde el PP amenazan con llevarlo a Europa si ven capacidad de censura. Tampoco cuenta con el beneplácito de Vox ni de Ciudadanos. Desde Bildu señalan que hay que tratar el fenómeno de las "fake news" pero manteniendo la libertad de expresión. Informa Daniel Hernández.
La reforma educativa no va a incluir el castellano como lengua vehicular tras la enmienda aprobada entre PSOE, Unidas Podemos y ERC. En Las Mañanas de RNE, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, lo califica de "tropelía inadmisible" porque "elimina el derecho a poder elegir libremente la lengua vehicular". Critica que ha pasado por las concesiones que se le hace al nacionalismo desde el Gobierno desde hace tiempo y afirma que lo denunciarán al Constitucional, para lo que están buscando también el apoyo del PP. Su grupo pedirá esta mañana la dimisión de la ministra.
Sobre su negociación de los presupuestos con el Gobierno, no presentarán ninguna enmienda para facilitar su aprobación. Su formación se reunió ayer con el Ejecutivo y afirma Bal que no entrarán en ninguna "guerra infantil sobre cuál va primero" porque lo importante es el "contenido" de esa reunión. Afirma que han ido con propuestas que espera que el Gobierno escuche y confía en que este se decante por unos presupuestos moderados y pragmáticos, más valorados por Europa. En relación con esto, dice que ellos nunca han vetado a nadie de las negociaciones puesto que tanto PSOE como Unidas Podemos forman parte del Gobierno y es él el que realiza este proyecto de ley: "¿Cómo vamos a pensar que en unos Presupuestos que son un proyecto de ley del Gobierno no estuviera una parte del Gobierno?" Aunque esto, deja claro Bal, que no se trata de un apoyo al Ejecutivo, pero es lo que el país necesita en este momento. Entre sus peticiones se encuentra la subida del diésel que incluía estos PGE. Afirma que se eliminará mediante una enmienda en la negociación parlamentaria.
En referencia al mecanismo contra la desinformación propuesto por Moncloa, dice Bal que es "inadmisible" en una democracia donde se reconoce la libertad de prensa, de información o de expresión y pone en duda lo que hará la comisión para reaccionar en el caso de que descubra que una noticia es falsa.
En Las mañanas de RNE, nuevo momento de análisis y reflexión en el 'Café Aspen', esta vez, desde la capital de Estados Unidos, Washington D.C. ¿Cómo pueden influir las elecciones presidenciales de EE.UU. de mañana en el panorama global? ¿Qué está en juego en las relaciones con la Unión Europa, América Latina o España?. Lo analizamos con José María de Areilza, secretario general del Aspen Institute de España, Fiona Maharg y Juan Moscoso del Prado. "Estados Unidos está totalmente dividida en dos mitades, cada mitad piensa que es un desastre que el rival ganase", cuenta Areilza. Por su parte, Moscoso del Prado afirma que "es la primera vez que se llega a este grado de polarización en unas elecciones". "Biden ha sabido reunir el apoyo de mucho del espectro demócrata y de muchos republicanos que están deseando que gane Biden para reconstruir su partido", explica Maharg.
Ni el Gobierno ni la Comunidad de Madrid quieren ahondar en la polémica por el cierre de la región solo durante el puente, pero sus explicaciones chocan. Mientras la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, agradece al Ejecutivo central que lo haya autorizado; el ministro de Sanidad, Salvador Illa, asegura que ellos no tienen que autorizar nada y emplaza a la reunión el Consejo Interterritorial del próximo miércoles, donde se establecerán criterios uniformes. [Coronavirus: última hora en directo]
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reconocido que el Gobierno llegó tarde en la primera ola a cubrir las necesidades de conciliación laboral de millones de familias que tuvieron que quedarse en casa cuidando a sus hijos. "Somos conscientes de que este ha sido el principal reto de las familias y no llegamos a tiempo en la primera hola. Hacemos autocrítica y en los Presupuestos vamos a poner la primera semilla para mejorar la conciliación. Pero en Navidad las familias todavía van a tener que hacer malabares". Montero ha insistido en que es fundamental cuidar las políticas de conciliación para repartir los cuidados en la sociedad y asegurar que las mujeres no tengan que renunciar a su trabajo. "Si no hacemos política públicas de conciliación, la crisis se sostendrá de nuevo en lo hombros de las mujeres", ha asegurado.
El ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado en La Hora de La 1 que cuando acabe la legislatura no habrá "deficit en las pensiones". Los Presupuestos Generales del Estado para 2021, ha explicado, "por primera vez incorporan una asunción por parte de la Administración Central de los gastos que llamamos impropios" y el Gobierno ha identificado 22.000 millones de "gastos impropios". En este Presupuesto "se aborda una primera dimensión del problema por valor de 12.000 millones.
El resultado a favor ha sido holgado: 194 votos a favor, entre los que se cuentan los votos de los dos partidos de Gobierno, así como otros como Ciudadanos, PNV o Esquerra; 99 abstenciones de PP y Bildu, así como la mitad de Junts, y solo 53 votos en contra, Vox y Foro Asturias. El estado de alarma se revisará, eso sí, en marzo y en ese tiempo Sánchez comparecerá cada dos meses e Illa, mensualmente. Informa Sandra Gallardo.
El Tribunal Supremo ha reconocido que el Banco Santander, Caixabank y Bankia tienen derecho a que el Estado les devuelva los más de 1.350 millones de euros que adelantaron para facilitar el cierre del proyecto Castor, el fallido almacén submarino de gas frente a las costas de Castellón.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha dicho que el Ejecutivo no cambiará el decreto del estado de alarma para hacer frente al coronaviruscomo ha pedido la Comunidad de Madrid, que solo lo quiere cerrar la región unos días.
En este sentido, ha considerado "lamentable" la posición de su presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por tener el objetivo único de ir "en contra" de lo que decida el Gobierno central o lo que adopten otras comunidades.
En declaraciones a los periodistas en el Instituto Cervantes, Calvo ha dicho que Ayuso pretendía que el Gobierno permitirse el cierre perimetral solo durante el puente y no los siete días mínimos que marca esta norma. Ha recordado que dicho decreto se está debatiendo este jueves en el Congreso y ha considerado que la presidenta autonómica hace esta petición de forma "calculada" para crear mucha más confusión.
En el debate sobre la prórroga del estado de alarma, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se dirige a Pablo Casado: "No quisiera estar en su lugar. ante la mayor calamidad en un siglo, no ha querido estar ni en mi lado ni en el de este Gobierno. Este es el sentido de su abstención, la de la ausencia de su sentido de Estado" pero concluye solicitándo al líder del PP su apoyo porque "aún tiene tiempo de rectificar su voto".
En el debate sobre la prórroga del estado de alarma, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se dirige a Casado y le reprocha: "Ha hablado mucho pero no le he escuchado ningún argumento sanitario". También ha matizado que son "estas Cortes son las que deciden sobre el estado de alarma" por lo que el Gobierno se somete al control parlamentario para luchar contra la pandemia de coronavirus.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que cerrará la región sólo los días de puente de los próximos dos fines de semana. Ayuso desafía de esta forma al Gobierno que confirmó que el periodo para confinar perimetralmente a través del estado de alarma es de un mínimo de siete días.
El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, defiende el apoyo de su grupo a la prórroga del estado de alarma: "Necesitamos un marco estable para poner y quitar medidas y eso es lo que hace este estado de alarma, que es totalmente diferente al anterior. No es que ponga unas medidas y vayamos a estar seis meses. No, se pone la agilidad para poder ponerlas y quitarlas, si la cosa evoluciona bien no tendrán por qué ponerse, pero tenemos el instrumento jurídico para ello".
