El profesor de Derecho Constitucional y exletrado del TC Joaquín Urías considera que las interpretaciones de los delitos de opinión por parte de algunos jueces están llevando a un recorte en la libertad de expresión. Además, prevé que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo sancionará a España por condenar al rapero Pablo Hasél por delitos de injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo, dado ya hay jurisprudencia al respecto y no sería la primera ocasión.
El juez que investiga los contratos de Podemos con la consultora Neurona ha imputado a Juan Carlos Monedero. El cofundador del partido tendrá que declarar el 15 de marzo aunque el magistrado no indica por qué delitos. El juez sospecha que Monedero cobró de forma irregular 26.000 euros de la consultora. Se basa en un informe policial que ponía la lupa en una factura que podría ser falsa, según los investigadores.
Diego Herchhoren, abogado de Pablo Hasél, ha dicho en Las Cosas Claras, de TVE, que el encarcelamiento de su "defendido, amigo y compañero de muchas luchas" ha servido para poner "en tela de juicio las carencias democráticas del Estado español" y ha añadido: "que lo disfrute quien lo tenga que disfrutar, porque les queda poco".
El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, considera que "en la manera en la que está redactado ahora mismo" en el Código Penal español, el delito de enaltecimiento del terrorismo supone "una amenaza a la libertad de expresión. Nadie debería ser encarcelado por delitos de opinión por más provocativos que sean", ha dicho respecto al encarcelamiento de Pablo Hasél.
El rapero Pablo Hasél ha sido trasladado este martes a la cárcel de Pontent, en Lleida, donde cumplirá una pena de nueve meses de prisión, a la que se suman casi 30.000 euros de multa. Sobre el rapero catalán pesan un total de cuatro condenas, con una quinta causa abierta, por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona e injurias a las instituciones del Estado, en sus canciones y mensajes de Twitter.
La Audiencia de A Coruña ha confirmado hoy que el Pazo de Meirás es propiedad del Estado. La sentencia rechaza el recurso de la familia de Franco, pero obliga a indemnizarles por las obras de conservación del inmueble desde 1975. La Audencia considera probado que Carmen Franco sufragó de su erario multiples obras de rehabilitacion y mantenimiento. Y añade que un edificio de estas caracteristicas, si hubiese estado abandonado 45 años, su estado sería ruinoso. El tribunal entiende que no hubo mala fe por parte de los nietos del dictador porque dice, no se les requirió que lo entregasen. El Gobierno ha mostrado su satisfaccion, también las administraciones gallegas, aunque con matices. La familia Franco ya ha dicho que está parcialmente satisfecha y que confían en que finalmente se les reconozca la propiedad del pazo. La indemnización por el mantenimiento se calculará cuando se ejecute la sentencia.
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Pablo Casado ha roto su silencio y ha hablado por primera vez tras las acusaciones del extesorero del PP Luis Bárcenas sobre la caja B de la formación. El líder 'popular' ha pasado de la defensa al ataque y ha acusado al Gobierno de cocinar filtrar el escrito del extesorero a la Fiscalía por intereses electorales y ha reiterado que el partido que describe Bárcenas ya no existe. La vicepresidenta Carmen Calvo cree que el líder del PP está nervioso. Y todo, a tres días de que arranque en la Audiencia Nacional el juicio a Bárcenas. El juez que investiga la contabilidad B del PP llamará a declarar a Bárcenas para que ratifique sus últimas acusaciones a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
