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El consejero valenciano de Hacienda José Manuel Vela ha dimitido hoy poco antes de ser imputado por el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana por la supuesta filtración de un documento que reclamaba la juez del caso Cooperación. Este caso investiga el supuesto fraude de ayudas públicas a ONGs. El Tribunal Superior de Valencia imputa a Vela delitos de encubrimiento, revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos. Investiga si este informe que Vela hizo llegar hace una semana al diputado del PP Rafael Blasco, imputado en el Caso Cooperación, es el mismo que reclama la juez del caso a la intervención general de la Generalitat. El juez, de hecho, también ha imputado al interventor de la Generalitat.

En Valencia el juez Flors ha imputado esta mañana al consejero de Hacienda, José Manuel Vela por revelación de secretos y encubrimiento a un imputado. Poco antes de conocerse la imputación, Vela ha dimitido. La justicia investiga si este documento que Vela hizo llegar hace una semana al diputado del PP Rafael Blasco, imputado en el Caso Cooperación, es el mismo que reclama la juez del caso a la intervención general de la Generalitat. El juez, de hecho, también ha imputado al interventor de la Generalitat. En el caso Cooperación se investiga el supuesto desvío de dinero destinado a oenegés cuando Blasco era consejero de Solidaridad. Vela ha negado hoy esa filtración.

Cada año Japón celebra una semana en la que enseña lo mejor de su arte y su cultura en una ciudad del mundo para favorecer las relaciones. Este año han elegido Valencia.

El 98 por ciento de las farmacias de la comunidad valenciana no ha abierto hoy sus puertas, según datos de los farmacéuticos. Se trata de un cierre indefinido, por la deuda de 450 millones de euros que la Generalitat mantiene con ellos desde el mes de mayo. La Consejería de Sanidad asegura que no habrá desabastecimiento.

La Comunidad Valenciana pidió también en su día ayuda al fondo, concretamente 4.500 millones de euros. Hoy la Generalitat ha anunciado que suprime 46 empresas públicas y reduce la plantilla en 3 mil trabajadores, aproximadamente el 40 por ciento del total. El Consejero de Economía dice que con esta medida esperan ahorrar hasta 315 millones de euros.

En Valencia, unas 6.000 personas, según los organizadores, se han manifestado para exigir a la Generalitat que pague los más de 15 millones de euros que debe a la atención de las personas con discapacidad intelectual. El Gobierno valenciano ha pedido disculpas por no poder pagar sus deudas.