arriba

La agencia tributaria ni confirma ni desmiente que haya remitido a la Fiscalía Anticorrupción los pagos efectuados por una constructora a Federico Trillo y Vicente Martínez Pujalte cuando ambos eran diputados, en la franja de 2006 a 2009. La empresa Collosa ha explicado que realizaron labores de asesoramiento verbal por las que el actual embajador en Londres recibió 350.000 euros, y el diputado 75.000. Tanto Trillo como Pujalte han reconocido los pagos y han asegurado que su trabajo fue legal y que, en ningún caso, tiene que ver con adjudicaciones públicas (23/04/15). 

  • España quiere dejar claro que los pescadores seguirán faenando
  • El Ministerio de Exteriores dice que la convocatoria ha sido antes de la de Trillo
  • El subsecretario del Foreign Office pidió explicaciones al embajador español
  • El Gobierno británico califica las incursiones españolas de "provocadoras"
  • Fueron dos incursiones ocurridas el día 13 de noviembre en aguas del Peñón

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado este miércoles que su partido está "muy satisfecho" con que la Abogacía del Estado y la Fiscalía vayan a impugnar todas las listas presentadas por Bildu a las elecciones del 22 de mayo, y ha defendido que, dado que la causa es "la misma" para todas por responder a una "estrategia diseñada por ETA", esto conducirá a que "en un futuro" pueda ser impugnada la propia coalición, posibilidad que ha rechazado Federico Trillo, coordinador de Libertades Públicas y Justicia del PP.

La crítica de Trillo a la excarcelación de Troitiño tiene dos destinatarios. Al Poder Judicial le exige, en un comunicado, por escrito, que depure responsabilidades entre quienes pusieron en libertad al etarra; al ministro del Interior, que el recurso de la Fiscalía a la excarcelación era suficiente para seguir y detener a Troitiño.

Pero el PSOE, como hizo el vicepresidente y ministro del Interior, dice que eso es ilegal. Que ahora sí se puede por la orden de la Audiencia Nacional. Y recuerdan casos similares, como la puesta en libertad de Josu Ternera "por orden de los jueces y tribunales", ha dicho el diputado y miembro del Comité Electoral del PSOE, Pedro Sánchez.

Mientras el PNV achaca el cambio de criterio de la Audiencia Nacional sobre Troitiño a la presión de una alarma social y añade que la Justicia debe ser garantista y no estar sometida a influencias externas.

El Gobierno recuerda que la excarcelación del etarra Antonio Troitiño se debe a una decisión judicial y el PP advierte de que no aceptará ningún paso atrás en la lucha contra el terrorismo. El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha dicho que "hay recordar a todo el mundo que las sentencias y la aplicación de las penas las hacen los tribunales y son los tribunales quienes han aplicado la jurisprudencia y no cabe nada más que decir". En el PP, Federico Trillo ha subrayado que "hay quien pretende derogar la doctrina Parot que afectaría y pondría en libertad a un número muy crecido de etarras. Y por lo tanto el PP ya ha hecho saber al Gobierno que no está dispuesto a aceptar esa vuelta atrás". Mientras, Iñígo Urkullu, presidente del EBB del PNV, ha recordado que en España "no existe la cadena perpetua".

En los ultimos años de su existencia eran más los objetores que los reclutas que se incorporaban a los cuarteles. Suprimida la mili, las Fuerzas Armadas pasaron años de apuros hasta que la profesión de soldado se convirtió en una opción apetecible.

Mariano Rajoy considera una buena noticia el contenido de los informes de la policía y la guardia civil que apuntan que Sortu, el nuevo partido de la izquierda abertzale es una formación creada por Batasuna al servicio de ETA. Para Izquierda Unida hay pocas pruebas y muchos prejuicios contra Sortu.