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La Fiscalía de Tarragona ha interpuesto una denuncia contra los responsables de la central nuclear de Ascó en el momento de la fuga de partículas radiactivas ocurrida en noviembre de 2007. La denuncia, interpuesta en el juzgado de Gandesa (Tarragona), se dirige contra R.G.P, director de Asco 1 durante los hechos; F.G.T, jefe del servicio de Protección Radiológica de la central en esa época; J.S.R., jefe de explotación de la planta en 2007, y A.G.R., inspector residente titular de Ascó 1 cuando se produjo la fuga. Todos ellos están acusados de delitos contra la seguridad colectiva por exposición a radiaciones ionizantes a personas por imprudencia grave, además de los delitos contra el medio ambiente, otro contra los derechos de los trabajadores y un cuarto de falsedad documental. En total, estos delitos pueden ser sancionados con penas que oscilan entre los 6 y los 16 años de cárcel.

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha negado que en la mesa de negociación de las pensiones se haya planteado el retraso del cierre de Garoña u otra central nuclear. Gómez ha negado "un cambio de cromos" y ha dejado claro que "en ningún momento, se ha planteado nada que tenga que ver con el cierre o la reapertura de una central nuclear".

Los líderes de UGT y CC. OO., Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, han rechazado cualquier propuesta que implique vincular la edad de jubilación con la prolongación de la vida de las nucleares, planteamientos que consideran "grotescos" y "un disparate". El secretario general de CC. OO. ha asegurado que "a nadie en su sano juicio le cabe en la cabeza que un sindicato puede cambiar energía nuclear por años de jubilación".

Por su parte, Cándido Méndez ha calificado el planteamiento de "idea grotesca" y ha señalado que "España está situado en un Triángulo de las Bermudas económico: con inflación alta, con el paro muy alto y con crecimiento débil".

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La coordinadora de Participación Social del Partido Popular, Ana Pastor, ha pedido al Gobierno que "de la cara" y "explique a los ciudadanos españoles y, sobre todo, a la comunidad autónoma que corresponda, los criterios técnicos por los que se elige" la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC). "Que se guíe "por criterios técnicos y no políticos", ha matizado.

Medio centenar de miembros de la Plataforma anticementerio de Zarra se han concentrado ante las puertas del Palacio de La Moncloa, coincidiendo con la celebración del Consejo de Ministros, para protestar contra la posible ubicación del ATC en la localidad valenciana. Piden conocer la decisión final.