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Un total de 133 controladores están acusados del delito de abandono de la función pública por el caos aéreo del puente de diciembre de 2010, 119 han alcanzado un pacto con la Fiscalía. El portavoz del sindicato USCA, Daniel Zamit, niega que los controladores se asentaran de sus puestos de trabajo y que los militares controlaran aviones civiles.

La Abogacía del Estado se ha convertido, sin quererlo, en ficha clave en las negociaciones de investidura de Pedro Sánchez. PP y Ciudadanos denuncian presiones hacia este organismo, mientras que el Gobierno en funciones defiende su independencia. Su sede se encuentra en el Ministerio de Justicia y su misión es la de representar y defender al Estado y a todos los funcionarios en causas derivadas de su trabajo. También proporciona asistencia jurídica al Estado y a otras instituciones públicas y promociona la investigación y difusión de cuestiones jurídicas.