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El expresidente del Gobierno de Murcia Pedro Antonio Sánchez será juzgado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por un delito continuado de prevaricación y dos de fraude en el caso Auditorio, por la contratación y construcción del auditorio de Puerto Lumbreras, en Murcia, en su etapa de alcalde de la población. El magistrado instructor del TSJ, Julián Pérez-Templado, ha acordado continuar el proceso judicial contra el expresidente murciano y actual diputado, Pedro Antonio Sánchez, al apreciar indicios en la presunta comisión de varios delitos. En un auto notificado este viernes, el juez entiende que podría darse la comisión de los delitos de prevaricación continuada, fraude en la obtención de subvenciones públicas, y prevaricación o fraude de fondos públicos.

Las Fuerzas de Seguridad están registrando sus domicilios y oficinas en Cataluña y Andorra. La Fiscalía acusa al expresidente del Barça y también hoy al expresidente de la Federación brasileña de Fútbol de ser los cabecillas de una trama de cobros de comisiones ilícitas por derechos audiovisuales de la selección de fútbol de Brasil.

  • No han dado trámite a la propuesta de Unidos Podemos y Compromís
  • El Congreso no podrá debatir si acepta o no la comparecencia del presidente
  • Emplaza la comisión de investigación sobre la financiación del PP al 8 de mayo
  • Tampoco habrá una comisión de investigación sobre el accidente del Alvia
  • Iglesias acusa a estos partidos de "traicionar a España"

Novedades del caso Pretoria y del juicio por corrupción urbanística que afecta a ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña durante los gobiernos de Jordi Pujol. El que fuera uno de sus grandes colaboradores, el exconseller Macià Alavedra, reconoce que se valió de sus relaciones políticas para cobrar comisiones por mediar en favor de determinados empresarios. En esas relaciones políticas no estaba Artur Mas.

Francisco Correa se ha negado a declarar este jueves como investigado en la Audiencia Nacional por la supuesta contabilidad B del PP después de que sus declaraciones en el juicio por el caso Gürtel sirviesen para reabrir la causa. Correa aseguró entonces que hizo de intermediario en el cobro de comisiones del 3% a empresas importantes como OHL y ACS a cambio de adjudicaciones públicas. A pesar de que este jueves no ha querido declarar, asegura que está dispuesto a colaborar con la justicia.

El abogado que ejerce la acusación popular en representación de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) en el caso de la salida a Bolsa de Bankia, Andrés Herzog, ha sostenido que la CNMV tenía confianza en la labor del Banco de España, del que cabía esperar que hacía las cosas bien. Y se limitó a aprobar un folleto en el que se indicaban todos los riesgos posibles, detallados de una forma muy prudente. "Los audiotres se han dedicado a lanzar balones fuera hacia los consultores que intervinieron en todo el proceso, hacia el Banco de España y en definitiva a presentar la labor de la CNMV casi como un mero control formal", ha declarado el letrado. Este lunes han declarado ante la Sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el exsubgobernador del Banco de España y exvicepresidente de la CNMV, Fernando Restoy, y el expresidente de esta segunda entidad Julio Segura, que han defendido que la información sobre el estado de las cuentas de la entidad que fue remitida a ambos órganos supervisores no presentaba salvedades por parte del auditor y fue suficiente para avalar su salida a Bolsa.

"se han dedicado a lanzar balones fuera, por un lado los audiotres hacia los consultores que intervinieron en todo el proceso, hacia el BdE y en definitiva a presentar la labor de la CNMV casi como un merco control formal"

El juicio del caso Pretoria por corrupción urbanística en Cataluña arranca este lunes en la Audiencia Nacional y sentará en el banquillo a once acusados, entre ellos dos hombres de confianza del expresidente catalán Jordi Pujol: el ex secretario de Presidencia Lluís Prenafeta y el exconsejero Macià Alavedra. Tras ocho años desde que el juez Baltasar Garzón comenzara a investigar esta causa en 2009, los once acusados se enfrentan a entre 11 meses y 8 años de cárcel por delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.