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A partir de hoy se puede solicitar la moratoria de dos años antes de ejecutar el desahucio de familias que cumplan ciertos requisitos. La banca recuerda que serán ellos los que carguen con este coste y desde diversos sectores creen que esta medida es insuficiente.

Este viernes entrarán en vigor las primeras medidas para frenar los desahucios. El consejo de ministros ha aprobado un decreto de medidas urgentes que tiene dos líneas fundamentales: por un lado, se crea un parque de viviendas para alquilar por poco dinero a familias sin hogar; por otro, se establece una moratoria de dos años a la que podrán acogerse las familias que estén a punto de ser desahuciadas, y que cumplan determinados requisitos.

La secretaria de Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, considera que las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros este jueves para frenar los desahucios son "muy restrictivas", y "dejan fuera a más gente de la que incluyen". Lo ha asegurado después de varias reuniones con el Partido Popular, sin éxito para llegar a un acuerdo.

Las medidas aprobadas por el Gobierno para paralizar los desahucios en las situaciones de más vulnerabilidad son "claramente insuficientes", ha asegurado la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, quien ha vinculado el aumento el número de desahucios a la creación del conocido como 'banco malo', ya que "había prisas por traspasar los inmuebles al banco malo", que gestiona los activos tóxicos de las entidades financieras. 

El decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros este jueves establece la posibilidad de paralizar durante dos años el desahucio en el caso de familias con personas dependientes o con menores de tres años y que ganen menos de 19.000 euros anuales. Colau ha señalado que se trata de una "moratoria parcial" de "solo determinados colectivos, que dejan fuera a muchísima gente, porque personas vulnerables son todas aquellas que pueden perder su vivienda". Las personas que dejan de pagar la h ipoteca, "antes han dejado de comer, normalmente, antes que dejar de pagar la hipoteca", ha añadido la portavoz. Además, considera que se está generando una situación de discriminación con las familias que no cumplen los requisitos, por lo que habría que aplicar una moratoria "de todos los desahucios de vivienda habitual y deudores de buena fe". 

También se ha referido a la falta de información sobre las condiciones de las hipotecas que los afectados contrataban con los bancos, porque "nadie en España sabía que además de quedarte sin la vivienda te quedabas con una deuda". Una de las claúsulas establece que "en cuanto dejas de pagar se te reclama la totalidad de la deuda y se te acumulan no solo las cuotas impagadas sino los intereses de demora que puden llegar al 30% del valor de la hipoteca". 

El Gobierno ha anunciado la paralización de los desahucios de una serie de colectivos en situación de vulnerabilidad, según ha anunciado la vicepresidente del Gobierno, Soraya . Se trata de aquellos que no superen en tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), es decir, 19.000 euros anuales. Además se deben encontrar en una de estas circunstancias: ser familias numerosas o con algún menor de tres años, tener personas a su cargo en situación de dependencia, ser deudores en paro y sin prestación por desempleo o estar en algunos supuestos de violencia de género. Dentro de los umbrales previstos, se paraliza durante dos años la fase final del desahucio. Además, se creará un fondo social de viviendas destinadas al alquiler, a precios bajos.

El Consejo de Ministros aprobará este jueves el decreto ley con medidas urgentes para paliar los desahucios, que fijará el umbral de renta para evitar el embargo de la vivienda en unos 19.000 euros. Después de la tercera reunión entre Gobierno y PSOE para intentar buscar soluciones a este drama, los socialistas han dejado pendiente si se suman a un acuerdo total, han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

Sin embargo, el encuentro -empezó en torno a las 19.00 horas del miércoles y se prolongó hasta la 1.00 horas del jueves-- ha concluido con "avances importantes" para llevar a cabo reformas urgentes y también en relación con cambios en la legislación hipotecaria.

El Gobierno y el PSOE han concluido en torno a la una de la madrugada de hoy la reunión que mantenían para acordar medidas que frenen los desahucios de viviendas. En este encuentro, que dio comienzo pasadas las siete de la tarde del miércoles, se han producido "avances importantes" para llevar a cabo reformas urgentes y también en relación con cambios en la legislación hipotecaria, según informaron a Europa Press fuentes socialistas, pero no se ha cerrado un acuerdo total.

Estas mismas fuentes aseguran que aún quedan algunos aspectos importantes por cerrar en lo que se refiere a los umbrales que marcan las familias protegidas y la moratoria en el desahucio, así como la tramitación de la reforma de la Ley.

A las seis y media de la tarde vuelven a reunirse Gobierno y Partido Socialista para intentar cerrar un acuerdo que frene los desahucios. Será la tercera. Anoche hubo algunos avances aunque siguen sin ponerse de acuerdo a la hora de determinar los colectivos a los que se permitirá retrasar el desahucio.

Seis expertos, tres de cada parte. Llevan sentados a la mesa desde las cuatro de la tarde, a esta hora quedan dos asuntos fundamentales en la negociación: primero: a qué familias afecta la moratoria de los desahucios. PP y PSOE han acordado paralizar los procesos de desahucios de las familias en situación más extrema. Fuentes del Gobierno aseguran que dependerá de variables como el nivel de renta, el precio de vivienda o el número de hijos. El Gobierno espera aprobar las medidas mediante un real decreto en el consejo de ministros de esta semana, que se adelanta al jueves.

Todo indica que Gobierno y PSOE están cerca de llegar a un acuerdo para frenar los desahucios, pero la negociación todavía no ha terminado. Anoche se pusieron de acuerdo en que durante los próximos dos años se paralicen los desahucios en los casos de familias en situación de extrema necesidad. Ese es también el plan de Cajas y Bancos. Falta por determinar qué se considera una situación extrema. El PP dice que hay que tomar decisiones de manera urgente. Los socialistas no sólo quieren soluciones a corto plazo y piden una reforma de la ley hipotecaria para que no se repitan los abusos.