La deuda del conjunto de las administraciones públicas cerró el año en el 117% del PIB. Hay sobre la mesa distintos escenarios. Algunos optan por promover una quita, anular deuda pública mantenida por el Banco Central Europeo. En lazona euro nos debemos prácticamente el 25% de nuestro endeudamiento a nosotros mismos. Anularla permitiría fortalecer los inversores, esto es lo que dicen los firmantes de esta declaración. ¿Qué implicaciones puede tener todo esto? Aquí nos lo traduce Daniel Hernández. Lo que proponen estos economistas pasa por condonar la deuda que tiene en su poder el BCE: borrarla o transformarla en deuda a perpetuidad. Esto último supone una rebaja importante, significa que los países nunca devuelven lo que se les ha prestado pero sí pagan de por vida losintereses. A cambio, el dinero que queda liberado, dicen los firmantes, serviría para gastarlo en proyectos sociales y verdes. Analizamos esta propuesta desde distintas inspiraciones teóricas con Stuart Medina, presidente de la Red MMT;Mario del Rosal, profesor de Crítica de la Economía Política en la UCM; Alicia García Herrero, economista del Banco Corporativo Natixis y la economista Lidia Brun.
En Las mañanas de RNE también hablamos con Juan Torres, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla y miembro de Economistas frente a la Crisis, que pasan por condonar la deuda de los países. "Lo que estamos planteando muchos economistas es que si a consecuencia de una pandemia se ha producido un incremento de gasto extraordinario por parte de los estados, lo que hay que encontrar es la manera de que esa deuda inevitable suponga la menor carga posible en el momento presente y para las generaciones futuras", explica Torres. Este grupo de economistas defiende que la manera en la que el BCE ha afrontado la financiación de los gobiernos debería llevarse a cabo de otra forma. "Estamos planteando que un gasto que es inevitable se financie de la mejor manera posible porque nos parece que el BCE lo está haciendo de una manera que, innecesariamente, incrementa el registro de deuda sobre los estados", puntualiza el catedrático.
La deuda pública ha cerrado 2020 en los 1.311 billones de euros, lo que supone el 117,1% del Producto Interior Bruto (PIB) en España. La pandemia ha disparado el gasto público y por tanto, el endeudamiento a niveles récord. Las previsiones del banco Central Europeo y del banco de España ya vaticinaban un aumento de la deuda nacional y se estima que continuará en niveles muy altos durante los próximos años. La situación es muy similar en todos los países. A falta de cerrar el año, la deuda del conjunto de la eurozona roza el cien por cien de producción y muchos países lo superan ampliamente.
Ladeuda pública cerró 2020 con unnuevo récord histórico, situándose en el117% del PIB en pleno año de pandemia. Es un 10% superior a la de 2019 pero también está por debajo de la previsión del Gobierno, que se situaba por encima del 118% del PIB. El Ministerio de Economía ha asegurado en una nota de prensa que esta disminución ha sido posible "gracias al buen comportamiento de la economía en el segundo semestre del año". El mayor incremento de la deuda se produce en la administración central que ha asumido parte del coste de las medidas anti COVID como lafinanciación de los ERTE y las incapacidades laborales por la pandemia. Informa Usua Irastorza.
La Comisión Europea ha dado el visto bueno a los Presupuestos presentados por el Gobierno español, aunque advierte de que España debe estar alerta para actualizar las medidas si la situación económica sigue deteriorándose y recuerda que el elevado nivel de deuda pública del país. Además, Bruselas cree que las medidas económicas contra los efectos de la COVID son modestas porque, entre otras cosas, las cuentas no contemplan la continuidad de los ERTE. Según la Comisión, España es el país de la UE que menos porcentaje del PIB va a destinar a la lucha contra la pandemia.
El Estado sigue estando a la cabeza de los números rojos. En septiembre la deuda superó el 114% del PIB. Crece también la deuda de la Seguridad Social que arroja los 75.000 millones de euros. Por contra las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos la han reducido.
