El magistrado del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, toma declaración como testigo a Carlos Neira, el abogado de Alberto González Amador --pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- que envió un correo electrónico a la Fiscalía ofreciendo que su cliente reconociera dos delitos fiscales a cambio de un pacto.
FOTO: Carlos Neira (d), abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada al Tribunal Supremo para declarar como testigo ante el juez que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. EFE/ Rodrigo Jiménez
Las declaraciones como imputados de los ex altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo y el doctor Antonio Burgueño, exasesor sanitario del Ejecutivo madrileño en tiempos de la pandemia, que estaban previstas este lunes, se han suspendido por un defecto de forma en el proceso, según fuentes presentes en la declaración.
Los tres citados iban a declarar ante el juez en la causa por los fallecidos en residencias en la pandemia por un presunto delito de denegación de un servicio público por motivos discriminatorios, pero la sesión ha quedado suspendida y el juez tendrá que fijar una nueva fecha para su comparecencia.
A la hora en la que estaba prevista su declaración, familiares de víctimas se han manifestado en la puerta de los juzgados de Plaza de Castilla, y han recibido la noticia de la suspensión al grito de "vergüenza".
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El exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, durante la primera oleada de la pandemia, ha asegurado que es falso que las muertes en las residencias de mayores fueran inevitables aunque hubieran sido trasladadas al hospital. "Algunas personas se hubieran salvado" y que "todas habrían recibido una muerte digna", con cuidados paliativos que también es "muy importante", ha asegurado en Las Mañanas de RNE este lunes cuando está prevista la declaración de tres exaltos cargos de la Comunidad de Madrid imputados por las muertes en las residencias madrileñas. Al ser preguntado por si considera que hubo colapso sanitario, ha dicho que evidentemente en algunos hospitales hubo "colapso" pero había "otras alternativas como el hospital de IFEMA donde no se trató a personas de residencias, y algo muy importante", que no se les trasladó a hospitales privados, cuando hubo plazas libres. Además, se ha mostrado muy crítico con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, en el que ve "una falta de empatía clara" por no haber sido "capaces ni siquiera de reunirse con los familiares de los fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid.
Varios ex cargos de la Comunidad de Madrid van a ser imputados tras la querella impuesta por la asociación 7921 Verdad y Justicia en relación con la responsabilidad de los protocolos de las residencias de mayores durante la pandemia de la COVID-19.
María Jesús Valero, presidenta de la asociación, "Puede ser un precedente para el resto de juzgados a los que han llegado denuncias colectivas del estilo, vean la posibilidad de abrir y tramitar esas denuncias que han llegado a través de la fiscalía".
La denuncia colectiva se impuso en referencia al delito 511 del código penal, negar un servicio público al que la persona tiene derecho, debido a motivos discriminatorios. "Se ha trabajado duro y bajo presión, el artículo prescribe a los 5 años y nos quedaban unos pocos meses para judicializar, hemos podido tramitar hasta 92 denuncias, un paso muy importante para la justicia que piden los familiares, aun así queda camino por delante" afirma Valero.
Desde la asociación exigen que se tomen responsabilidades políticas, más allá de los consejeros imputados. "Creemos que detrás de ellos hay alguien que también promociono estos protocolos. Esperamos que sean valientes y digan que superior estuvo al mando de esta decisión cruel e inhumana", declara Valero.
En el día en que veremos ante el juez a dos ex altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid y un exasesor de la presidenta por los llamados "protocolos de la vergüenza" que impidieron la derivación de ancianos desde las residencias a los hospitales, Las mañanas de RNE con Josep Cuní habla con Alberto Reyero, ex consejero de Políticas Sociales en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante lo peor de la pandemia.
En primer lugar, Reyero se ha mostrado satisfecho del punto en el que está este proceso judicial, después de cinco años de tortuoso camino para las familias, aunque ha matizado que es "un primer paso" y que "veremos en qué queda". Además, ha dejado claro que tiene la conciencia tranquila y ha defendido su coherencia a lo largo de este lustro, "muchas veces me preguntaron si pude haber hecho más, evidentemente, pero creo que fui el que más hice", ha dicho.
Reyero ha tenido palabras para los que fueran sus compañeros de Gobierno, asegurando que "hay una falta de empatía clara por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid" porque "no han sido capaces de mirar a la cara a los familiares", sin embargo ha destacado que él sí se reunió con ellos "y no fue fácil". Por eso ha reiterado que ha dado todas las explicaciones que le corresponden como es obligación de un cargo público.
El exconsejero de Ciudadanos, que escribió el libro "Morirán de forma digna" contando su experiencia, ha respondido también a las preguntas de los analistas del Club de Opinión en relación a los argumentos de defensa de la Comunidad de Madrid. Reyero ha calificado de "falso" que los ancianos no hubieran podido ser atendidos en los hospitales por estar colapsados, ya que "algunas se hubieran salvado" y las que no, al menos "hubieran recibido una muerte digna".
Respecto a la actuación de otras Comunidades Autónomas, ha dicho que "cree que hubo prácticas parecidas, aunque no con protocolos escritos" pero que "en ninguna de forma tan salvaje" por eso, ha reiterado que "siempre he defendido que este tiene que ser un tema nacional, y nos tenemos que replantear a nivel nacional qué es lo que se hizo".
Sobre la responsabilidad de Carlos Mur, firmante del protocolo y uno de los imputados, Reyero ha dicho que le cuesta creer "que una decisión de este calado la tome un director general por su cuenta".
Tres ex cargos de la Comunidad de Madrid declaran este lunes como investigados por las muertes en las residencias de ancianos en pandemia. Se les investiga por idear y firmar los protocolos que impidieron la derivación de pacientes geriátricos a hospitales. Son Carlos Mur, que firmó los protocolos; Francisco Javier Martínez Peromingo, quien ideó cómo había que implantarlos, y el doctor Antonio Burgueño, ex asesor sanitario de Madrid, al que se le encargó un plan de choque para medicalizar las residencias que nunca llegó. Se les investiga por un delito de negación de asistencia sanitaria.
Román Collado cuaja el quinto toro encastado, emocionante y con mucha transmisión de Fuente Ymbro y corta una oreja de ley en la 15ª de abono de San Isidro. Es el 12º trofeo de la feria. Actuación destacada del mexicano Diego San Román, con mucho mérito en el sexto de la tarde. Puerta Grande para Juan Ortega y Roca Rey en el cierre de la Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba, el día de la alternativa de Manuel Román, que corta una oreja. Carlos Tirado gana la final del Circuito de Novilladas de Andalucía en La Maestranza con un Martín Morilla que ofrece el toreo con más calidad en Sevilla. Tertulia sobre la segunda semana de San Isidro con Federico Arnás y Julio César Sánchez, marcada por un nombre propio destacado: Saúl Jiménez Fortes.
Miles de personas marchan por el centro de Madrid en defensa de la sanidad pública. Una manifestación que ha sido convocada por la plataforma Vecinas y vecinos de los barrios y pueblos de la Comunidad de Madrid. Ha reunido a 200.000 personas, según los organizadores; 30.000, según la Delegación del Gobierno.
Foto: Fernando Sánchez/Europa Press
Miles de personas se han manifestado en Madrid para defender la sanidad pública y denunciar las políticas llevadas a cabo por el Gobierno regional, presidido por Isabel Díaz Ayuso. La manifestación ha sido convocada por la plataforma Vecinas y vecinos de los barrios y pueblos de la Comunidad de Madrid.
Más Madrid, PSOE y Podemos han acudido a la manifestación. Denuncian la privatización de la sanidad madrileña, piden más recursos para la sanidad pública y se han referido al especial trato que, a juicio de estos tres partidos, da la Comunidad de Madrid a la empresa Quirón.
Foto: EFE/Victor Lerena
Pablo Aguado corta oreja al sexto toro de Torrealta en su mano a mano con Juan Ortega en la 14ª de abono de San Isidro, que registra el séptimo lleno de no hay billetes del serial. Aguado destaca en el toreo al natural con la mano izquierda y logra el 11º trofeo de la feria. Roca Rey indulta un toro de Jandilla en el cierre de la Feria del Caballo de Jerez y sale a hombros con Alejandro Talavante. Miguel Ángel Perera, por la Puerta Grande en la primera corrida de la Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba. Entrevista a Saúl Jiménez Fortes, gran protagonista de la semana en San Isidro tras cuajar dos faenas antológicas a toros de la ganadería de Araúz de Robles.
Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha desvinculado del correo que envió su abogado a la Fiscalía reconociendo, en su nombre, dos delitos fiscales.
Este viernes, el empresario ha admitido ante el juez, que le había citado para declarar en la causa que investiga la filtración de dicho correo, que desconocía el envío.
Según fuentes presentes, ha asegurado ante el magistrado que todo formó parte de la estrategia de su defensa, Carlos Neira, quien reconoció fraude fiscal para llegar a un acuerdo con la Fiscalía sin avisarle previamente.
Y, aunque sigue negando que cometió dichos delitos contra la Hacienda Pública, ha aseverado que aceptó la estrategia de su abogado para hacer el menor ruido posible y herir cuanto menos a su pareja.
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Algunos miembros del Gobierno se han pronunciado sobre esta citación, y han aplaudido que se vaya a investigar estos fallecimientos. "Se abre un rayo de esperanza para las familias de las víctimas que murieron en residencias. [..] Por fin, la Justicia va a investigar los protocolos de la vergüenza. La Comunidad de Madrid y la señora Ayuso tendrán que dar explicaciones", ha clamado el ministro para la Función Pública y líder del PSOE-M, Óscar López.
También la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado que espera que "la Justicia ponga las cosas en su sitio". "Se le denegó la posibilidad de tratamiento a personas que estaban en residencias porque la Comunidad de Madrid decidió que personas de determinada edad no se les podía desplazar a los hospitales", ha lamentado.
Asimismo, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha pedido que la "Justicia siga su curso" y ha enviado "todo el apoyo y solidaridad" a las familias de las víctimas, porque "los protocolos supusieron que 7.291 personas fallecieran y eso es una vergüenza".
FOTO: Imagen de archivo de una residencia de Madrid. EFE/Fernando Alvarado
