Decisiones judiciales

• Entregaron las tarjetas a consejeros y directivos sin control de gastos ni contrato
• El gasto era encubierto en la contabilidad para burlar a auditores y supervisores

• Rato afirma que la tarjeta era parte de su sueldo y estaba sujeta a retención
• Blesa: las tarjetas eran una tradición "consuetudinaria" e institucionalizada
• Barcoj asegura que las tarjetas 'opacas' existían antes de que él fuera consejero

• El expresidente de la CEOE, inhabilitado 15 años como administrador
• Debe cubrir el déficit patrimonial junto a Posibilitum y los herederos de Pascual

Un juzgado mercantil de Madrid ha condenado a tres administradores de Afinsa a pagar los 1.820 millones de euros de agujero creado en esa entidad por las irregularidades producidas en la gestión de esa sociedad, por "la incorrecta contabilización de las cantidades entregadas por los clientes en virtud de los contratos filatélicos" y por "la sobrevaloración de los sellos". Así, al expresidente Juan Antonio Cano Cuevas y los consejeros Carlos de Figueiredo Escribá y Vicente Martín Peña deberán abonar "mancomunadamente" (un tercio cada uno) ese déficit patrimonial, la cantidad adeudada a acreedores, clientes o trabajadores que no ha podido cubrirse con lo obtenido en el proceso de liquidación de la sociedad.

• Imputa a Juan Pedro Hernández Moltó e Ildefonso Ortega por delitos societarios
• Archiva la causa contra otros siete exdirectivos de Caja Castilla-La Mancha

• Modesto Crespo las cobró por ser consejero de la participada Tinser Cartera
• Gómez Bermúdez ha abierto una pieza separada de la de la cúpula de la caja

El juez Andreu quiere saber si el Banco de España, como supervisor de nuestro mapa bancario, conocía lo que pasaba con el uso de las tarjetas. Por eso le ha remitido toda la documentación. El Gobierno de Madrid ha destituido a Pablo Abejas, hasta hoy director general de economia. Se gastó 250.000 euros. También ha dimitido la presidenta de la Fundación Caja Madrid, Carmen Cafranga, en su caso la factura es de 175.000. El dinero que gastaban consejeros y directivos no pasaba ningún control. A la cabeza de los que más se lucraron, Ildefonso Sánchez Barcoj, mano derecha del ex presidente Miguel Blesa, y que gastó cerca de medio millón, cantidad similar a la del exvicepresidente de caja madrid, José Antonio Moral Santin o Ricardo Morado, exdirector de organizacion. El propio Blesa, facturó en 8 años  unos 440.000 euros. Y exdirectores generales como Mariano Pérez o Matías Amat rondaron esa cantidad. Los cargos se colaban en el sistema como cifras que procedían de errores informaticos, y así, pasaban desapercibidos. La asociación de usuarios ADICAE ha pedido la imputación de todo el consejo de la caja. CC.OO. y UGT han abierto investigaciones para aclarar lo sucedido

• Debe cubrir las deudas pendientes de estas dos filiales de Marsans
• El expresidente de la CEOE, inhabilitado 15 años como administrador

• Hasta el momento la tonadillera no ha solicitado la suspensión de la pena
• Si la solicita puede evitar la cárcel al carecer de antecedentes penales
• Fuentes de su defensa aseguran que la tonadillera pedirá la suspensión

• También deberá pagar 300.000 euros a su exmarido y a sus hijos menores
• Un jurado popular la declaró culpable de dos delitos de asesinato

• Estima los recursos de los sindicatos CCOO, UGT y STEI-i contra el TIL
• El decreto busca impartir en catalán, castellano e inglés a partes iguales
• Ha sido caballo de batalla entre el Govern y la comunidad educativa

• La juez dijo que seguiría con la instrucción hasta el pronunciamiento del TS
• La Fiscalía pidió que solo siguiera si eran diligencias consideradas urgentes
• Los peritos confirman que hay más facturas pagadas por Mercasevilla a Lanzas

• El juez califica como culpable el concurso de acreedores de Spanair
• Inhabilita durante dos años a casi todos los consejeros como gestores

El juzgado mercantil número 10 de Barcelona ha calificado como culpable el concurso de Spanair y ha condenado a su expresidente Ferran Soriano y a los miembros del consejo de administración a pagar solidariamente 10,8 millones de euros. El concurso culpable implica dolo o culpa grave de los representantes de la compañía que no solo originan el estado de insolvencia, sino que lo agravan. En este caso, la calificación se debe al retraso producido en la presentación de la solicitud de concurso voluntario de la sociedad.

• Fue encontrada culpable de prevaricación en la administración judicial
• Desestima así el recurso presentado por la magistrada

• Da la razón a la empresa frente a la cooperativa de taxistas que la demandó