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Un día después de que la Audiencia de Palma confirmase la imputación de la infanta Cristina por delito fiscal, se abre un plazo de diez días para que las partes presenten sus alegaciones ante el juez Castro. En sus manos está la decisión de aplicar o no la llamada "doctrina Botín", y sentar a la infanta en el banquillo.

La Audiencia de Palma ha decidido este viernes mantener imputada a la infanta Cristina para que sea juzgada por cooperación de dos delitos fiscales pero no por blanqueo de capitales como pidió el juez del caso Nóos, José Castro, en el auto con el que puso fin a la instrucción. La Sección Segunda ha estimado así parcialmente los recursos presentados por la defensa de la infanta y la Fiscalía en un auto en el que sí añade el delito de blanqueo contra Iñaki Urdangarin, su exsocio, Diego Torres, y la esposa de este, Ana María Tejeiro.