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El Consejo de Ministros se reunirá esta tarde de forma extraordinaria en el Congreso de los diputados para estudiar, y previsiblemente aprobar, una prórroga del estado de alarma en los aeropuertos españoles. Los socialistas dicen que el Gobierno quiere evitar así el riesgo de una nueva hulega salvaje de los controladores. En esta ocasión, la prórroga tiene que ser autorizada por el Congreso.

El eurodiputado del PSOE Juan Fernando López Aguilar recuerda que la decisión de prórrogar el estado de alarma corresponde al Congreso y la decisión de declararlo al Gobierno.

Además, valora la gestión del Ejecutivo del conflicto de los controladores y señala que ha estado a la altura de las circunstancias, respondiendo de manera inmediata y restableciendo la normalidad en el espacio aéreo en el menor tiempo posible (14/12/10).

Tras el plante de los controladores en el puente de la Constitución se ha incrementado del 20 al 70% el número de seguros de cancelación que los usuarios contratan al comprar un paquete de vuelto y hotel.

No descarta ampliarlo, pero para hacerlo necesita que el Congreso lo autorice, mediante una votación en la que basta la mayoría simple. Ese conflicto ha abierto,además, un cruce de acusaciones entre Gobierno y PP.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado este domingo que si el presidente del PP, Mariano Rajoy, estuviera al frente del Ejecutivo central, los controladores aéreos "cobrarían más y trabajarían menos".

Hoy estaba citado ante la Fiscalía de Madrid otro grupo de controladores. Como hicieron ayer sus compañeros, los de hoy, seis en total, se han negado a declarar. La fiscalía no ha pedido medidas cautelares. Los interrogatorios han durado menos de una hora.

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha advertido este jueves de que algunos puntos del decreto aprobado por el Gobierno para regular las condiciones laborales del colectivo de los controladores aéreos rayan la inconstitucionalidad.

Han acudido 12 pero se han negado a declarar. Alegando que ahora están bajo jurisdicción militar. Mientras, USCA, el sindicato de los controladores ha recurrido ante el Tribunal Supremo los decretos de la militarización de las torres de control y del estado de alarma.

Controladores que abandonaron su puesto de trabajo por un presunto delito de sedición. Lo ha anunciado el fiscal general esta mañana en Zaragoza donde ha presidido una Junta de fiscales para fijar una postura conjunta en todas las Comunidades Autónomas.

Los controladores citados este jueves ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid se han negado a declarar en calidad de imputados por un presunto delito de sedición argumentando que están sujetos a jurisdicción militar. El fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpildo, ha anunciado que pedirán para los controladores hasta 8 años de cárcel, la pena máxima. USCA recurre ante el Supremo la militarización y el decreto de estado de alarma (09/12/2010)