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En la primera comparecencia como ministro de Ruiz Gallardón se ha hablado del anuncio que hizo ayer a última hora la vicepresidenta del Gobierno para cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo del Poder Judicial. El ministro ha defendido ese cambio para acabar, ha dicho, con la politización de la justicia, mientras desde la oposición han acusado al Gobierno de romper el consenso.

La reforma de la Justicia que prepara el Gobierno viene acompañada de polémica: por la forma, ya que la vicepresidenta Sáenz de Santamaría la anunció en su comparecencia parlamentaria en el último minuto, dejando a la oposición sin capacidad de réplica. También por el fondo, ya que el PSOE dice que los cambios anunciados rompen el Pacto por la Justicia. Esos cambios suponen, a grandes rasgos, que sean los jueces, y no el Parlamento, quienes elijan a sus doce representantes en el Consejo del Poder Judicial y que no se limite a nueve años, como hasta ahora, el tiempo de permanencia de un magistrado en el Tribunal Constitucional sino que sea hasta su jubilación.

Hablamos de ello con Yolanda Gómez Sánchez, catedrática de derecho Constitucional de la UNED.

Explica que el hecho de que 12 de los 20 miembros del Consejo sean elegidos por los jueces no significa una reducción total de la participación del Parlamento puesto que otros ocho quedan en manos del Congreso y del Senado. Dice también que " cualquiera de las modificaciones que se proponen requieren reforma constitucional y esta debe contar con un amplio consenso, es decir, con el apoyo del PSOE".

Sobre la intención del Ministro de Justicia de establecer un Co-pago de tasas para quien acuda a la segunda instancia judicial, asegura que "no es partidaria de las tasas en Justicia porque podrían dejar a muchos justiciables fuera de ella". Entiendo, añade, que con costes bajos hay mucha gente que se anima a litigar pero aún así debemos estar por la protección de quienes no tienen medios (25/01/12).

Escucha también las opiniones sobre la Reforma de la Ley del Aborto

Las asociaciones de jueces han coincidido en que no hubo ni error ni negligencia en la decisión de la Audiencia Nacional por dejar en libertad a Antonio Troitiño. Aseguran que los magistrados optaron por una interpretación legal, que el juez Guevara actuó ajustado a Derecho. Restar los años de prisión preventiva, del máximo legal de cárcel en España -lo que permitió la salida de Troitiño- es una vía contemplada por Tribunal Constitucional. De momento no se ha presentado ninguna queja ante el Consejo General del Poder Judicial. Su portavoz ha dicho que entiende "la alarma y el malestar" generado por el caso Troitiño y que el máximo órgano de los jueces actuará con suma prudencia.

Gabriela Bravo, en RNE, defiende "el absoluto rigor e imparcialidad"del Tribunal Supremo en el juicio contra Garzón. La portavoz del órgano de Gobierno de los jueces reconoce la presunción de inocencia del magistrado al tiempo que expresa su confianza en el trabajo del Supremo, Además, lamenta que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no salga adelante en esta legislatura. Por último, niega que haya politización en el CGPJ: "Los vocales nos debemos a la ley, la Constitución y la sociedad, no a los partidos políticos¿.

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, explica las razones por las que se ha podido ver un vídeo del jefe del comando Vizcaya, Arkaitz Goikoetxea Basabe, en el que admite que le ordenaron matar a un edil socialista.

"El que esto se incorpore como una prueba más del acto del juicio oral está admitido por el órgano judicial, en este caso por el Tribunal -afirma-. Hoy en día ya no nos tenemos que sorprender tanto con las declaraciones firmadas porque se graba todo".

Añade que una grabación otorga mayor seguridad jurídica que unas declaraciones registradas en un acta (29/03/11).