El Sindicato Unificado de Policía ha entregado al juez que investiga el caso Palau el borrador del informe policial que, según el diario El Mundo, demuestra que las familias de Mas y Pujol tienen cuentas opacas en el extranjero. El SUP ha distribuido ese informe también a los medios de comunicación y dice que fue realizado por policías. En Bruselas, los medios de comunicación le han preguntado a Mariano Rajoy por este asunto y por las acusaciones que Artur Mas vierte contra el Gobierno.
Uno de cada cinco italianos defrauda a hacienda. Es una de las conclusiones a las que ha llegado la agencia de recaudación transalpina al analizar los resultados del 'redditometro'. Durante los últimos doce meses, a modo experimental, se ha comprobado los ingresos y gastos de los italianos para verificar su coherencia. Una de cada cinco familias del país declara ingresos muy próximos a cero y en muchos casos esto es incompatible con la declaración de sus gastos.
El 'redditometro' es un instrumento en la lucha contra el fraude y que Roma quiere ponerlo en marcha el año que viene. En el se cotejarán los ingresos con los gastos de todo tipo: alimentación, transportes, hipoteca... Hay una lista de 100 tipos diferentes de gastos. Al final, se dictaminará si es coherente o no coherente, informa Iñaki Diez, corresponsal de RNE en Roma.
A partir de hoy, está prohibido pagar 2.500 euros o más en efectivo. Esta nueva norma afecta a operaciones en las que haya, al menos, un empresario o un autónomo y forma parte de la nueva Ley Antifraude. Hoy el ministro de Hacienda ha asegurado que el seguimiento de las facturas es importante para luchar contra el fraude fiscal.
El catedrático de Análisis Económico, Santiago Carbó, confía en que no haya nuevos recortes en 2013 en España "porque entonces bajará la demanda interna y seguiremos en recesión". En declaraciones a Los Desayunos de TVE, Carbó ha señalado que "esta estrategia de pura austeridad no nos lleva a ningún sitio", algo de lo que, en su opinión, se deben dar cuenta en Europa.
Sobre la puesta en marcha del 'banco malo', "una medida necesaria", Carbó ha afirmado que costará dinero al contribuyente, pero "hay que intentar que dé beneficios de aquí a 15 años".
Acerca de la nueva ley antifraude, Carbó ha apuntado que funcionará en parte, pero que "la ley necesita también un cambio cultural".
Y sobre el desempleo, el catedrático ha asegurado que "la reforma laboral funcionará cuando se recupere la economía" y ha apostado por un "contrato único" porque "este país no se puede permitir un 25% de paro".
A partir de mañana lunes no podrán realizarse pagos en efectivo de más de 2.500 euros si una de las partes es un empresario o un profesional. Es una de las medidas aprobadas por el Gobierno para combatir la economía sumergida y similar a las que existen en otros países.
Los empresarios del polígono de Cobo Calleja, en el Sur de Madrid, han cerrado hoy las puertas de sus negocios para dejar claro que son ajenos a la trama de corrupción destapada en la operación Emperador. Son unos 700 empresarios, y la gran mayoría de nacionalidad china. Dicen que les ha perjudicado y que sus ventas han caído, de media, un 70%.
Los grandes despachos tributarios están presionando al Ministerio de Hacienda. Quieren que se amplíe el plazo, que acaba el 30 de noviembre, para que los contribuyentes con cuentas en paraísos fiscales regularicen su situación tras pagar una multa del 10%. Algunos bufetes aseguran que ahora mismo hay una avalancha de clientes, ya que hasta hace unos días la normativa no estaba clara.
Pagar más de 2.500 euros, en efectivo, será a mediados de noviembre, ilegal. Se podrá seguir operando así entre particulares, pero nunca si una de las dos partes es un profesional o una empresa. Es uno de los pilares de la nueva ley de lucha contra el fraude, que pretende, sobre todo, disuadir y que aflore la economía sumergida.Para mayor contro, hay ya en marcha acuerdos de intercambio de información con varios paraísos fiscales.Y la Agencia Tributaria podrá aplicar medidas cautelares, como el embargo, cuando crea que hay riesgo de fraude. En 2012 los españoles han denunciado casi un 50% más que el año pasado.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido el endurecimiento de las penas para delitos fiscales y contra la Seguridad Social y ha recalcado que combatiendo el fraude se da respuesta a una "necesidad estructural" de defensa de lo público, ya que la credibilidad del Estado, según ha afirmado, "depende de ganar esta batalla".
En la defensa del proyecto, Ruiz-Gallardón ha subrayado en varias ocasiones que esta reforma no criminaliza las conductas que no tienen ánimo de defraudar, es decir, "no persigue a quienes perciben indebidamente una prestación, sino a quienes engañan para percibirla", ha zanjado.
Sin embargo, el diputado socialista Julio Villarrubia ha defendido justamente lo contrario y ha afirmado que el Ejecutivo pretende crear un tipo nuevo de delito "para incluir a desempleados y pensionistas en el Código Penal, hasta por infracciones mínimas".
Por parte de la Izquierda Plural, el diputado Gaspar Llamazares ha recalcado que la propuesta del Gobierno responde a la táctica del "populismo punitivo" que, según ha dicho, consiste en responder a los problemas con iniciativas legislativas "sin acuerdo y sin diálogo".
Suscríbete a este tema
