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A menos de un mes para las elecciones, el Gobierno ha aprobado una de las mayores ofertas de empleo público, la mayor en los últimos 11 años. En total se han convocado 33.793 plazas de las cuales 20.781 están destinadas a la Administración General del Estado y 5.561 a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El Ejecutivo ha explicado en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que ha tomado esta decisión pactada con los sindicatos por el envejecimiento de la plantilla del sector público cuya media de edad está por encima de los 52 años.

En España hay una tendencia clara hacia un empleo fijo. Esta fiebre se demostró el año pasado, con la mayor oferta de funcionarios desde la crisis.

Ahora, con la nueva oferta de empleo público que acaba de presentar el Gobierno, se espera otra avalancha de opositores en las academias a las que muchos llegan sin ni quiera saber a qué se quieren presentar.

Informa Noemí Martínez.

Penúltimo Consejo de Ministros antes de que comience la campaña electoral, y el Gobierno sigue presentando y aprobando medidas. Este viernes va a dar luz verde a la estrategia frente al reto demográfico, la regulación de las condiciones para el autoconsumo eléctrico, revisará un informe sobre las cuentas públicas en 2018 y previsiblemente va a aprobar una oferta pública de empleo que puede ser mayor que la de 2018.

En declaraciones a RNEMiguel Borra, presidente del sindicato CSIF, se muestra satisfecho con el acuerdo alcanzado porque según explica se intenta compensar los 38.000 empleos perdidos en los últimos años. Se cubre en su opinión las necesidades de los próximos años. Las jubilaciones, dice, van a aumentar ya que la Administración General del Estado está muy envejecida.

El Gobierno ha mejorado este jueves su propuesta inicial para la oferta de empleo público de 2019 en la Administración General del Estado (AGE), al elevar a 11.338 las plazas de acceso libre y a 8.350 las plazas de promoción interna.

Estas casi 20.000 plazas formarán parte de la oferta de alrededor de 31.000 plazas que aprobará este viernes el Consejo de Ministros.

Una información de Aitor Sánchez.

El gobierno ultima varios decretos sociales y laborales para aprobar antes de que se disuelvan las cortes. Este martes 26 de febrero el ministerio de Trabajo ha suspendido una reunión con los agentes sociales sobre la reforma laboral y asegura que no será este viernes cuando derogue algunos aspectos de la reforma laboral. Sin embargo, no descarta derogarla parcialmente más adelante. UGT le había dado de plazo hasta hoy para conocer medidas concretas sobre la reforma de las pensiones. Los partidos políticos critican que lo haga por decreto. El objetivo del Gobierno, según ha anunciado, es la recuperación de derechos laborales, retributivos y derechos sociales, la derogación de los aspectos lesivos de la reforma laboral y la reducción de la desigualdad de género. Y pretende sufragar todas estas medidas con los mayores ingresos de la Seguridad Social derivados del alza del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y las cotizaciones.

Este mes de enero de 2019 arranca con el aumento de las pensiones entre un 1,6 y un 3%, la subida del salario de los funcionarios un 2,25% y el ascenso del salario mínimo más de un 22%, hasta los 900 euros. Renfe sube un 3,5% el precio de los trenes de Media Distancia y un 7% el de los Avant. Mantiene congelado el precio de los Cercanías y el de AVE y Larga Distancia. Subirán los combustibles y bajará el gas natural.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Gobierno aprobará la subida salarial pactada con los funcionarios por el anterior Ejecutivo en el Consejo de Ministros que se celebrará este viernes en Barcelona. De esta forma, los empleados públicos verán incrementado su salario en un 2,25% a partir del próximo 1 de enero.

Los funcionarios de Justicia que este viernes están en huelga han cortado parte de la Gran Vía de Madrid y han secundado también protestas en otras ciudades españolas. Unos 50.000 funcionarios de la Administración de Justicia estaban convocados a esta huelga general, la primera de este sector en más de 20 años.

Protestan por la reforma de la Ley del Poder Judicial que, según los sindicatos, va a suponer despidos y traslados forzosos. Hoy son los funcionarios de Justicia y el lunes serán los jueces y fiscales los que están convocados a una huelga. Según los convocantes, el seguimiento está siendo del 80%.

Las medidas pactadas entre sindicatos y Gobierno para la conciliación de la vida laboral y familiar de los funcionarios se aplicarán aunque no haya nuevo presupuesto en 2019, según ha dicho María Ángeles Mur, secretaria nacional de Igualdad del sindicato CSIF, que ha calificado de “históricos” estos acuerdos. Entre lo acordado, se elevará el permiso de paternidad de cinco semanas a ocho en 2019 y de manera progresiva hasta 16 semanas en 2021. Además, habrá una bolsa de horas equivalente al 5% de la jornada anual para el cuidado de hijos o de mayores.