El Tribunal Supremo ha confirmado este viernes la condena de Ana Julia Quezada por el asesinato con alevosía del niño Gabriel Cruz, desestimando el recurso de la defensa de la autora confesa del crimen a la pena de prisión permanente revisable que le impuso la Audiencia Provincial de Almería. Los hechos tuvieron lugar en una finca de Rodalquílar, Almería, en febrero de 2018. La condena fue la primera de este tipo a una mujer desde que se introdujo en el Código Penal en 2015, que fue dictada tras un juicio con jurado popular y ratificada el pasado febrero por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha sido finalmente confirmada por el Tribunal Supremo. Los magistrados consideran que la valoración jurídica que llevó al tribunal a imponer prisión permanente es válida y estuvo suficientemente fundamentada y estiman que el veredicto que dictó el jurado estaba motivado.
El Tribunal Constitucional dice que los ultrajes a la bandera de España no están amparados por la libertad de expresión. La sentencia completa se conocerá en los próximos días, así como los votos particulares, ya que la votación ha sido muy ajustada y seis magistrados han votado a favor y cinco en contra de desestimar el recurso de un sindicalista, que fue multado por decir frases como "hay que prenderle fuego a la puta bandera".
Los juicios previstos para este martes en diversos juzgados de lo social de Madrid contra la cadena de clínicas de bajo coste Dentix, en concurso de acreedores, por impago de nóminas a sus aproximadamente 3.400 empleados, se han suspendido a instancias de la titular del juzgado de lo social nº 37 de Madrid, la jueza ha dado un mes a la empresa para llegar a un acuerdo con sus trabajadores.Entre tanto cerca de 100.000 pacientes siguen esperando sus tratamientos dentales. Esta es la segunda vez que se aplazan las vistas, inicialmente previstas para el pasado 30 de noviembre, cuando el cambio de administrador concursal provocó que se aplazaran hasta este martes; debido a un conflicto de intereses, la firma Deloitte tuvo que rechazar el concurso, que fue asumido por Account Control-Ius+Aequitas, que figuraba como auxiliar delegado en el procedimiento. El pasado 25 de noviembre el juzgado de lo mercantil nº 2 de Madrid declaró el concurso de acreedores voluntario del grupo Dentix, en "estado de insolvencia" y cuyos establecimientos se encuentran cerrados desde el pasado 13 de noviembre. Entre las consecuencias de la declaración de concurso destaca la situación de los aproximadamente 3.400 empleados de la compañía, incluidos en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor, muchos de los cuales han iniciado en diversos juzgados de lo social demandas por impago de nóminas. Además, el Ministerio de Consumo ha mostrado su disposición para emprender acciones legales en defensa de los 101.481 pacientes afectados por el cierre de las clínicas.
La expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa han reingresado en prisión este viernes para cumplir sus condenas en segundo grado, una vez que el Tribunal Supremo ha revocado la semilibertad a los nueve presos del procés. Forcadell ha llegado hacia las 20.50 horas al centro penitenciario de Wad-Ras, donde un grupo de independentistas, entre ellos el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y el presidente del Parlament, Roger Torrent, se han concentrado a las puertas de la cárcel para mostrarle su apoyo. Mientras que Bassa lo ha hecho en torno las 20.30 horas en la cárcel de Puig de les Bases en Figueres (Girona) arropada por manifestantes independentistas e integrantes del actual Govern. Unicamente Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa mantenían hasta ahora su tercer grado -por el que únicamente iban a dormir a la cárcel de lunes a jueves-, ya que su juzgado de vigilancia penitenciaria no lo suspendió cautelarmente a la espera de que el Supremo se pronunciara sobre los recursos de las partes, a diferencia de lo que ocurría con los presos de Lledoners, a los que sí se dejó sin efecto su semilibertad a finales de julio pasado.
El bailarín Rafael Amargo ha sido puesto en libertad, tras ser acusado de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Defiende su inocencia y asegura que le gusta la fiesta: "A mí me gusta celebrar".
Bélgica entregará mañana a España a la etarra Natividad Jáuregui, reclamada por la Audiencia Nacional por el asesinato del teniente coronel Ramón Romeo en 1981. La extradición fue aprobada el martes por las autoridades belgas. Jáuregui, que fue detenida este viernes en la ciudad belga de Gante donde vivía, llegará este domindo a Madrid bajo custodia de la Policía Nacional. La decisión llega después de que se agotaran todos los recursos posibles ante los tribunales belgas, que ya se habían negado a extraditarla hasta en tres ocasiones, 2004, 2005 y 2015. Lo que les valió una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por rechazarlas sin haber investigado suficientemente sus sospechas de que en España se iban a violar los derechos fundamentales de Jáuregui.
La policía polaca empuja a los manifestantes que intentaban llegar anoche al Parlamento. Las protestas se repiten a diario desde que hace un mes el Constitucional dictó una sentencia que, en la práctica, impide abortar en Polonia. En el hemiciclo, el dirigente del ultraconservador partido Ley y Justicia defendía al Tribunal, controlado por jueces de su formación.
La polémica reforma judicial realizada por el gobierno polaco le costó la primera llamada al orden de la Unión Europea por vulnerar la independencia de los jueces, como denuncia este jueves uno de ellos. "Apelo a Europa porque no está defendiendo nuestra indpendencia", se lamenta Igor Tuleya.
Protestas también por el acoso a la diversidad sexual porque decenas de pueblos polacos han colgado carteles declarándose libres de la ideología LGTBI. Un tema por el que Bruselas también ha advertido a Hungría. El presidente de su Parlamento comparó a los homosexuales que quieren adoptar con pedófilos. Es uno de los fundadores del partido del primer ministro Orban que hace una semana decía que "la Unión Europea no se ha creado para ser una Unión Soviética". Denunciaba así la imposición de criterios ideológicos que, considera, quiere hacer Bruselas.
Carlos García Juliá ha abandonado la prisión de Soto de Real, aunque le quedaban diez años de condena por cumplir. El ultraderechista fue condenado a 193 años de cárcel por cinco asesinatos y cuatro intentos de homicidio en un bufete de abogados laboralistas de Atocha en 1977. Ha declarado que ha cumplido con la Justicia, no ha contestado a la pregunta de si se arrepiente y afirma que ya pidió perdón hace años.
